¿Por qué no ha interesado la justicia electoral?

Mientras los juzgadores electorales sigan siendo inconsistentes en sus sentencias, aparentando que deliberan, anteponiendo el ego al consenso y la línea a los argumentos, será imposible creer en tribunales próximos a la ciudadanía.

Por: Juan Jesús Garza Onofre (@garza_onofre) y Javier Martín Reyes (@jmartinreyes)

En México, lamentablemente, la justicia electoral no ha logrado interesar a la ciudadanía. Las razones del desencanto son muchas, y no faltará quien afirme que la culpa es de la ciudadanía misma. Dirán que lo que hace falta son ciudadanas y ciudadanos de 365 días. Espontáneos y desinteresados contralores pro bono de cualquier acto de autoridad. Románticos aficionados al republicanismo naif.

Parece, sin embargo, que la explicación está en otra parte. Quizá el problema no radica –al menos no principalmente– en la falta de virtudes cívicas, sino en autoridades que cumplan con ciertos mínimos. Tal como la conocemos, la justicia electoral data del año 1996. Es por demás sintomático que, a más de tres décadas del nacimiento del Tribunal Electoral (TEPJF), buena parte de la ciudadanía tenga un desconocimiento casi absoluto de sus labores.

Las preguntas de siempre vuelven cada dos, tres, seis años. ¿Por qué tenemos tribunales electorales especializados? ¿Para qué sirven? ¿Quiénes son sus integrantes? ¿Cómo deciden? ¿Por qué son tan caros? ¿Qué hacen por la ciudadanía? Estas preguntas básicas vuelven cada proceso electoral, cada vez que se busca anular una elección, cada vez que se impone o condona una multa multimillonaria. Y las respuestas –como no podría ser de otra forma– suelen ser las mismas: elementales, casi de Wikipedia.

El desconocimiento de la justicia electoral y el desinterés por sus decisiones contrastan con un abigarrado cúmulo de vías que ha desarrollado el TEPJF para comunicar su trabajo institucional. El menú es bastante amplio. Desde congresos autopromocionales, ferias, seminarios, publicaciones de libros, revistas especializadas, pasando por programas de radio, videos de YouTube, blogs personales de los magistrados, artículos de opinión, cuentas de Facebook, de Twitter e incluso de Instagram, hasta una simpática mascota que invita a los menores de edad a tener la emocionante experiencia de ser parte de un tribunal electoral infantil.

Sucede, sin embargo, que hay poco ruido y menos nueces en esto de la justicia electoral, de la ahora denominada #JusticiaAbierta, de esa etiqueta que ahora parece ser patrimonio exclusivo del TEPJF. Basta con pasearse por los canales institucionales del TEPJF para constatar el chasco. Notas informativas con 10, 20, 30 reproducciones. Programas de debate que no han sido vistos –es un decir– ni cien veces. Entrevistas cuyas cuentas llegan, casi de milagro, a los dos dígitos. Recursos públicos invertidos en la producción de contenidos regulares, buenos y malos. Pero condenados, todos, al olvido.

“Ciudadanizar” es un verbo que en el ámbito electoral goza de muy buena fama. Generar un lenguaje accesible para comprender cuestiones técnicas, sin duda, tiene un gran potencial para socializar el Derecho. Pero parece que, muchas veces, se trata de un discurso embustero, de una retórica hueca, que inhibe la transparencia y el escrutinio serio de los temas sustantivos, de lo que realmente importa.

En una reciente entrevista, cuando se le preguntó a José Ramón Cossío sobre estos temas en general, respondió con elocuencia: “Mira ahí hay varias cosas. Primera, creo que sí existe un discurso sobre el lenguaje claro, sobre accesibilidad, pero creo que no se ha transformado en lo más mínimo. Creo que seguimos teniendo pésimas sentencias, pésimas demandas. Un lenguaje crecientemente defectuoso. Cuando menos antes tenías una claridad en el sujeto, el verbo y el predicado, hoy ni siquiera hay eso. Mucho rollo con eso de que las personas saben argumentar y tienen palabras, a veces, muy vacías”.

Y es que el acceso a la justicia, el lenguaje claro y la justicia abierta no consisten sólo en escribir sentencias cortas y evitar el uso de lenguaje rimbombante, estrafalario y dominguero. Tampoco se reducen a transparentar y fomentar la interacción de nuestros juzgadores en redes sociales; mucho menos en transmitir por Internet sus supuestos debates y deliberaciones. Todo ello es importante, pero no basta. Una verdadera posibilidad de hacer que la ciudadanía se interese en el trabajo de las instituciones electorales conlleva un trabajo serio y responsable en cada decisión jurisdiccional.

Los labor de las y los juzgadores electorales implica discreción, pero también valentía; asumir su papel como discretos árbitros que puedan defender sus fallos a partir de una coherencia dialógica y argumentativa; comprender su lugar en un complejo andamiaje institucional que debería resistir no sólo un examen mínimo de sus decisiones, sino también las presiones derivadas de contextos políticos complejos y escenarios con contrapesos reducidos.

Si realmente se deseara alcanzar una justicia electoral abierta que propulse una democracia bien articulada por medio de la deliberación y participación ciudadana, la estrategia debería ser muy distinta. De poco sirve ensalzar la forma ornamental en el Derecho, institucionalizando un discurso que intenta hacer creer que el mero hecho de reducir el número de páginas de una resolución, o escanear sentencias haciéndolas públicas de manera electrónica, bastan para iniciar un proceso constructivo de acceso a la justicia. Quizá deberíamos comenzar por lo básico: sentencias claras y coherentes que se tomen en serio la importancia de la independencia judicial.

Resulta evidente que las instituciones trascienden a las personas y que cualquier organización social es mucho más que sus titulares. No nos queda la menor duda de que dentro del amplio organigrama que estructura la actual conformación del TEPJF existen funcionarios capacitados y comprometidos con pensar e idear nuevas formas de participación y socialización del Derecho.

Sin embargo, el fondo siempre prima sobre forma. Cuando los criterios jurídicos son sustituidos por los políticos, las fallas desplazan a los fallos. Mientras los juzgadores electorales sigan siendo inconsistentes en sus sentencias, aparentando que deliberan, anteponiendo el ego al consenso y la línea a los argumentos, será imposible creer en tribunales próximos a la ciudadanía.

Quizá sea tiempo de que la justicia electoral abierta sea, ante todo, justicia.

 

* Juan Jesús Garza Onofre es profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey (FLDM). Javier Martín Reyes es profesor asociado en la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

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