Las dos semanas más emocionantes hacia una #RegulaciónPorLaPaz

Hace dos semanas, la SCJN resolvió el quinto amparo que sienta jurisprudencia permitiendo el cultivo, procesamiento y consumo de mariguana para fines personales. La regulación es el camino responsable de dar continuidad a este tema.

Por: Zara Snapp (@zarasnapp) y Jorge Herrera Valderrábano (@jhvalderrabano)

El 31 de octubre fue un día histórico para el movimiento para la reforma de las políticas de drogas y avanzó en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas que consumen sustancias psicoactivas como la marihuana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el quinto amparo, que sienta jurisprudencia permitiendo el cultivo, procesamiento y consumo de marihuana para fines personales.

La decisión de la Suprema Corte sucede en pleno cambio de gobierno, en un contexto en el que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha declarado buscar la forma de cambiar las políticas de drogas y resolver problemas de violencia y violaciones a derechos humanos en México derivados de la guerra contra las drogas. El amparo es resultado de un litigio estratégico empezando con el caso de SMART en 2015 y liderado por el abogado Andrés Aguinaco, y los quejosos ante la Corte. Sabemos que ahora, lo que toca es regular y justo una semana después de la jurisprudencia, empezamos a caminar en esa dirección.

Aram Barra, el quejoso en el quinto amparo, declaro en la 7ª Conferencia Latinoamericano y 2ª Conferencia Mexicana sobre Políticas de Drogas que al Estado de Derecho mexicano le convendría reformar la ley, para responder a la realidad del consumo de la mariguana y que una reforma a las políticas de drogas es el primer paso en la construcción de paz.

Cierre de la Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas

Entonces, ¿qué implica la jurisprudencia?

Los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Norma Lucía Piña de la Primera Sala de la Corte concedieron el amparo que determinó que la prohibición absoluta del consumo personal de marihuana es inconstitucional, invalidando los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud. La sala ordenó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que autorice el consumo personal de marihuana para poder garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

La resolución sienta un criterio legal (la jurisprudencia) que obliga a todos los jueces y magistrados del país a garantizar los derechos humanos de las personas que consumen marihuana. La SCJN concluyeron que el derecho al libre desarrollo de la personalidad implica que las personas mayores de edad pueden decidir, sin interferencia alguna, qué tipo de actividades ‘lúdicas’ (o personales) desean realizar, y protege todas las acciones necesarias para materializar dicha elección. A pesar de todo esto, cabe resaltar que la resolución genera una incertidumbre al no especificar cómo se importará la semilla de manera legal para ejercer el derecho de los quejosos beneficiados por el amparo. El tema de las semillas fue resuelto en el único caso que llegó a la Segunda Sala y determino que Cofepris tiene que facilitar la importación de semillas para el cultivo para consumo personal. Aquí puedes leer más sobre ese caso.

¿Quién puede cultivar, y cómo?

Hasta ahora solo las personas que han promovido amparos ante la Suprema Corte pueden gozar de este derecho. De hecho, todas las personas que quieran ejercerlo deben llegar ante un juez, y hay dos formas: la “violenta” o la “amable.”

La forma violenta se enmarca en las mismas actividades que siguen reproduciendo la estigmatización y posible criminalización de usuarios de marihuana y personas que cultivan para fines personales. Te confiscan tus plantas o te encuentran cultivando en tu domicilio, te detienen y debes comparecer ante un juez. Es en ese momento cuando se promueve el amparo, y el caso debería resolverse como dicta la jurisprudencia.

La forma amable es un proceso un poco menos estigmatizante, aunque no deja de ser un trámite engorroso y que requiere recursos. Debes ir ante cualquier instancia de la Secretaría de Salud dentro de tu estado, pedir un permiso para cultivar con fines personales, y éste será negado. Es ahí cuando debes promover un amparo y los jueces deben resolverlo afirmativamente en aproximadamente 3 o 4 meses de acuerdo con lo que dicta la jurisprudencia (a favor). Este proceso puede ser costoso porque implica contratar abogados, aunque puedes promover tu solicitud ante Cofepris utilizando algunos de los modelos disponibles aquí.

El problema con la situación como está es que debes solicitar el amparo de antemano, o esperar a ser aprehendido, para pedirle al permiso al Estado la posibilidad de gozar un derecho que ya debería de ser de todas las personas en México. Asimismo, se deja de lado a todas las personas que quieren ejercer su derecho a consumir, pero no desean acceder a la planta mediante el cultivo en sus hogares. Por último, el Estado no está tomando provecho de estas medidas, ni tampoco está delimitando la forma en la que deberían funcionar todas estas actividades y resolver las problemáticas descritas. Por eso, es necesario regular e incluir el auto-cultivo como clave fundamental.

¿De la jurisprudencia a una regulación?

Al declararse inconstitucionales los artículos de la Ley General de Salud, el Congreso de la Unión se ve obligado a cambiar la legislación. En cuanto se publique la sentencia, la Ministra Piña debe enviar una notificación a la Cámara de Diputados y de Senadores para emitir legislación al respecto. Desde ese momento, el Congreso tiene 90 días en sesión para modificar o cambiar la ley (es decir, este proceso puede tardar hasta febrero o marzo).

Si el Congreso hace caso omiso, y no modifica ni la ley ni los artículos que la Suprema Corte ha declarado ser inconstitucionales, el tema regresa a la SCJN, y se abre el procedimiento para un declaratorio general de inconstitucionalidad. Esto implica que se turna a uno de los jueces para que redacte una resolución, la cual es llevada al pleno, donde se necesita una ambiciosa mayoría de 8 votos a favor, de los 11 jueces presentes para un declaratorio general de inconstitucionalidad. Si no se logra la súper mayoría, queda en la jurisprudencia y el Senado y el Congreso no tienen más obligaciones.

El 8 de noviembre, la actual Senadora Olga Sánchez Cordero (y futura Secretaría de Gobernación) presentó una iniciativa sobre la misma materia: La Ley General para la Regulación y Control de Cannabis. La iniciativa plantea tres vías de acceso para personas adultas que quieren consumir cannabis; 1. Autocultivo de hasta 20 plantas (tomando el ejemplo de la legislación colombiana), 2. Cooperativas de cultivo sin fines de lucro de hasta 150 socios (aprendiendo de la experiencia uruguaya y española) y 3. Un mercado regulado que privilegia empresas mexicanas y con estricto control del estado.

La iniciativa tiene como ejes rectores la dignidad, los derechos, la salud, el desarrollo de una industria mexicana regulada, la reducción de daños y la reparación del daño. Propone un Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis que sería el encargado de reglamentar la plantación, cultivo, cosecha, transporte, almacenaje, producción, elaboración, distribución, comercialización, expendio y venta de cannabis, expedir distintos tipos de licencias, monitorear el mercado y evaluar la regulación. Aunque hay puntos que se pueden modificar y perfeccionar en las comisiones, vemos que nuestras aportaciones como sociedad civil han acompañado esta iniciativa.

La regulación es el camino responsable de dar continuidad a este tema. Mediante un modelo regulatorio, sería el Estado el que controla la forma de acceder a la planta, y las medidas necesarias para evitar complicaciones legales o jurídicas. Asimismo, es de esta forma como realmente se puede proteger a las y los usuarios, estableciendo estándares de calidad y dando información sobre cómo reducir los posibles riesgos y daños asociados al consumo de marihuana. Todo mientras el gobierno aprovecha las ganancias derivadas, y puede canalizarlas a áreas estratégicas.

Facilitación gráfica durante la Conferencia.

Han sido días históricos con el amparo que generó jurisprudencia, con el cierre de la Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas y con la presentación de la iniciativa de regulación de la Senadora Olga Sánchez Cordero. El país está dando pasos importantes para la construcción de mejores políticas de drogas, y la sociedad civil está demostrando el camino que desde hace años ha visualizado como una buena forma de promover los derechos humanos y el bienestar comunitario. El nuevo gobierno tiene la tarea y una gran responsabilidad de hacer que la regulación sea una posibilidad en el país, y la ciudadanía está aquí para apoyar en lo necesario para lograr una #RegulacionPorLaPaz.

 

Zara Snapp es cofundadora de Instituto RIA (México), consejera de ReverdeSer Colectivo y asesora internacional con Acción Técnica Social (Colombia). Es autora de Diccionario de Drogas, publicado por Ediciones B en 2015. Jorge Herrera Valderrábano es internacionalista por el Tecnológico de Monterrey y cursa la licenciatura en Trabajo Social en la UNAM. Es promotor de derechos humanos y co-fundador de Instituto RIA. Los dos son integrantes de la coalición #RegulacionPorLaPaz.

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