Consultas de papel

Participar y avalar o abstenerse y dejar que se decida por uno es una disyuntiva frustrante. Esa justificada frustración ha acompañado a las comunidades indígenas en México desde hace años frente a los procesos de consulta que se han realizado sobre proyectos que afectan a sus territorios y formas de vida.

Por: Carlos Luis Escoffié Duarte (@kalycho)

Esta semana se llevarán a cabo la “consulta” sobre los “10 programas prioritarios” que ya ha decidido la futura administración. Los espacios de opinión se han abarrotado de críticas tanto a los proyectos en sí –especialmente al Tren Maya -, como a la metodología del ejercicio. La gran pregunta es: si no se está buscando una decisión popular sino una ovación ¿debemos, entonces, participar en las consultas promovidas por Andrés Manuel López Obrador?

Por un lado, participar en el proceso puede significar un aval. Someterse a las escasas y poco claras reglas de la organización podría ser una señal de consentimiento, así sea implícito. La metodología para llevar una consulta no solo es importante desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista político. No se trata de una serie de lineamientos neutros: estos determinan qué estamos entendiendo por un camino justo para llegar a una decisión justa, o al menos medianamente justa. De ahí que no pocas personas se nieguen a participar en el proceso de este 24 y 25 de noviembre. Aun votando “no” a uno o varios de los proyectos, uno no podría regresar a casa sin preguntarse si no ha mandado el mensaje de “no me parece que se tomen decisiones de esta forma, pero ni modos, si ya lo han decidido así, que sea bajo estas reglas”. Se trata de un mensaje que muchos –me incluyo- no quisiéramos dar.

Sin embargo, no participar tampoco es opción de consuelo para algunos –nuevamente me incluyo-. Es verdad: todo pareciera indicar que la realización de los 10 puntos sujetos a consulta es inminente, independientemente del número de votos a favor y en contra de cada uno. Pero la ausencia de oposición en los conteos podría ayudar a legitimar el resultado. La impresión sería que quienes están más decididos a acudir a la consulta son personas que están de acuerdo con el ejercicio en sí –y, muy probablemente, de uno o más proyectos de los que se proponen-. ¿Acaso una aplastante votación a favor de todos sus proyectos no podría confirmarle lo redituable de estos ejercicios de “consultar lo decidido”? Pensándolo en ese sentido, la consulta de esta semana es, de alguna manera, una consulta a las consultas: será la pieza decisiva para calcular si futuras decisiones pueden barnizarse de legitimidad con ejercicios de este tipo. Es por eso que la opción de no asistir a votar tampoco permite librarse del mal sabor de boca.

Participar y avalar o abstenerse y dejar que se decida por uno –por más ilusorio que pueda parecernos nuestra capacidad de influir en el resultado- es una disyuntiva frustrante. Y por supuesto, no pretendo agotarla en estas líneas. Sin embargo, esa justificada frustración ha acompañado a las comunidades indígenas en México desde hace años frente a los procesos de consulta que se han realizado sobre proyectos que afectan a sus territorios y formas de vida.

Las consultas indígenas que se han desarrollado en distintos puntos del país no son previas, sino que se hacen sobre proyectos que ya tienen planes de operación, dinero invertido, concesiones otorgadas, entre otros etcéteras, dando la impresión de que son ejercicios de “decidir lo ya decidido”. Es en gran medida por ello que muchos procesos de consulta a comunidades indígenas han devenido en meros trámites burocráticos en los que la principal prioridad de las autoridades es alcanzar actas de asambleas que –aunque no hayan tenido amplia participación de los miembros de las comunidades, aunque no hayan sido previas a la ejecución de proyectos, aunque no se hayan dado con mecanismos acordados de forma mutua y no hayan sido culturalmente adecuadas- ayuden a maquillar un proceso impositivo como una consulta participativa. Frente a esta práctica de optar por una tramitología formalista en lugar de una consulta libre, previa e informada, miembros de las comunidades se han visto en más de una ocasión ante la coyuntura de si deben participar en los procesos de consulta o reusarse a legitimarlos implícitamente.

Personalmente aún no decido si participar o no en el ejercicio de esta semana. Pero la coyuntura debe obligarnos a cuestionar si la caricaturización de los procesos de consulta es algo propio de los últimos meses de transición o proviene de lógicas institucionales que llevan años arraigándose, pero que hasta ahora no nos habían alcanzado directamente a quienes no somos indígenas.

PD: Como ya ha sido señalado en redes sociales y medios de opinión, proyectos como el Tren Maya debe ser únicamente consultados a las comunidades que recibirían de manera directa los efectos medioambientales y las comunidades indígenas cuyos territorios e instituciones tradicionales pudieran verse afectadas. En la Península de Yucatán sobran las comunidades que caerían en ambos supuestos.

 

* Carlos Luis Escoffié Duarte es litigante independiente en derechos humanos. Miembro investigador del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Abogado del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes.

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