Proyectos de inversión, ¿cuál es la prisa?

Es loable que por primera vez un presidente en México quiera legitimar decisiones de política pública de manera constante, pues significa un cambio en la democracia participativa; a pesar de ello, no se deben violar leyes o derechos humanos con tal de avanzar un proyecto.

Por: Aranxa Sánchez (@AranxaSanz)

A propósito de la próxima consulta popular del gobierno entrante donde se incluirá la nueva refinería en Tabasco y la cancelación de un gasoducto en Hidalgo por conflictos con la comunidad por falta de una consulta del gobierno actual, vale la pena hablar sobre seguridad energética. La seguridad energética no debe enfocarse únicamente en la relación entre nuestras importaciones y la producción nacional, sino también en cómo utilizamos estratégicamente a nuestro favor la formación de precios de Norteamérica; pues contamos con el gas natural más barato del mundo y un excedente de producción de gasolina y diésel de uno de los mayores productores en el mundo: Estados Unidos.

Esta situación de precios no es una fase temporal, ya que desde 1993 la estructura interna de precios en México ha estado ligada a los precios que rigen en el sur de Texas, es decir, al marcador Henry Hub (Lajous, 2013). La manera de garantizar gran parte del consumo interno final energético está condicionada por la capacidad de transporte (gasoductos y oleoductos) y almacenamiento (tanto de gas natural como de combustibles fósiles).

El nivel de inventarios de petrolíferos en México es significativamente inferior al registrado a nivel internacional. En el mes de agosto de 2016 éstos equivalían en principio a 15 días de ventas internas, cifra que incluye existencias bombeables en refinerías, barcos, ductos y Terminales de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Pemex. Si sólo se consideran los inventarios en las TAD, que son los únicos de acceso inmediato para su distribución y consumo, el indicador es de tan sólo tres días en promedio (Sener, 2017). Respecto al consumo de gas natural, México no cuenta con ningún almacenamiento pues se ha confiado en la capacidad de los gasoductos para abastecer (Pulso Energético, 2018); empero, eventos inesperados como la explosión de una planta procesadora en Texas en el año 2016 y desastres naturales como el huracán Harvey en el año 2017 han generado alertas críticas (IEA, 2017) que forzaron a la disminución de actividad industrial en ciertas zonas del país y a una sustitución parcial temporal por GNL en las terminales que aproximadamente equivalen a 3 días de consumo (Solís, 2018). Lo anterior tiene fuertes implicaciones para la actividad económica en México, pues se disminuye el potencial de crecimiento económico del país.

Con la reforma energética, se dio un mayor énfasis (considerando únicamente a los hidrocarburos y sus derivados) a la exploración y extracción en gran medida, a la creación de nuevos gasoductos en mediana medida (pero no por ello irrelevante), a la creación de oleoductos y almacenamiento de combustibles en poca medida y en nula medida al almacenamiento de gas natural.

¿Cuál es la razón por la que se dio prioridad a los contratos de exploración y extracción y no también a la red de transporte y almacenamiento? La falta de interés en fases posteriores de la cadena de valor de los hidrocarburos como midstream y downstream no es exclusiva de este gobierno; sin embargo, es durante estos últimos años que el consumo ha aumentado (tanto de gasolina como de gas natural, éste último por el boom de la generación de electricidad por ciclos combinados) de manera relevante y, como resultado, las consecuencias de las decisiones de gobiernos anteriores se manifestaron.

A pesar de todo esto, el gobierno en turno logró la gran tarea de empezar a redireccionar la seguridad energética en cuanto a transporte de gas; sin embargo, en algunos de los proyectos se “olvidó” de respetar los derechos de las comunidades indígenas de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Lo anterior, debido a que empezó las licitaciones de los gasoductos sin haber realizado una consulta previa, libre e informada, lo cual retrasó los proyectos por meses e incluso años por los debidos amparos que ejercieron las comunidades indígenas, ya que incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió recomendaciones a Sener[1] para resolver los casos actuales y no incurrir en esta violación de derechos en el futuro.

Sin embargo, esta tendencia de violar los derechos humanos de comunidades indígenas en términos de consultas, con el gobierno entrante, no parece ser un problema, empero nos enfrentamos a otros: Consultas populares sobre temas de trascendencia nacional que no cumplan con estándares mínimos como los establecidos en el art. 35 de la Constitución, es decir, que para el caso específico de la nueva refinería en Dos Bocas Tabasco (la otra cara de la moneda en seguridad energética), al ser un gasto del Estado no es catalogada como objeto de consulta popular y, en todo caso, la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) deberá decidir la constitucionalidad de la materia de la consulta. ¿Por qué no esperar entonces al proceso de aprobación de la iniciativa propuesta por legisladores de Morena para modificar dicho artículo y relacionados? ¿Cuál es la urgencia? Además, contrariamente se reportó que se ha avanzado en la preparación de la refinería sin los permisos ambientales correspondientes, violando también los requisitos establecidos por ley de contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Es loable que por primera vez un presidente en México quiera legitimar varias decisiones de política pública de manera constante, pues significa un cambio en la democracia participativa; a pesar de ello, no se deben violar leyes o derechos humanos con tal de avanzar un proyecto (del sector energético). La seguridad energética es una condición necesaria para avanzar hacia un estadio de desarrollo económico más avanzado, aunque no a costa de imponer ideas, sesgos o utilizando a la fuerza armada sino con el diálogo, el convencimiento y la creación de acuerdos.

 

* Aranxa Sánchez es economista por la Facultad de Economía de la UNAM, es integrante de Democracia Deliberada y actualmente trabaja en la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos de la Secretaría de Hacienda.

 

 

Referencias

IEA. (2017). Global Gas Security Review. How is LNG Market flexibility Evolving? Recuperado el 2018 de Noviembre de 21.

Pulso Energético. (2018). El almacenamiento de gas natural: pieza importante para la seguridad energética. Pulso energético. Recuperado el 21 de Noviembre de 2018.

Sener. (12 de Diciembre de 2017). Diario Oficial de la Federación. Obtenido de Acuerdo por el que se emite la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos.

 

 

[1] Acceda a las recomendaciones hechas por la CNDH el 15 de junio del 2018 y su versión en comunicado de prensa del 4 de julio del mismo año.

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