El INPI, ¿neoindigenismo o esperanza autonómica?

Nadie que revise su articulado podrá negar que es la primera institución en la historia del Estado mexicano que no se crea para “rescatar” a los pueblos de su condición de indígenas, sino para dialogar con ellos y ser su interlocutor con el resto del gobierno.

El pasado 22 de noviembre fue aprobada en la Cámara de Diputados la Ley que crea al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en sustitución de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Tanto la sesión, como la votación, fueron históricas; 430 votos a favor, una abstención y ninguno en contra.

Encabezados por la diputada chinanteca Irma Juan Carlos, durante la sesión tomaron la palabra casi una veintena de oradores de todos los partidos, se escucharon en tribuna las lenguas chinanteca, mixteca, tzeltal y triqui, ninguno de sus hablantes estaba ahí como convidado exótico. Su presencia era de pleno derecho, representando a sus pueblos, con capacidad de decidir normas generales. A diferencia de hace 17 años, ahora son parte fundamental de la institucionalidad republicana.

La creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es, sin duda, la medida que más consenso ha alcanzado en la actual legislatura y quizá la menos polémica de las que ha impulsado el presidente electo. Desde una lectura optimista, pareciera ser el momento de los pueblos, la oportunidad para dar el giro por el que el movimiento indígena contemporáneo viene pugnando desde hace casi cuatro décadas, una oportunidad para la libre determinación y la autonomía. A contrapunto de lo que sucede en la región, pudiera ser que México este en posibilidad de retomar el proceso de reconocimiento trunco que se ha venido dando desde hace casi dos décadas en América Latina.

También hay quienes, sin duda con argumentos, optarán por la visión pesimista. Los hipercríticos que desde un lado del espectro podrán argumentar que esta medida legislativa retardará el progreso y ahuyentará la inversión. Desde el otro, hablarán quienes afirman que si no se obtiene el todo, no se tiene nada. Éstos últimos podrán sostener, como lo han venido haciendo, que el INPI se trata sólo de un mecanismo administrativo neoindigenista, un nuevo embalaje cosmético que seguirá facilitando la depredación de los pueblos y sus recursos.

Pero hay otras entradas para mantener un espíritu crítico y no regatear esfuerzo en este momento inédito. Para quienes opten por esta vía, cuestionar no será la única forma de participar. Para muchos de los que han estado involucrados en esta lucha en las últimas décadas, no es tiempo de mirar sentados el momento de oportunidad que se vislumbra.

La creación del INPI tiene un valor material y simbólico que no se puede soslayar, como tampoco se pueden soslayar sus retos y las inercias que contradicen su mandato, pero para entender el conjunto es necesario ir más allá de las correlaciones que existen entre los actores que han participado en este complejo proceso los últimos 25 años, que incluye luchas emblemáticas y el reconocimiento de algunos derechos colectivos, al tiempo que se activaron mecanismos terribles de extractivismo, violencia y despojo.

Durante uno de los Foros de Consulta para la creación del INPI, una mujer mixteca sostenía: “para la república será la cuarta transformación, para los pueblos indígenas sería la primera… o más bien la segunda, la primera fue la conquista de los españoles”. No le faltaba razón. Desde la desconcertante llegada de los españoles se estableció hacia los indígenas un patrón: “se les reconoce como inferiores, se negaron y demonizaron sus rasgos civilizatorios -religión, medicina, forma de gobierno, arquitectura…- y por “su bien” se les sometió violentamente para conducirlos por la ruta de la “civilización verdadera”. Un efecto colateral de esta ecuación fue que su fuerza de trabajo, sus territorios, sus bienes, sus habilidades y fuerza espiritual fueron expropiados de sus proyectos ancestrales y reorientados hacia la “civilización verdadera”. Más de seis mil años de historia civilizatoria quedaron obscurecidos.

En la colonia los motivos de la supuesta “inferioridad” eran morales y religiosos, y los tutores les llevaron religión, oficios y buenas costumbres. En el siglo XIX los motivos de la “inferioridad” eran biológicos y genéticos y los tutores se vieron entre el dilema del exterminio y las soluciones eugenésicas, se les ofreció el mestizaje y un blanqueamiento epigenético. En nuestro tiempo su “inferioridad” es cultural y socioeconómica y se les lleva desarrollo e inversión. Desde entonces hasta ahora, la paradoja es que ellos son beneficiarios de una visión dominante, nunca sujetos, lo cual los mantiene inferiores por más “ayudas” que reciban.

Mención aparte merece en infame proceso de esclavización de personas africanas, traídas en cadenas, comercializadas como cosas y obligadas al trabajo forzoso. Estas personas fueron insertadas de manera ambigua frente a los pueblos indígenas, a fin de que no pudieran establecer alianzas estratégicas. Sus descendientes pugnan también porque su historia se reconozca y se les de la calidad de sujetos que les fue negada. Como entonces, las alianzas tienen vicisitudes.

El INPI no borrará la historia y sus inercias de un plumazo. Los retos no son menores, las adversidades para cumplir con su mandato vendrán de dentro y fuera del gobierno en el que se inserta, y por ello no pocos consultados en los Foros se inclinaron por la figura del organismo autónomo, pero nadie que revise su articulado podrá negar que es la primera institución en la historia del Estado mexicano que no se crea para “rescatar” a los pueblos de su condición de indígenas, sino para dialogar con ellos y ser su interlocutor con el resto del gobierno. Es la primera instancia que se propone atender sin conducir, que valora y entiende, o pretende entender, a los pueblos más allá del color y el folclor, dándoles el carácter de continuadores de una historia adversa y reconociendo su capacidad de decidir, ejercer el poder, manejar recursos públicos, definir su orden y conservar sus territorios. Es también la primera instancia que crea las bases para la compleja alianza entre indígenas y afrodescendientes. El futuro no está garantizado, pero el paso no es menor.

Para los pueblos el reto es tomar los espacios, ocupar el poder que deja suelto el régimen que se desmorona y poner sus condiciones al régimen que se viene construyendo, no exento de tentaciones corporativas. Para el nuevo gobierno, el reto es darle al Instituto la importancia que merece, construirlo con visión de estado y la perspectiva histórica que tanto inspira al próximo presidente. El Instituto no puede ser el pararrayos del gobierno cuando interviene en pueblos y territorios indígenas, ni la legitimación de sus proyectos. Para la nueva administración pública el Instituto es la oportunidad de ser coherentes, es la posibilidad de que sus obras y subsidios abandonen el paradigma del tutelaje y se inscriban -si es que son viables- en las propias búsquedas de los pueblos. El nuevo gobierno no puede desaprovechar la oportunidad de hacer del Instituto un factor para la construcción de un modelo de estado más plural y justo, algo que nunca hemos visto.

El gobierno que termina, fiel a la inercia histórica de la injusticia y el despojo, estableció las bases para el extractivismo de los territorios indígenas e hizo de la CDI la bolsa para la morralla. La instancia que desaparece fue la mas afectada por los inusitados recortes presupuestales de los últimos años. Entre 2012 y el 2017 el presupuesto de la CDI mermó en más del 50 % y no parece que esta visión se esté corrigiendo, para el nuevo gobierno el INPI podría seguir siendo la “instancia sin importancia”. La atención prioritaria a los pueblos indígenas quedará en retórica si no se fortalece la relevancia política del nuevo Instituto y no se le asigna un presupuesto coherente con su invaluable misión.

 

* Juan Carlos Martínez es profesor-investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Unidad Pacifico Sur. Estudió Derecho en la UNAM y es Maestro y Doctor en Antropología Social por el CIESAS Pacífico Sur.

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