El desafío para AMLO en la política exterior

Si a López Obrador y Ebrard les preocupa que México siga pronunciándose contra la violación de derechos humanos en América Latina y el Caribe por parecer correa de trasmisión de EUA, lo que tienen que hacer es eliminar al país del norte de la ecuación y articular una visoria autónoma sobre este tipo de actos en la región.

Por: Erik Del Angel Landeros (@Erikdelangel)

El proceso histórico de las relaciones internacionales de México, así como los cambios políticos en el país, se ven reflejados, en gran medida, en los principios de política exterior contenidos en el artículo 89, fracción X de la Constitución. Conviene mencionar estos principios para los fines de este artículo: 1. la autodeterminación de los pueblos; 2. la no intervención; 3. la solución pacífica de controversias; 4. la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; 5. la igualdad jurídica de los Estados; 6. la cooperación internacional para el desarrollo; 7. el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y 8. la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Desde que estos principios se establecieron en la constitución, en 1989, ha existido tensión o posible contradicción en la observancia de alguno de ellos, principalmente a partir del gobierno de Vicente Fox, en el que se ejerció una política exterior completamente activa, contrario a la tradición histórica en el que se tenía un rol más defensivo y cauto. Los principios que suelen chocar entre ellos son, por un lado, 1. la autodeterminación de los pueblos y 2. la no intervención; por el otro, 7. el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y 8. la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Directamente, la actividad de México en organismos internacionales que vigilan las condiciones de los derechos humanos ha sido calificada por algunos como intervención en asuntos internos de algunos países. Para el gobierno de Fox, esta acción respondía al principio número 7, mismo que ese régimen añadió a la fracción X, del artículo 89. Para algún sector del PRI y para la mayoría de la izquierda mexicana, esto representaba una violación a los principios de política exterior, principalmente al 1 y 2.

A la luz de esto, gobierno tras gobierno ha conducido su política exterior con relativo apego a alguno o algunos de los principios constitucionales. Es decir, ha interpretado de manera pragmática la fracción constitucional mencionada para guiar sus conductas al exterior. En este sentido, es inevitable preguntarse ¿cómo conducirá el próximo gobierno la política exterior de cara a los principios referidos? Sobre todo, cuando este gobierno se le identifica con la izquierda del país.

Tanto López Obrador, como su secretario de Relaciones Exteriores, parecen dar señales de cuáles principios priorizarán. En su toma de posesión, Obrador señaló: “En materia de política exterior nos apegaremos a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y cooperación para el desarrollo”. Es decir, no se vislumbra un papel activo en el tema de derechos humanos. No obstante, ante la magnitud de la crisis en Venezuela y Nicaragua es difícil pensar que México se limitará a guardar escrupuloso silencio. Sobre todo, por la presión de diversas organizaciones civiles e intelectuales que exigen una postura activa de México en dichos sucesos. Por ejemplo, el académico Humberto Garza sostiene que “el nuevo gobierno debe renunciar a la tentación de proyectar una política exterior ‘ideologizada’ basada en un discurso antiglobalización y proteccionista…” y remata: “En las condiciones actuales, el nuevo gobierno no se puede permitir tener una política exterior romántica e improductiva.”

Para resolver este entuerto, la nueva administración debe plantearse las preguntas básicas del problema, por ejemplo, ¿por qué se considera una intromisión los señalamientos internacionales de violación de derechos humanos en Venezuela y Nicaragua y no los que se hacen a Zimbabue o Rusia? La respuesta es que se percibe, sea acertado o no, que EUA está detrás de las condenas de derechos humanos a Venezuela y Nicaragua, debido a su oposición política a esos regímenes de “izquierda”. Se sigue pensando que la Unión Americana utiliza a la OEA para entrometerse en América Latina y el Caribe. Lo cual cabría matizar, ya que EUA ha disminuido su actividad e interés en ese organismo regional en las últimas décadas. No obstante, es innegable que dichas conductas suceden en esos países, aunque Washington tenga o no una intencionalidad política al señalar a esos gobiernos latinoamericanos como violatorios de derechos humanos.

Siguiendo los propósitos del libro colectivo, La política exterior de México 2018-2024: diagnóstico y propuestas, si a Obrador y Ebrard les preocupa que México siga pronunciándose contra la violación de derechos humanos en América Latina y el Caribe por parecer correa de trasmisión de EUA, lo que tienen que hacer es eliminar al país del norte de la ecuación y articular una visoria autónoma sobre este tipo de actos en la región. Es decir, impulsar que se retire el tema en los foros políticos de la OEA, no en los jurídicos; evitar el protagonismo unilateral sobre los sucesos en esos países, pero asumir liderazgo en organismos como CELAC o la Conferencia Iberoamericana para acompañar los procesos que se viven en Venezuela, Nicaragua y eventualmente otros países de la región. En este sentido, sería oportuno que México se integrara a UNASUR para mostrar acciones contundentes de acercamiento con la región.

México debe aprovechar el aparente retraimiento que tendrá Brasil como líder latinoamericano y aglutinar en torno a él, con el bono democrático y de la esperanza con que cuenta, un nuevo regionalismo autónomo, pero efectivo. Sería un error regresar simplonamente al rol defensivo en la diplomacia mexicana y desaprovechar las fortalezas internas, así como la coyuntura externa de la actualidad.

 

* Erik Del Angel Landeros estudió Relaciones Internacionales en la UNAM. Maestro de Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora. Diplomado Líderes Progresistas por la Fundación Friedrich Ebert. Su tesis de Maestría obtuvo el reconocimiento Genaro Estrada 2012. Fue Consejero Universitario estudiantil de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM [email protected].

 

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