La Suprema Corte vs la estrategia de seguridad nacional

Uniformar bajo el emblema de la Guardia Nacional personal militar no generaría una nueva policía militar, sino una nueva fuerza armada con funciones policiacas que, dependiendo de la Sedena, no aportaría a nada en el proceso de pacificación del país, fomentando además la desconfianza hacia los cuerpos de seguridad y el nuevo gobierno.

Por: Alessio Mirra (@alessiomirra1)

 La Ley de Seguridad Interior (LSI), promulgada el diciembre pasado por el expresidente Enrique Peña Nieto, daba la facultad al ejército y a otras fuerzas militares para que interviniera en diferentes espacios propios del contexto de seguridad pública.

Sin embargo, hace unas semanas el pleno de la Suprema Corte de la Nación invalidó la Ley declarándola inconstitucional. Las razones fueron pocas y sencillas, y habían ya sido afirmadas en diferentes espacios por actores de la sociedad civil, académicos, y expertos en la materia: antes que todo, en el fallo se afirma como el Congreso carece de facultades suficientes para decidir sobre las Fuerzas Armadas, así como de su involucramiento en tareas de seguridad pública. Con lo anterior, afirmó que la ley preveía que estas intervenciones se dieran de forma general y no excepcional, contraviniendo así a principios generales de derecho internacional en materia de utilizo de las fuerzas armadas en operaciones civiles.

Es importante resaltar que ya anteriormente la jurisprudencia había afirmado que la falta de transparencia en la definición de los términos en la Ley de Seguridad Interior abriría espacios a interpretaciones demasiado amplias de la que puede ser la “seguridad nacional”, facilitando así márgenes de acción que podrían representar un riesgo para la ciudadanía, en lugar de una protección. La jueza Macías Lovera, argumentando la sentencia relativa al juicio de amparo indirecto 73/2018-II y sus acumulados 75/2018-III y 76/2018-IV, ha afirmado que la ausencia de límites conceptuales en el término seguridad interior es razón suficiente para declarar la inconstitucionalidad del artículo 2 (de la LSI, nada).

Sin embargo, el nuevo gobierno, casi en contemporánea con el fallo de la Suprema Corte, a través del nuevo Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, ha reiterado la importancia de las fuerzas armadas en el esquema de seguridad plantado, mismo que se dará con la introducción de la nueva Guardia Nacional: “La seguridad de la gente es un factor esencial del bienestar y la razón primordial de la existencia del poder público” –así empieza la presentación del Plan.

Su apartado 8, que se denomina “seguridad pública, seguridad nacional y paz”, empieza con elogios profusos sobre las fuerzas armadas mexicanas que, y se cita literalmente, serían “una singularidad en América Latina”, y que en ellas “no se han conformado minorías corrompidas […], ni han surgido grupos de intereses económicos ilegítimos”.

En el informe se sostiene que la perdida de confianza hacia el ejército y la marina se debe a malos mandos civiles, y se prevé que “resultaría desastroso relevar a las Fuerzas Armadas de su encomienda actual en materia de seguridad pública, pues constituyen las instituciones más confiables para mantenerla, a pesar de que no fueron concebidas para ello”.

Sin embargo, es evidente cómo en toda la lógica pensada en el nuevo esquema securitario, no se ha tomado en consideración que la presencia de las fuerzas armadas en la calle no inspira una tranquila seguridad y una cálida confianza, sino miedo y temor.

Miedos y temores que son fundados, debido a que desde hace años se ha evidenciado como las fuerzas armadas son entre los mayores responsables de violaciones a derechos humanos en el país: de acuerdo a un informe de WOLA de 2017, de 505 casos denunciados, solo se ha logrado llegar a 16 sentencias condenatorias. No es demás resaltar que este informe ha sido rechazado por el Estado mexicano.

A partir de la implementación de la “Guerra contra al narco” las tasas de homicidios y violaciones a derechos humanos ha incrementado de forma constante: hasta abril de este año, se registraron 250.547 homicidios (datos INEGI), siendo el año pasado el más violento, con poco más de 29,000 carpetas investigativas abiertas por homicidio. También a raíz de otras experiencias internacionales donde se han utilizado las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, la conclusión es evidente: el uso de los militares en operaciones de seguridad ciudadana representa una causa ulterior de inseguridad y de violencia.

De hecho, el mismo Plan afirma que la nueva Guardia Nacional puede ser paragonada a la Guardia Civil española o a la Gendarmería francesa, intentando así justificar su efectividad con otras operaciones internacionales parecidas: sin embargo, con la creación de la Guardia de Finanzas, el sistema planeado parecería mucho más a aquello de Italia, también dotado de una fuerza de policía militar (los Carabineros).

A pesar de esto, una diferencia fundamental se evidencia en que los Carabineros italianos son una fuerza armada autónoma, siendo que dependen tanto de la Secretaría de Defensa (Ministero della Difesa) como de la Secretaría de Gobernación (Ministero dell´Interno), dependiendo de si sus actividades específicas involucran tareas militares, o policíacas:

En el contexto que se pretende generar en México entonces, uniformar bajo el emblema de la Guardia Nacional personal militar no generaría una nueva policía militar, sino una nueva fuerza armada con funciones policiacas que, dependiendo directamente de la Secretaría de Defensa, no aportaría a nada en el proceso de pacificación del país, fomentando además mayor desconfianza tanto hacia los cuerpos de seguridad, como hacia el nuevo gobierno.

En conclusión, el principal problema del enfoque plasmado en el nuevo Plan Nacional sigue siendo el principio por el cual se quiere utilizar la guerra para operaciones de seguridad nacional: en el anexo parte del Plan esto resulta evidente cuando se afirma que “las fuerzas armadas son […] una herramienta indispensable del Estado para recuperar la paz social”.

Así de sencillo, esta afirmación no tiene ningún sustento empírico: ¿porqué las fuerzas armadas deberían ser necesarias?

En México, soy un extranjero: una de las primeras cosas que me ha generado impacto al llegar a este país, ha sido ver contingentes con armas de asalto y con uniformes tácticas patrullar las calles.

Y más aún, la indiferencia de la gente al verlos pasar, con las armas apuntadas hacia vehículos y civiles. Con honestidad, ¿Puede esto ser la normalidad? La sola presencia en las calles de militares armados en posición de combate representa no solo un factor de inseguridad, sino un riesgo efectivo para la incolumidad de las personas.

Que el país viva una grave crisis de seguridad, de derechos humanos, y finalmente humanitaria, es evidente. Sin embargo, para pacificar el país no se puede seguir insistiendo con el despliegue de fuerzas armadas: es necesario trabajar hacia la reconstrucción del tejido social ciudadano, generando nexos de confianza entre la población y las fuerzas de seguridad policíacas.

La seguridad ciudadana es tarea de civiles: y ojalá no necesitemos de una consulta para entenderlo.

 

* Alessio Mirra es Coordinador de Proyectos del Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, A.C.

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