Los mercados como guía moral de nuestras decisiones

Es un error tomar el comportamiento de los mercados como una guía moral para evaluar la toma de decisiones porque están lejos de ser defensores de la legalidad, la honestidad y la justicia social.

Por: Luis Gabriel Rojas (@gabel_castro)

En noviembre se registraron movimientos bruscos en el tipo de cambio y en la bolsa de valores. Uno de los movimientos más significativos se ha relacionado con la presentación de la iniciativa de ley de senadores de Morena que propone reducir y eliminar algunas comisiones que la banca cobra a los consumidores. La mayoría de los analistas financieros han coincidido en la pertinencia de revisar el cobro de las comisiones porque es excesivo. Sin embargo, se ha cuestionado la forma en la que se hizo el anuncio porque ha generado incertidumbre en los mercados financieros. Comentaristas más escépticos ven en estos movimientos un adelanto de la relación conflictiva que habrá con los mercados financieros y la catástrofe que será el gobierno de López Obrador.[1] Antes de aceptar conclusiones simplistas, vale la pena revisar críticamente las premisas con las que se analiza el comportamiento de los mercados.

Analistas financieros y comentaristas de noticias suelen afirmar que los mercados reaccionan negativamente ante la incertidumbre y la debilidad del estado de derecho; además suponen que los mercados no tiene vínculos con el poder político y por lo tanto su reacción es neutral. De esta forma, se ha vuelto costumbre utilizar la reacción de los mercados como una guía moral para evaluar la toma de decisiones de los gobiernos y la democracia. Si los mercados tienen una reacción positiva ante cambios en las variables políticas quiere decir que vamos por buen camino, pero si tienen reacciones negativas o aumenta la volatilidad debemos de corregir nuestras decisiones. Sin embargo, es un error utilizar este comportamiento como un indicador del correcto avance de un país.

Es cierto que a los mercados les gusta la certidumbre para proteger sus inversiones, pero también es cierto que su motivación no es el respeto a la legalidad, a los derechos humanos, ni el progreso civilizatorio. A los mercados les interesa que el gobierno en turno proteja su propiedad y ofrezca oportunidades para hacer mayores ganancias en el menor tiempo posible. Pero esto no quiere decir que los mercados tengan aversión al riesgo. Ellos saben que ambientes de incertidumbre, de corrupción y hasta de violencia ofrecen oportunidades de mayores ganancias una vez que aprenden a jugar con esas reglas. Por ejemplo, a pesar de clima de violencia y corrupción que prevalece en algunas zonas de México, las inversiones en actividades de alta rentabilidad como la minería y los hidrocarburos se han mantenido.[2]

Sin embargo, a decir de analistas, los mercados son particularmente sensibles a gobiernos interesados en promover la justicia social y crear oportunidades de movilidad social para todos los habitantes. En estos casos, el fantasma del comunismo permite especular sobre la posible expropiación de bienes para repartirlos entre los pobres e incluso la expropiación de los medios de producción para que sean administrados por el pueblo.[3] De esta forma, los gobiernos que persiguen la justicia social suelen verse como fuente de incertidumbre y una amenaza a la libertad, la propiedad privada y el avance del capitalismo.

Para decepción de algunos militantes de izquierda y críticos conservadores, el equipo del gobierno entrante no ha mostrado interés en implantar el comunismo en México. El próximo presidente es un reformista pragmático que tiene la idea radical de hacer que se cumpla el marco legal vigente. Pero esto no es cosa menor, hay contextos políticos y económicos, especialmente en regímenes cleptócratas o rentistas, donde hacer que se cumpla la ley es el cambio más radical que se puede proponer. Por ello, uno de los ejes centrales del gobierno de López Obrador es separar al poder político del económico para que el Estado vele por los intereses de la ciudadanía y deje de proteger las prácticas rentistas del poder económico.

Este diagnóstico no es ninguna extravagancia. Hay un consenso entre analistas sobre la prevalencia de un capitalismo de cuates en México, el cual ha obstaculizado la competencia y concentrado recursos públicos y la riqueza en unas cuantas familias de empresarios y políticos. El diagnóstico no podría ser diferente porque la evidencia es abrumadora.[4] Más aún, economistas como Daron Acemoglu y James Robinson han mostrado que el fracaso de los países no se explica por una cuantas ovejas negras que violan el estado de derecho, sino por la colusión entre el poder político y económico para construir un marco institucional excluyente que inhibe la competencia, la innovación y la igualdad de oportunidades.

Para los beneficiarios del arreglo institucional excluyente, el cuestionamiento de las practicas rentistas y de las instituciones que lo permiten se interpretará como una amenaza al estado de derecho e incluso como un acto de ilegalidad. Sin embargo, Acemoglu y Robinson no tienen empacho en afirmar que el desarrollo de un país depende de la destrucción creativa de las instituciones políticas y económicas excluyentes, así como de la construcción de un estado de derecho fuerte que permita prevenir y castigar los abusos del poder político y económico.

Una vez que aceptamos la presencia del capitalismo de cuates y la pertinencia de desmantelar el arreglo institucional excluyente, podemos preguntarnos cómo reaccionaran los mercados financieros frente a decisiones de cambio de régimen. Bajo el supuesto de que las reacciones de los mercados financieros sirven de guía moral de nuestras decisiones, cabría esperar reacciones positivas. Sin embargo, hay investigaciones que muestran que los mercados reaccionan negativamente ante acciones o eventos que separan al poder político del económico o que desestabilizan a regímenes cleptócratas.[5]

El Informe del Banco Mundial 2017 ha utilizado esta evidencia para proponer un indicador de captura de instituciones por parte del poder económico, el cual consiste en observar las variaciones del precio de las acciones de las empresas cuando hay cambios de expectativas sobre la estabilidad del régimen cleptócrata. De esta forma, es previsible que cualquier acción de gobierno que fomente la competencia y desincentive la concentración de mercados, tendrá un impacto negativo sobre la expectativa de las utilidades y en el precio de las acciones de las empresas que se benefician de la cleptocracia.

Por ejemplo, en el caso específico sobre la intención de bajar o eliminar las comisiones bancarias. Investigaciones de la Comisión de Competencia muestran que el sector financiero mexicano está concentrado y protegido de la competencia por un arreglo institucional laxo.[6] Estas investigaciones concluyen que hay espacio para mejorar la competencia y la regulación del sector. Sin embargo, es previsible que el mercado reaccione negativamente frente a la expectativa de una regulación más estricta que promueva la competencia, porque se pueden afectar las ganancias extraordinarias de algunos bancos. Pero una mayor competencia también puede mejorar el bienestar de los consumidores, las finanzas públicas y en la economía en general.

Así pues, es un error tomar el comportamiento de los mercados como una guía moral para evaluar la toma de decisiones porque están lejos de ser defensores de la legalidad, la honestidad y la justicia social.[7] A los mercados no les importa si una nueva regla implica pagar sobornos, invertir más en tecnología o mejorar las condiciones de trabajo, les importa que haya claridad en las reglas para poder maximizar sus ganancias. Es decir, sin importar si se transita de un régimen democrático a una democracia o de una cleptocracia a una democracia, los cambios de régimen conlleva cambios de reglas y un cierto grado de incertidumbre. Pero la incertidumbre dura mientras dura la curva de aprendizaje para aprender las nuevas reglas y generar confianza entre los actores.

Si nos interesa participar en la construcción de un México con mayor competencia, innovación, desarrollo económico y bienestar para todos, más nos convendría mantener la calma frente a los vaivenes del mercado. Entre más emocionalmente reaccionen comentaristas de noticias a esos vaivenes y difundan escenarios catastrofistas entre la población, es más probable que las reacciones del mercado se utilicen como un instrumento de chantaje para defender el arreglo institucional excluyente que tanto ha retrasado el desarrollo del país.

 

* Luis Gabriel Rojas es Doctor en Ideology and Discourse Analysis por el Departamento de Gobierno de  la Universidad de Essex en Reino Unido y economista por la UNAM.

 

 

[1] Incluso la revista The Economist dedicó una nota breve a este evento con el título: Adiós to certainty: Mexico’s economy

[2] Guadalupe Correa Cabrera Los Zetas Inc, Temas de Hoy, 2018, muestra que empresas extranjeras y nacionales continúan operando en las zona norte del país ricas en minerales e hidrocarburos, a pesar de que grupos armados han desplazado a la población local. Hay otras investigacioens que hacen referencia a la alianza entre políticos, grupos criminales y empresas; por ejemplo, Wil G. Pansters Drug trafficking, the informal order, and caciques. Reflections on the crime-governance nexus in Mexico, Global Crime, 2018 DOI: 10.1080/17440572.2018.1471993

[3] Véase las cartas que dueños de empresas enviaron a sus trabajadores en las pasadas elecciones para promover el voto contra el candidato presidencial López Obrador.

[4] Ver por ejemplo el Índice de Riesgo de Corrupción del IMCO donde se muestra que en la administración de Peña Nieto el 1.9% del total de proveedores concentraron el 80% del valor del mercado de contratos asignados; o el documento Poder de Mercado y Bienestar Social de la COFECE donde se establece que los consumidores pagan sobreprecios en varios productos básicos por la concentración de mercado que hay en estas actividades; o el documento sobre la Evolución del Cobro de Comisiones Bancarias y sus Reclamaciones de la CONDUSEF donde se muestra que los bancos en México cobran más comisiones que en sus países de origen.

[5] Por ejemplo, Raymond Fisman, Estimating the Value of Political Connections, American Economic Review 91 (4), 2001 estima el valor de las conexiones entre el poder económico y el político por la variación en los precios de las acciones de las empresas frente a la expectativa del fin del gobierno cleptócrata en Indonesia; tambien ver Mara Faccio, Politically Connected Firms, American Economic Review, 96 (1), 2006. Más recientemente Taehyun Kim, Does a Firm’s Political Capital Affect Its Investment and Innovation? 2018, muestra que cuando los políticos estadounidenses que son apoyados por empresas pierden las elecciones, el precio de las acciones de estas empresas disminuyen. Al perder el vínculo con el poder político, las empresas tienen que aumentar su gasto en Investigación y Desarrollo como la única oportunidad para aumentar sus utilidades.

[6] En 2014 el Congreso mandató a la COFECE una investigación sobre el sistema financiero y sus mercados. Las conclusiones de la investigación mostraron que 5 bancos concentran el 80% del mercado y que es necesario presionar el sector hacia la competencia. A pesar de que la COFECE recomendó a BANXICO que regulara el cobro de las 2 comisiones que se investigaron, al día de hoy no se ha atendido la recomendación; ver más detalles aquí. Además, la comisionada presidente de la COFECE acusó este año a la CNBV de haber promovido una Ley Fintech que favorece a los bancos. Asimismo, la COFECE inició una investigación de posible colusión de 7 bancos para alterar la tasa de interés del mercado de bonos emitidos por el gobierno mexicano, un mercado de 100 mil millones de pesos diarios. A partir de este anuncio, la CNBV inició sui propia investigación multando con tan solo un millón de dólares a los involucrados y concluyendo que no modificaron la tasa de interés (cabe mencionar que la multa más alta que ha impuesto la COFECE por colusión es del 10% del valor anual de las ventas, mientras que en la Unión Europea el máximo es 30% y la multa estándar está entre el 10% a 15% de las ventas). Por su parte la COFECE tiene hasta el próximo año para concluir su investigación. Estos ejemplos dan cuenta de un sector protegido por las mismas instituciones que se suponen tiene que regularlo.

[7] En la semana del 20 de noviembre, una senadora de MORENA propuso una modificación a la Ley Minera para cancelar concesiones en caso que se detecte un impacto social negativo por la actividad extractiva de las empresas, las acciones de las empresas mineras cayeron significativamente en la misma semana.

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