Puebla: hubo más en juego que la gubernatura

La decisión del TEPJF no sólo impactará la vida de los 6.2 millones de mexicanos que viven en Puebla, sino que tendrá consecuencias directas sobre las relaciones entre el poder judicial y la mancuerna de poderes ejecutivo federal y legislativo, bajo el control de Morena.

Por: Sofía Ramírez Aguilar (@Sofia_RamirezA)

Mucho se dice desde el sábado 8 de diciembre que los cuatro magistrados electorales que votaron en contra de anular la elección en Puebla son unos traidores. Pero antes de consumar el juicio mediático en su contra, vale la pena valorar más ampliamente del momento político en el que se llevó a cabo la discusión sobre desechar la anulación de la elección en Puebla.

Es cierto que lo acontecido equivale a ratificar el resultado electoral el pasado 1° de julio en el estado y que cualquier determinación judicial debía votarse antes del 15 de diciembre, fecha en la que tomará posesión la gobernadora electa, Martha Érika Alonso. También es cierto que tanto la campaña como los comicios en Puebla se llevaron a cabo con la injerencia del gobierno del estado y la incapacidad del instituto local electoral. El resultado de ello fueron lamentables incidentes de violencia que derivaron en la anulación de 59 casillas y el acarreo de votantes por conducto de funcionarios amenazados con perder su trabajo. Sin embargo, tras tres conteos consecutivos de los votos (uno del PREP, otro de los Cómputos Distritales y un tercero del TEPJF), los resultados aritméticos eran muy similares y no era posible acreditar que había habido un fraude en lo que a las urnas se refiere.

Sin embargo, la decisión del TEPJF no sólo impactará la vida de los 6.2 millones de mexicanos que viven en Puebla, sino que tendrá consecuencias directas sobre las relaciones entre el poder judicial y la mancuerna de poderes ejecutivo federal y legislativo, bajo el control de Morena.

Por un lado, el proceso de decisión en el caso Puebla tuvo dilaciones aparentemente inexplicables. En primer término, el juicio interpuesto por Morena que solicitaba anular la elección fue turnado al magistrado José Luis Vargas a mediados de octubre. Pero no fue sino hasta el domingo 2 de diciembre que éste hiciera público el proyecto de sentencia desde su cuenta de Twitter, en franca violación a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al reglamento interno del TEPJF, pues se prohíbe la emisión de opiniones públicas que impliquen prejuzgar un asunto de su conocimiento sin la validación del pleno. Es decir, se tardó 1.5 meses en presentar un proyecto de sentencia que por lo regular toma una semana y, cuando lo hizo, no fue por los canales institucionales. ¿Por qué?

Para empezar, porque la elección poblana no era la única en disputa judicial en tanto las fuerzas políticas se iban repartiendo el control de otros municipios y estados. La alcaldía de Coyoacán, por ejemplo, quedó en manos de la coalición PAN-PRD y no de Morena; las alcaldías de Querétaro y Huimilpan en Querétaro quedaron en manos del PAN; la presidencia municipal de Cd. Juárez, Chihuahua, quedó en manos de un candidato independiente tras arrebatarle la mayoría a Morena; el municipio de Guadalupe quedó en manos del PAN y Monterrey tendrá que repetir elecciones el próximo 23 de diciembre, con los mismos candidatos y con alta probabilidad de que lo vuelva a ganar Acción Nacional. En este contexto, Morena perdió terreno y la base morenista percibe al TEPJF como el enemigo. La opinión pública, empero, olvida que quienes no anularon Puebla son los mismos que calificaron la elección y avalaron el triunfo de AMLO, y de paso también le revocaron a Morena una multa millonaria por el manejo de un fideicomiso con severos problemas de rendición de cuentas el 1° de septiembre pasado. En otras palabras, hasta ahora el TEPJF no ha mostrado animadversión hacia Morena en sus sentencias.

Sobre las motivaciones del magistrado Vargas para publicar su proyecto de sentencia por Twitter un domingo por la noche, éste mencionaba que buscaba evitar presiones de terceros. Sin embargo, en su intervención durante la sesión del pleno el sábado 8 de diciembre, el magistrado mencionó que él y otros ahí presentes habían sido objeto de las coacciones que él mismo quiso prevenir al publicar su proyecto de sentencia – mismas que, por cierto, debiera denunciar por ley ante el Consejo de la Judicatura. En el mejor de los casos, la estrategia de publicarlo para no recibir presiones salió mal.

Además, pareciera que no sólo Vargas recibió presiones sino que, durante la sesión pública del sábado y las horas previas, periodistas como Salvador García Soto y actores políticos de Morena e incluso el propio magistrado Vargas, ejercieron una fuerte presión sobre Janine Otalora, magistrada presidenta del Tribunal. Por supuesto que Morena buscaba influir en el sentido del voto de Otalora para anular la elección, tal como consta en los tuits de Yeidckol Polevnsky, Mario Delgado y Miguel Barbosa. Además, según quedó plasmado en el video de la sesión, el magistrado Vargas pidió a la magistrada Otalora manifestar el sentido de su voto hasta el final sin que exista una regla para que así sea y dilatando aún más, con la intervención de la magistrada Mónica Soto que duró casi dos horas, el anuncio del voto de Janine.

La discusión sobre la anulación de la elección en Puebla se ve aderezada por una iniciativa de Morena en el Senado, aparentemente sin dedicatoria, para reducir el mandato de cuatro de los siete magistrados electorales. En este orden de acontecimientos, ésta no puede leerse más que como una medida de presión al Tribunal Electoral, pero también al poder judicial en su conjunto.

La deliberada intención de AMLO de proponer al Senado una terna para la Suprema Corte de personajes con estrechos vínculos con Morena, sumada a la sentencia de la Corte de hace unos días en la que suspende la entrada en vigor de la Ley de Remuneraciones por ser violatoria de preceptos constitucionales, van perfilando un ambiente en el que Morena en el Ejecutivo y Legislativo miden fuerzas con el Poder Judicial. Falta, además, que en poco menos de una semana se discuta el presupuesto 2019 en la cámara de diputados bajo el amago de reducir presupuesto al poder judicial, y que en este mismo sexenio y tan pronto como en la primavera 2019, AMLO mande una segunda terna para la Suprema. En ella veremos si, como acusa el periodista García Soto, las presiones al TEPJF también tomaron forma de magistrados electorales en la terna.

Puebla y la ratificación de la elección son el símbolo de un poder judicial que utiliza las herramientas institucionales disponibles para mantener su independencia. Sin embargo, usar las reglas del juego no parece funcionar en la 4T. Esperemos que esta pugna no acabe con la viabilidad misma de un sistema democrático en el país.

 

* Sofía Ramírez Aguilar es maestra en economía, analista política y miembro de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

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