Apuntes sobre la política de seguridad

La relación directa entre las fuerzas armadas y los gobiernos estatales es un aspecto que tendría que revisarse. De lo contrario, los gobernadores tendrán fuertes incentivos para delegar mayores responsabilidades a las fuerzas armadas y se dará una mayor actividad política de los mandos militares.

Por: Fausto Carbajal Glass

El pasado 12 de diciembre, gobernadores pertenecientes a la Comisión de Seguridad, de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), se reunieron con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo. Los asistentes acordaron respaldar la creación de la Guardia Nacional (GN), como parte de la política de seguridad de la actual administración. Además, informaron que se han desplegado a policías militares y navales en 150 regiones del país. 

Llama la atención lo que Alfonso Durazo señaló al respecto: “Se instalaron coordinaciones a nivel estatal y regional y en todas ellas el mando recae en los gobernadores. Son ellos los que coordinan y convocan y que finalmente concretan decisiones. El mando operativo ese es militar porque es un mando único con el que buscamos que haya coordinación y eficacia entre todas las dependencias de seguridad participantes en esta mesa” (subrayado del autor)

Si nos apegamos a estas declaraciones, estaríamos hablando de que la actuación de las fuerzas armadas respondería básicamente a las directrices de los gobernadores. En esos términos, este mecanismo de coordinación resulta claramente defectuoso por, al menos, dos razones principalesa) los gobiernos estatales no tendrán incentivos para fortalecer sus policías, y b) las fuerzas armadas se seguirán politizando, mediante el empleo de los operativos militares como moneda de cambio. Quisiera enfocarme en esta última vertiente, sin perder de vista la primera

Las recientes declaraciones del titular de la SSPC inevitablemente evocan a lo que se le escuchaba decir al otrora Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos: “Preocupa todo el País, no nada más Tijuana, también hemos tenido reuniones con el señor gobernador para ver cómo atender el problema; estamos platicándolo con las autoridades militares y el Gobierno del Estado para ver en qué forma lo vamos a atender”.

Sin duda, tal como se reconoció en la reciente reunión de la CONAGO, la convergencia de esfuerzos a nivel federal y estatal será necesaria para superar la crisis de seguridad en diversas partes del paísEllo no quiere decir, sin embargo,que los gobernadores tengan que “convocar” y mucho menos “coordinar” a las fuerzas armadas. Está de sobra recordar que las fuerzas armadas responden al Ejecutivo federal, en tanto su Comandante en Jefe. Y, más  importante que preguntarnos si esto significa que los gobiernos estatales se reunirán con los mandos militares sin que medie la intervención del Ejecutivo federal, conviene preguntarse en qué medida las decisiones que concreten los gobiernos estatales en materia de seguridad serán compatibles y estarán alineadas con los objetivos de la política de seguridad de la actual administración.

Más aún, privilegiar este tipo de relaciones entre civiles –a nivel estatal- y militares, podría  significar una continua politización de los mandos castrenses toda vez que tendrán una mayor participación en diversos niveles de gobierno. Por ejemplo, podrían volver a ser quienes, en última instancia y en gran medida por la ley del mínimos esfuerzo de algunos gobernadores, diseñen e implementen las acciones en materia de seguridad. O que influyan en los nombramientos de secretarios de seguridad pública estatales o municipales, etc

En espacios anteriores, he sostenido que el Plan de Paz y Seguridad, y en particular la GN, pueden hacer sentido en la realidad mexicanano sin que se le hagan ajustes como producto de la experimentación. La relación directa entre las fuerzas armadas y los gobiernos estatales es un aspecto que tendría que revisarse. Una manera de subsanar esta falencia es que los gobiernos estatales se entiendan y acuerden directamente con el Ejecutivo federal (o quieéste designe como su representante), y que sea este nivel de gobierno quien convoque y coordine a los mandos militares. De lo contrario, los gobernadores tendrán fuertes incentivos para delegar mayores responsabilidades a las fuerzas armadas –lo que significa que los lineamientos y directrices” vuelvan a recaer en el ámbito military se dará una mayor actividad política de los mandos militares. Todo esto como parte de un círculo vicioso que termina –e inicia- en la carencia instituciones policiales de carácter civil y local.

 

* Fausto Carbajal Glass es consultor y analista en temas de seguridad. Internacionalista por la Universidad Iberoamericana y Maestro en Estudios de Guerra por el King’s College London. Es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), donde forma parte del Grupo de Trabajo de Seguridad Pública. Miembro de la Federación Mundial de Estudios del Futuro (WFSF) con sede en Paris, Francia. Se ha desempeñado en el servicio público, particularmente en las Secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación.

Close
Comentarios