¿4T? No sin organización de la sociedad civil

¿Por qué cancelar un programa de alta rentabilidad en cuanto a beneficio social como el Programa de Coinversión Social? Quizá la respuesta está en el temor a la tercera dimensión de la sociedad civil: actuar como agentes de construcción del marco democrático y, en ocasiones, contrapeso a los poderes gubernamentales.

Por: Miguel de la Vega (@mig_delavega)

El nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuenta con una inspiración de justicia social legítima, sustento de la denominada Cuarta transformación (4T) por el que el que millones lo apoyaron en las urnas y que busca transformar la dinámica de inequidad que ha prevalecido por años en el país. Esta aspiración, dentro de un marco democrático, coincide con la existencia de una sociedad civil organizada como vía de participación ciudadana en los asuntos de interés público, puesto que una de las dimensiones de acción de las organizaciones civiles (OC) es la resolución de problemas sociales.

No obstante, el papel de las OC es mucho más amplio ya que se extiende a la defensa y promoción de derechos humanos.A través de su incidencia – a pesar de gobiernos anteriores – se ha logrado avanzar en importantes agendas que promueven la igualdad de derechos en temas de género, de diversidad sexual, protección medioambiental y múltiples otras agendas olvidadas o inclusive atacadas por diversos gobiernos y poderes fácticos.

La vinculación con la 4T resulta natural bajo la ecuación de un gobierno que crea las mejores condiciones para que la acción ciudadana maximice su impacto social, a la vez que potencia sus propios proyectos sociales y crea una sinergia al mantener e idealmente incrementar subsidios públicos a OC. Esta última estrategia ha sido representada con políticas como el Programa de Coinversión Social (PCS), operado por años por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol). Este programa duplica o triplica la inversión social del Estado ya que se ha demostrado que los ingresos globales de las OC provienen en su mayoría de individuos e instituciones privadas, en una proporción de 5 a 1 con las aportaciones gubernamentales efectivamente entregadas (Chavez, 2018).

Siendo así, el PCS pareciera prioritario conservarse en el Presupuesto de Egresos 2019, no obstante ha sido cancelado. ¿Pudieran alegarse razones de falta de transparencia? No es así, el PCS ha sido por años modelo de colaboración sociedad civil – gobierno al asignar recursos a través de reglas de operación (ROP) públicas y con selección de proyectos realizada por funcionarios, académicos y OC no participantes, lo que garantiza imparcialidad. Las ROP tienen claros lineamientos de comprobación que rayan en sobrecarga administrativa. Su diseño cuenta con altos niveles de eficacia según el Índice de desempeño de programas de la administración pública federal (INDEP) (Gesoc, 2017).

¿Sería que apoyaba a organizaciones y comunidades que no lo requerían? Lejos de eso, el programa, a pesar de recortes, es el que ha apoyado al mayor número de OC (Verduzco, 2016), especialmente pequeñas organizaciones con particular énfasis en comunidades en alta marginación. Entonces, ¿por qué cancelar un programa de alta rentabilidad en cuanto a beneficio social?

Quizá la respuesta está en el temor a la tercera dimensión de la sociedad civil: actuar como agentes de construcción del marco democrático y, en ocasiones, contrapeso a los poderes gubernamentales como un medio para garantizar la inclusión plena, no solo los votantes del gobierno en turno. Las OC señalan abusos, denuncian corrupción y realizan propuestas de política pública basadas en la experiencia de décadas de las organizaciones.

La respuesta a la cancelación pudiera residir en múltiples razones: centralización de la política social, con la ineficiencia y carencia de pluralidad propia de la burocrática gubernamental; desdén por las contribuciones históricas de la sociedad civil en cuanto a las agendas de derechos humanos y demás temas señalados; recelo de que exista un contrapeso autónomo a independiente que complemente la labor pública, pero que también señale errores y prácticas abusivas.

La restitución del PCS en el Presupuesto 2019 será la mejor señal de colaboración e invitación a construir un México donde quepan todos y no solo la visión de unos por sobre otros. Ya transitamos ese camino y ya sabemos dónde termina.

 

* Miguel de la Vega es profesor en la Universidad ORT, Secretario Ejecutivo del colectivo de organizaciones y académicos UnidOSC y pertenece a la Coalición Global de Organizaciones Civiles para el Grupo de Acción Financiera (GAFI). Sus opiniones son a título personal.

 

Referencias:
Verduzco, Maria Isabel. (2016) “Financiamiento del gobierno federal para organizaciones de la sociedad civil: ¿Cómo se asignan los apoyos económicos?” Alternativas y capacidades, México.
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