Lo que sí sabemos sobre la causa de los homicidios

En la literatura académica ya se ha acumulado suficiente evidencia como para afirmar, sin temor a equivocarnos, que la causa principal de la actual crisis de homicidios es la estrategia de “combate frontal” contra el narcotráfico, iniciada en 2006 y que persiste hasta ahora.

Por: Carlos Galindo

Leí con interés la columna sobre lo que sabemos de las causas de los homicidios (1), autoría de Adán Murillo y publicada en este medio. Pero muy a mi pesar, sólo encontré una opinión sesgada e incompleta. Dada la importancia que tiene actualmente esta discusión pública y política, me pareció necesario escribir la presente crítica, atendiendo cada uno de los artículos que refiere este autor.

Murillo cita el artículo de Enamorado et al., (2016) (2) sobre la desigualdad económica como una causa de los homicidios, pero estos autores sólo encontraron evidencia al respecto dentro del marco de la “guerra contra las drogas”, es decir, a partir del año 2007. E incluso después de este año, concluyen lo siguiente en sus observaciones finales: “No encontramos evidencia de que un aumento en la desigualdad haya tenido algún efecto sobre los homicidios no relacionados con drogas entre 2007 y 2010.”

Esto es importante porque, en una versión previa de su investigación (Enamorado et al., 2014), (3) estos autores exploraron los efectos de la desigualdad antes y después del inicio de la guerra contra las drogas, y no pudieron encontrar ningún efecto antes de 2005; fue sólo después de iniciada la estrategia de “combate frontal” contra el narcotráfico de Felipe Calderón, que lograron observar algún efecto. Uno de los autores, Hernan Winkler, lo explica de forma muy sencilla en una nota de divulgación (4):

  • Por principio, la ofensiva militar lanzada por el gobierno mexicano contra las organizaciones de tráfico de drogas en 2006 parece haber estimulado la diseminación geográfica y el aumento de la actividad delictiva.
  • De hecho, el efecto de la desigualdad sobre los delitos es impulsado por delitos vinculados con drogas.
  • No se encontraron efectos de la desigualdad sobre los homicidios no relacionados con drogas, y ningún efecto en las tasas de delincuencia antes de 2005.

Lo mismo ocurre con el artículo de Castillo, Mejía y Restrepo (2018a), (5) el cual cita Murillo sin que se haya publicado aún. Afortunadamente, las versiones previas de este trabajo están disponibles en línea, incluyendo el manuscrito aceptado para publicación (2018b), (6) y en todas ellas, sus autores han sido muy claros, los decomisos de cocaína en Colombia sólo tuvieron efectos sobre los homicidios en México después de iniciada la estrategia de “combate frontal”. En sus propias palabras (p. 28-29):

“La evidencia en esta sección apoya la posibilidad de que, a partir de 2006, las políticas de Calderón y la expansión de los cárteles mexicanos conformaron una combinación peligrosa, que amplificó la respuesta violenta en México a las reducciones de cocaína generadas en Colombia […] Antes de 2006, se tenían pocos cárteles aislados, con arreglos informales entre sus líderes para, presumiblemente, mantener niveles bajos o nulos de violencia y rapacidad. Después de 2006, el ambiente fue muy diferente: los cárteles fragmentados se disputaron varias plazas clave, especialmente en el norte de México, y la política de descabezarlos puede haber avivado sus conflictos y divisiones”-

De la lectura de estos dos artículos puede intuirse un patrón que se repite en otros tantos estudios sobre la violencia en México. La causa principal de la actual crisis de homicidios es la estrategia de “combate frontal” contra el narcotráfico, iniciada en diciembre de 2006 y que persiste sin muchos cambios hasta ahora. La estrategia se basa en el despliegue de operativos permanentes de corte militarizado, los cuales incluyen diversas acciones contra el narcotráfico (ver Presidencia, 2007, p. 59). (7) Se han identificado otros factores secundarios que, dentro del marco de esta “guerra contra el narco”, ayudan a explicar de forma acotada, fragmentos del incremento de homicidios, pero sólo después de iniciada esta estrategia gubernamental.

De regreso con los artículos citados por Murillo, el trabajo de Dube, Dube y García-Ponce (2013), (8) sobre el efecto de la venta de armas estadounidenses, sólo cubre el periodo 2002-2006 y se circunscribe a municipios fronterizos. Este periodo de estudio no aporta información sobre la crisis de violencia en México, pues la ‘ola’ de homicidios inició después de 2006. Por tanto, ésta no es una explicación que rivalice con la aludida “guerra contra el narco”. La importancia del periodo de estudio puede mostrarse fácilmente con casos específicos tratados en este mismo artículo. Más adelante presento el caso de Ciudad Juárez, el cual sirve para ilustrar tanto este punto, como otro referente al último artículo a discutir.

Los dos artículos restantes citados por Murillo ya se enfocan en la “guerra contra el narco”. El trabajo de Dell (2015), (9) es una gran obra de investigación académica, notablemente documentada, cuya lectura me parece indispensable para quienes desean comprender mejor las causas de la violencia en México. Esta autora muestra el efecto directo causal que tuvo el conjunto de medidas de “combate frontal” [crackdowns] contra el narcotráfico, a nivel municipal, así como sus efectos indirectos de dispersión de la violencia [spillover effects]. En sus propias palabras (p. 1740):

“Estos resultados aportan nueva evidencia de que las medidas enérgicas [crackdowns] contra el narcotráfico causaron aumentos extensos y sostenidos en las tasas de homicidio. Y contribuyen a la literatura –consistente principalmente en correlaciones transversales y de panel, entre países y ciudades dentro de Estados Unidos– que documenta una relación positiva entre la persecución de las drogas y la violencia […] Los resultados de este estudio también complementan los estudios cualitativos y descriptivos que señalan que la política del gobierno mexicano ha sido la causa principal del drástico aumento de la violencia en años recientes […]”.

El último artículo citado por Murillo, el trabajo de Lindo y Padilla-Romo (2018), nos plantea un dilema interesante: ¿la violencia es causada por el despliegue de operativos militarizados, o por el “descabezamiento” de los cárteles? Esta pregunta tiene su arista retórica, pues los “descabezamientos” han ocurrido como parte de los operativos, pero es cierto que, dadas las discusiones actuales, tiene algún sentido intentar dilucidar la diferencia. Sin embargo, Lindo y Padilla-Romo basan sus resultados en dos clasificaciones sumamente cuestionables: 1) la clasificación de personas capturadas y “abatidas” por SEDENA, SEMAR y PGR, en “líderes”, “lugartenientes”, y “jefes de plaza” (y descartan los resultados para estos últimos), y 2) la clasificación de municipios con y sin presencia de cárteles, basada en un algoritmo de búsquedas en Google News de términos tales como: “Zetas, Golfo, Tijuana, Familia, Juárez, Azul, Barbie, etc.” (Make Order using Google as an Oracle; ver Coscia y Ríos, 2012). (10)

Peor aún, cuando estos autores intentan dilucidar entre la violencia causada por los despliegues de militares y los “descabezamientos”, ubican mal las fechas y los lugares en que iniciaron los operativos. Por ejemplo, Lindo y Padilla-Romo (en la fig. 7 y pág. 262) hacen notar que el aumento de homicidios en Juárez, Chihuahua, no coincide con el inicio del Operativo Sierra Madre-Chihuahua (desplegado en enero de 2007 en el “triángulo dorado”, es decir, muy lejos de Ciudad Juárez), ni con el arranque del Operativo Juárez (marzo de 2009), y señalan que este aumento inicia alrededor de la captura del “lugarteniente” Pedro Sánchez Arras (mayo de 2008). Lo que estos autores convenientemente ignoran es que los homicidios en Juárez comenzaron a aumentar justo con el inicio del Operativo Chihuahua (marzo de 2008), el cual jamás mencionan y que implicó el despliegue de 2 mil efectivos militares en Ciudad Juárez y Chihuahua (ver aquí gráfica 1). Y tampoco explican que la captura del presunto “lugarteniente” ocurrió, obviamente, en el marco de este operativo. Por este tipo de errores y ‘omisiones’, es que las conclusiones de Lindo y Padilla-Romo carecen de seriedad y sustento.

Por último, es importante señalar que Murillo omite citar artículos que ya han demostrado, con metodología sólida y rigurosa, que el despliegue inicial de estos operativos militarizados (con excepción del de Michoacán), fue la causa principal de la ‘ola’ de homicidios iniciada a partir de 2007. El ejemplo emblemático es el trabajo de Espinosa y Rubin (2015), (11) pues Donald Rubin es profesor emérito de estadística de Harvard y uno de los padres del modelo de causalidad Neyman-Rubin.

¿Por qué me pareció tan importante escribir esta crítica? Porque textos como el de Murillo confunden a los tomadores de decisiones y a la opinión pública, haciéndoles creer que la academia sólo ha logrado formular un conjunto nebuloso de hipótesis que compiten entre sí. Ya he perdido la cuenta de las reuniones a las que he asistido donde actores políticos discuten el tema de la violencia y alguno exclama: “unos académicos dicen una cosa, otros dicen otra, luego dicen lo contrario. ¡No saben nada!”.

Pero lo cierto es que en la literatura académica ya se ha acumulado suficiente evidencia como para afirmar, sin temor a equivocarnos, que la causa principal de la epidemia de homicidios que azota nuestro país desde más de una década es la estrategia de “combate frontal” contra el narcotráfico basada en operativos permanentes de corte militarizado. Es esta “guerra contra el narco”, que continúa vigente hasta ahora, la causa principal del dramático aumento de la violencia registrado en años recientes. Si queremos reducir la violencia en México, de forma prioritaria debemos atender y revertir esta causa.

 

* Carlos Galindo es Actuario por la UNAM, Maestro en Demografía por El Colegio de México, Máster en investigación por el Instituto Max Planck de Demografía, y Doctor en Filosofía de la Ciencia por la UNAM. Actualmente se desempeña como investigador en derechos humanos, seguridad y justicia, en el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República.

 

1 Murillo, A. (11/01/2019). “¿Qué sabemos de las causas de los homicidios?”. El Plumaje, Animal Político.

2 Enamorado, T., López-Calva, L., Rodríguez-Castelán, C. y Winkler, H. (2016), “Income inequality and violent
crime: evidence from Mexico’s drug war”, Journal of Development Economics, 120:128-143.

3 Enamorado, T., López-Calva, L., Rodríguez-Castelán, C. y Winkler, H. (2014), “Income inequality and violent
crime: evidence from Mexico’s drug war”, Policy Research Working Paper, The World Bank Group.

4 Hernán Winkler (20/08/2014), “¿Una menor desigualdad conduce a un menor nivel de delincuencia?”, Voces, Blog del Banco Mundial.

5 Castillo, J., Mejía, D., y Restrepo, P. (2018a). “Scarcity without Leviathan: The Violent Effects of Cocaine Supply Shortages in the Mexican Drug War”. The Review of Economics and Statistics. Just accepted (por publicarse).

6 Castillo, J., Mejía, D., y Restrepo, P. (2018b). “Scarcity without Leviathan: The Violent Effects of Cocaine Supply Shortages in the Mexican Drug War”. Available at SSRN

7 Presidencia de la República (2007). Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

8 Dube, A., Dube, O., y García-Ponce, O. (2013). “Cross-Border Spillover: U.S. Gun Laws and Violence in México”. American Political Science Review, 107(3):397-417.

9 Dell, M. (2015). “Trafficking Networks and the Mexican Drug War”. The American Economic Review, 105(6):1738-1779.

10 Coscia, M. y Ríos, V. (2012). “Knowing where and how criminal organizations operate using web content”. Proceedings of the 21 st ACM international conference on information and knowledge management.

11 Espinosa, V. y Rubin, D. (2015), “Did the Military Interventions in the Mexican Drug War Increase Violence?”, The American Statistician 69(1):17-27.

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