¿El feminicidio no es delito grave?

Lo que se está discutiendo en el Congreso no es sobre qué delitos son “graves” o no, en el sentido popular del término. Lo que se discute, más bien, es en qué casos un juez o jueza puede decretar la prisión preventiva oficiosa.

Por: Estefanía Vela Barba (@samnbk)

Es inevitable no indignarse al leer que la Cámara de Diputados considera que ni el feminicidio, ni el abuso sexual a menores “son delitos graves”. ¿Cómo pueden no serlo? ¿Cómo pueden sugerir semejante idea en un contexto en el que los asesinatos han alcanzado las cifras más altas de los últimos cuarenta años en el país?

La cosa, sin embargo, no es tan fácil. Lo que se está discutiendo –primero en la Cámara de Senadores y ahora en la de Diputados– no es sobre qué delitos son “graves” o no, en el sentido popular del término. Lo que se discute, más bien, es en qué casos un juez o jueza tiene la obligación de decretar la prisión preventiva de forma oficiosa.

La prisión preventiva sirve para encarcelar a las personas a pesar de que todavía no han sido condenadas por la comisión de un delito. Para que esta medida proceda, la Constitución actualmente contempla dos rutas, en su artículo 19.

La primera es que el Ministerio Público tiene que solicitarla al juez o jueza, cuando otras medidas cautelares[1] no sean suficientes para garantizar 1) la comparecencia en juicio de la persona imputada, 2) el desarrollo de la investigación o 3) la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. O, en su caso, 4) cuando la persona imputada esté siendo procesada o ya haya sido previamente sentenciada por la comisión de un delito.

La segunda ruta es la de la prisión preventiva oficiosa. Aquí no es necesario que el Ministerio Público la pida, sino que el juez o jueza tiene que decretarla automáticamente. En este caso, la Constitución actualmente contempla una lista de delitos por los cuales se tiene que decretar la prisión preventiva oficiosa. Estos son los delitos relacionados con “la delincuencia organizada, el homicidio doloso, la violación, el secuestro, la trata de personas, los delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”.

Como puede verse, la Constitución permite, sin importar el delito, que se pueda llegar a decretar la prisión preventiva. Esto incluye al feminicidio, el abuso sexual, el hostigamiento sexual, la violencia familiar y cualquier otro delito similar. La diferencia está en si se tiene o no que justificar que este castigo sin juicio –porque eso es la prisión preventiva– es necesario.

Aquí es donde entra la reforma que fue propuesta por y aprobada en el Senado y que ahora está siendo discutida en la Cámara de Diputados. Esta reforma busca ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Una vez más: delitos para los que procede la prisión preventiva automática, sin que se tenga que argumentar, ni comprobar que existe un riesgo o peligro que amerita semejante medida.

Por lo que hay que luchar ahora, por lo tanto, no es para que se amplíe este catálogo –tomando por cierto que esta ampliación significa que se está reconociendo la “gravedad” de un delito–. Por lo que hay que luchar es por que la reforma no se apruebe.

Primero y hay que repetirlo hasta el cansancio: para todos los delitos, conforme a la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales, ya se puede solicitar la prisión preventiva. Si esta reforma no se aprueba, por lo tanto, no perderíamos nada. Si una víctima, en concreto, necesita protección, ya tiene el derecho a obtenerla.[2]

En segundo lugar y también hay que repetirlo hasta el cansancio: la misma Cámara de Senadores ha reconocido –¡en el dictamen de la iniciativa!– que la prisión preventiva automática “no resuelve per se el problema de inseguridad ni es en sí una medida dilatoria de la comisión de delitos”, algo que puede verse en el análisis que realizaron Monserrat López y Carlos de la Rosa al respecto. ¿Qué implica esto? Que, si se aprueba la reforma, tampoco parece que vamos a ganar en términos de seguridad.

Lo que sí va a ocurrir es que vamos a legitimar la violación de múltiples derechos, incluidos el de la presunción de inocencia (como ha señalado ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos). Y vamos a legitimar un mecanismo –la cárcel– que en nuestro país sirve para criminalizar la pobreza. En este sentido: no solo no ganaríamos nada con esta reforma, sino que contribuiríamos a recrudecer las violaciones de derechos y la desigualdad.

Ahora: para quienes tienen un interés en los derechos de las mujeres, hay incluso más argumentos para oponerse a esta medida populista.

Primero: las mujeres también se enfrentan al aparato punitivo del Estado acusadas por una variedad de delitos (incluidos, por cierto, los de feminicidio, trata y violencia familiar). Hay algunos delitos –como son los relacionados con las drogas– por los que están siendo encarceladas con tasas que crecen más rápido que las de los hombres (como ha documentado ampliamente la organización EQUIS Justicia para las Mujeres). Y, de hecho, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, del 2016, el porcentaje de mujeres en prisión preventiva (39.9%) –del total de mujeres recluidas al momento de la encuesta– fue mayor al de los hombres (26.7%). Legitimar propuestas como la que ahora se discute implica legitimar un mecanismo que también afecta, en otras palabras, los derechos de las mujeres.

En segundo lugar: como muestra un estudio de la académica del CIDE, Catalina Pérez Correa, sobre los “costos invisibles de las cárceles”, estas no solo sirven para castigar a las personas recluidas –el 95% de las cuales son hombres–, sino a sus familiares también. Específicamente: a las mujeres emparentadas con los hombres recluidos.

En el 2014, Pérez Correa entrevistó a 1,213 personas que visitaban varios centros penitenciarios del Distrito Federal y Morelos. Solo en el 2013, en el DF, se registraron 3,293,597 visitas, de las cuales el 75% fueron realizadas por mujeres. En Morelos, durante ese mismo año, se registraron 175,859, de las cuales casi el 80% fueron de mujeres. Estas mujeres son mayoritariamente las madres y las parejas de los hombres que se encuentran encarcelados.

A través de las encuestas, Pérez Correa pudo calcular los costos que implicaban estas visitas (que una de cada dos personas dijo realizar una por semana). ¿Cuáles eran? Hay varios. Está lo que pagan para llegar ahí; está lo que compran para su familiar (productos de higiene, ropa, tarjetas de teléfono, comida, que el Estado falla en proveer); está lo que desembolsan para entrar, para que le llamen a su familiar, para que les den una mesa. Pagan, muchas veces, para garantizarles una cama, para que no los golpeen, para que no los trasladen a otro lugar. Están también los gastos legales, por no decir los costos emocionales (el estrés, la depresión, la ansiedad) y las otras pérdidas sociales en las que incurren (pierden trabajo, dejan de frecuentar amigos, vecinos, otros familiares). Estos costos de las cárceles, afirma Pérez Correa, ni siquiera se contemplan. Y son costos que impactan mayoritariamente a mujeres que de por sí tienen escasos recursos (el 50% de las personas que encuestó ganaban, en promedio, $3,200 pesos al mes). Si la población carcelaria es aproximadamente de 200,000 personas (excluyendo a las que ya salieron), creo que es válido afirmar que estas afectaciones se extienden también a otros cientos de miles más.

Cuando legitimamos la ampliación de la prisión preventiva automática, en otras palabras, no solo vamos a garantizar que más personas –hombres y mujeres– vayan a la cárcel siendo inocentes, sino que también vamos a impactar a sus familias –y, en concreto, a las mujeres–, marginándolas aún más.

Esto no significa, por supuesto, que tenemos que quedarnos con los brazos cruzados. Hay mucho que exigirles a las autoridades para combatir la violencia que carcome al país –incluida la que desproporcionadamente afecta a las mujeres–. El punto es exigir medidas que de hecho reduzcan la violencia y no dejarnos seducir más por el populismo penal.

 

 

[1] El artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla trece otras “medidas cautelares” –además de la prisión preventiva– que pueden utilizarse, como lo son: la presentación periódica de la persona imputada ante el juez/jueza u otra autoridad designada; la exhibición de una garantía económica; el embargo de bienes; la inmovilización de cuentas y demás valores; la prohibición de salir del país sin autorización; el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada; la prohibición de ir a ciertos lugares; la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima; la separación inmediata del domicilio; la colocación de localizadores electrónicos; el resguardo en su propio domicilio; o la suspensión temporal de un trabajo o cargo.

[2] Si lo que se quiere es genuinamente garantizar la protección de las víctimas durante el proceso –por ejemplo–, se puede exigir que se fortalezcan las Unidades de seguimiento y supervisión de medidas cautelares.

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