Comisión de la verdad sobre Ayotzinapa, buen augurio

La relevancia que representa la “Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa” y el precedente que la misma sienta para romper con un pasado plagado de obscurantismo e impunidad, debe dar paso a crear una comisión de la verdad que abarque graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad, sin limitarse a un caso concreto.

Por: Paula Cuellar

 

La “Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa”, instalada formalmente el martes 15 de enero de 2019, constituye un buen augurio en términos de verdad, justicia y reparación de las víctimas en este inicio del período presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Este mecanismo, tal como se concibe en su decreto de creación, se erige como un pilar fundamental para empezar a superar la impunidad que ha caracterizado a la sociedad mexicana hasta el presente.

Esta entidad ad hoc tiene, entre sus facultades, la de recabar pruebas que logren contribuir al esclarecimiento de los hechos en el caso en cuestión. En ese marco, para tales efectos, se les garantiza a sus integrantes el libre acceso a todos los sitios en los que pudieran ubicar información pertinente al respecto, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Sin embargo, ello no implica que dicha comisión especial llevará a cabo labores de investigación penal, ya que dichas potestades seguirán a cargo del Ministerio Público.

Surge entonces la interrogante: ¿es esta Comisión Presidencial una comisión de la verdad como la que miles de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en México esperan? La respuesta es no. No obstante, la misma sí podría constituirse en un germen para lo que se espera en un futuro no muy lejano sea una realidad: una comisión de la verdad con alcance nacional y permanencia en el tiempo cuya suficiente amplitud permita reconocer y esclarecer una serie de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desapariciones forzadas, torturas, violaciones, desplazamientos forzados, entre otras atrocidades, comprendidas entre el 1 de enero de 1965 y el presente, tal como lo invocan algunas organizaciones civiles, entes académicos y colectivos de víctimas y familiares.

La reivindicación de una comisión de la verdad con alcance nacional y temporal extenso se encuentra plasmada en una propuesta presentada por diversas organizaciones de derechos humanos el 22 de enero de 2019. La Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica (CVMH), tal como se le ha denominado a este mecanismo cuya creación se exige, forma parte de una propuesta ciudadana para la construcción de una política pública federal sobre verdad, justicia y reparación para las víctimas de la violencia y la violación a sus derechos humanos que incluye también el llamado Mecanismo Internacional contra la Impunidad en México, entre otros aspectos.

Esto obedece a algo crucial que no debe olvidarse: las víctimas de desaparición en México supera la cifra de 40,000 personas. Por lo tanto, es imperante ampliar el espectro de investigación respecto a este tipo de crímenes y a otros, sin limitarse a un caso en concreto. No obstante la relevancia que representa la “Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa” y el precedente que la misma sienta para romper con un pasado plagado de obscurantismo e impunidad, debe dar paso a crear una comisión de la verdad que abarque graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en los periodos comprendidos entre el 1 de diciembre de 2006 y el presente, así como entre el 1 de enero 1965 y el 30 de noviembre de 2006, vinculando así la violencia política del pasado y la violencia criminal del presente.

Y es que, tal como se mencionó en uno de los párrafos que anteceden en este escrito, la “Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa” no constituye un organismo tradicional en la materia, particularmente porque este último tipo de entidades investigan patrones de abusos durante un período determinado y que han afectado a un sinnúmero de personas, no un caso en concreto. En otras palabras, las comisiones de la verdad normalmente cubren periodos largos de abuso, que a veces abarcan décadas. Esto brinda a las comisiones de la verdad una oportunidad para identificar los patrones históricos de violencia y violaciones sistemáticas. Sin embargo, también tal como se señaló al inicio de este artículo, mediante métodos novedosos e innovadores, posibilitará, junto con otros mecanismos, esclarecer y reconocer la verdad en un caso de relevancia nacional y sentará así las bases para lo que se espera esté por venir: Una Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica para México.

Una comisión de la verdad como la que plantean diversas organizaciones de la sociedad civil, que establezca una narrativa global que impida la presencia de verdades divididas sobre los crímenes perpetrados en el pasado, que restaure a las víctimas en el disfrute de sus derechos y les reconozca la debida dignidad y el adecuado valor que la sociedad le debe a cada uno de sus miembros, se vuelve un requisito primordial para levantar el velo de negación que cubre a la sociedad mexicana y así evitar la existencia de ciudadanos de segunda clase. Esto se debe a que la forma y el lugar en que la verdad es desvelada resulta relevante, pues cuando esta es admitida oficialmente por las autoridades estatales ‒por lo tanto, insertada al imaginario colectivo‒ la misma adquiere una cualidad misteriosa que no se encuentra presente cuando es una simple verdad conocida por amplios sectores de la población.

El reconocimiento oficial posibilita el inicio de la sanación de las heridas. A partir éste, una nación es capaz de debatir honestamente cómo y por qué fueron cometidos crímenes tan atroces. Al identificar a aquellos responsables de esos hechos aberrantes y al revelar sus crímenes, los perpetradores son estigmatizados públicamente y ello constituye un castigo en sí. Al visibilizar públicamente a las víctimas y a sus familiares y, además, al recordar colectivamente que fueron desparecidas, torturadas, violadas y asesinadas, se les reconoce su valor dentro de la sociedad y su dignidad.

Así las cosas, dejando de lado la discusión sobre si se está en un verdadero proceso de transición en este momento en México o no y, por ende, si es posible hablar de justicia transicional o no en un contexto de militarización de la seguridad pública y de cuestionamientos al sistema de justicia penal, se necesita avanzar en la consolidación de mecanismos extraordinarios que forman parte de esta materia, a efecto de lidiar con la situación de violencia desbordada que ha vivido el país en el pasado reciente y que continúa padeciendo en la actualidad. ¿Cómo escribir un nuevo capítulo en la historia sin haber conocido, comprendido y aprendido las dolorosas historias plagadas de violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y sus lecciones? ¿Cómo pretender instaurar un nuevo orden social sin investigar, juzgar y sancionar a los responsables y así vencer la impunidad del pasado? ¿Cómo reconstruir el tejido social sin reparar a las víctimas de tales atrocidades? Continuar negando los derechos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición constituye una afrenta más a la dignidad de miles de víctimas y familiares que buscan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición y seguirá siendo una deuda pendiente que este gobierno adquirió con ellas el 14 de septiembre de 2018 durante el segundo Diálogo por la Paz, la Verdad y la Justicia en el Centro Cultural Tlatelolco.

 

* Paula Cuellar es investigadora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A. C.

 

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