Crónica de los proyectos de inversión cancelados

Si bien es cierto que los cambios de administración suelen traer consigo una nueva agenda con prioridades y líneas de acción, se requiere continuidad y mejora de las políticas públicas en beneficio de la sociedad mexicana, a través de decisiones sustentadas en criterios de valor por dinero y que generen beneficios sociales comprobables en el corto y largo plazo.

Por: Ana Laura Barrón (@SoyAnaLaura)

El anuncio oficial de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), por razones por demás conocidas -al menos en el discurso público-, puso el punto final sobre la que quizás sea una de las decisiones más controversiales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La promesa del actual presidente de México al electorado estuvo centrada en la austeridad en el gasto público y el combate a la corrupción. Es por ello que, casi a la par de la suspensión de los trabajos del NAIM, la Comisión Nacional de Hidrocarburos -por instrucciones de la SENER- suspendió las licitaciones de las rondas petroleras, con el argumento de que se llevaría a cabo la revisión del avance de los contratos para exploración y extracción de hidrocarburos vigentes para detectar y prevenir posibles actos de corrupción.

Al día de hoy, la plataforma Proyectos México, operada por Banobras para promover las oportunidades de inversión en el país, tiene registrados 274 proyectos en operación y 320 proyectos nuevos en los sectores de electricidad, hidrocarburos, transporte, infraestructura social, telecomunicaciones, entre otros. En el listado se encuentra el proyecto de la Red Troncal de telecomunicaciones, cuyas bases originales fueron publicadas en junio del 2018 y cuyo procedimiento ha sido aplazado por el nuevo gobierno con el fin de incorporar elementos adicionales a las bases del concurso. Originalmente, dicho proyecto se llevaría a cabo a través de una contratación bajo el esquema de las Asociaciones Público Privadas (APP) y consistía en el aprovechamiento de 25 kilómetros de la infraestructura de fibra óptica disponible de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para incrementar la cobertura y la calidad de los servicios de telecomunicaciones.

Aunque en principio se especuló que el proyecto sería relanzado desde cero, a fin de establecer como parte de las condiciones del contrato para la cobertura de internet en carreteras y espacios públicos tal y como lo anunció AMLO en días pasados, Telecomunicaciones de México (Telecomm), organismo responsable del proyecto, ha publicado nuevos plazos para la presentación de las propuestas y la celebración de la licitación pública, pero sin que aún se haya adicionado algún requerimiento a las bases del concurso.

Otro de los megaproyectos impulsados en la administración pasada fue la construcción y modernización de dos líneas de transmisión eléctrica, una en la península de Baja California y otra en el Istmo de Tehuantepec, las cuales preveían detonar inversiones millonarias[1] y estaban justificadas por la necesidad de integrar a la red nacional la energía proveniente de fuentes renovables como la eólica. Sin embargo, el pasado 25 de enero se anunció la cancelación de la licitación para la construcción, operación y mantenimiento de la línea de transmisión de Corriente Directa Yautepec–Ixtepec cuya convocatoria había sido publicada en febrero del 2018, mientras que el proyecto para la construcción, instalación y equipamiento de las líneas de transmisión en la península de Baja California se encuentra en revisión por parte de la CFE.

El proyecto consistía en la realización de quince obras en seis estados, que conectarían la energía generada en las centrales eólicas de Ixtepec, Oaxaca, con la región central del país. Se trataba de un contrato de prestación de servicios bajo el régimen especial de la CFE, que comoEmpresa Productiva del Estado posee su propia normatividad para la contratación de obras y servicios con particulares. A pesar de la cancelación de este proyecto, la Comisión, a través del anuncio a los participantes, se pronunció por continuar “explorando esquemas que permitan fortalecer la infraestructura y la capacidad de transmisión y transformación que requiere la Red Nacional de Transmisión”.

¿Decisión de política pública o sólo de política?

Llama especial atención que para la cancelación del proyecto de líneas de transmisión, la autoridad haya determinado que “en el marco de las estrategias financiera y de inversión para el fortalecimiento de proyectos prioritarios de gran magnitud, no existen las condiciones para continuar con este proyecto”, aunque el proyecto estaba alineado con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2018-2032 y con las directrices establecidas en el Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE. De acuerdo con estos instrumentos de política, dicho esquema contractual permitiría la celebración de contratos con particulares para financiar, desarrollar y operar los proyectos sin necesidad de recurrir a recursos presupuestales, incrementar la participación de energías limpias en la matriz de generación y fomentar la competencia la transmisión de energía eléctrica[2].

El Plan de Negocios de la CFE preveía inversiones aproximadas a los 330,000 millones de pesos hacia 2022. De ellas, la tercera parte serían atraídas a través del uso de esquemas de coinversión. Esto es particularmente relevante puesto que el proyecto de líneas de transmisión se llevaría a cabo con recursos propios sin afectar las aportaciones presupuestarias de la Comisión. Para este propósito, la CFE debería seleccionar los proyectos más rentables en los cuales participaría con el sector privado, a través de contratos bajo las reglas establecidas en su normatividad para proyectos de coinversión[3], y que junto con una adecuada gestión del desempeño, de los riesgos financieros y de mercado, buscaba consolidar la estructura financiera de la CFE en el corto plazo para cumplir su vocación de Empresa Productiva del Estado.

Asimismo, se canceló la subasta de largo plazo 2018 SLP-1/2018 anunciada el 30 de enero de este año, que permitiría la compra de energía proveniente de fuentes limpias y renovables. Esta había sido suspendida desde el pasado 3 de diciembre de 2018 con el fin de revisar sus objetivos y alcances[4].

Una decisión de política debería estar apoyada en criterios y líneas de acción claros, orientados al desarrollo. En este caso, la Secretaría de Energía ha sustentado su decisión en consideraciones técnicas, económicas y de planeación energética que no han sido explicadas con claridad. A su vez la fundamentación recae en el marco jurídico de la planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como en la regulación y control de la política económica y energética nacional. Precisamente han sido estas disposiciones las que en un pasado no lejano permitieron la apertura del sector energético para su transición hacia una economía baja en carbono, cuyas metas podrían verse amenazadas si no se logra implementar las políticas públicas correctas en un plazo prudente.

El anuncio por parte del director general de la CFE, Manuel Bartlett, del lanzamiento del Programa Nacional de Electricidad es una nueva oportunidad para el gobierno de AMLO de reivindicar las acciones que contribuyan al cumplimiento de las metas en energías limpias. Más allá de la pérdida del valor monetario de las inversiones que fueron canceladas, queda pendiente el valor ambiental y el compromiso con el combate al cambio climático que este tipo de proyectos representa.

Planeación: “gurú” de las inversiones públicas

El balance no parece muy alentador en cuanto a inversión física productiva se refiere, pues de la revisión de los proyectos prioritarios de la administración central incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se desprende que el gasto en este rubro será menor para el primer año de gobierno de AMLO en comparación con otros rubros, por ejemplo los programas sociales, a pesar de haber incrementado el presupuesto destinado a la CFE y al sector energético en general[5]. Sin embargo, ese presupuesto será destinado a desarrollar obras de rehabilitación de centrales eléctricas.

Un área de oportunidad para detonar las inversiones en infraestructura son los esquemas de colaboración público privada, pero para que estos cumplan sus propósitos de rentabilidad económica y social es necesario contar con un marco sólido que permita llevar a cabo contrataciones a través de procedimientos más transparentes y eficientes. También se requiere incluir nuevos criterios, como la consulta previa en el caso de megaproyectos, bajo reglas bien definidas, y establecer metas claras y consecuencias en caso de incumplimiento. De igual forma, es fundamental prever las consecuencias de cancelar o modificar proyectos de gran magnitud, que podrían comprometer ingresos futuros e incluso llevar a México ante instancias internacionales de solución de controversias.

Si lo que se quiere es realizar proyectos que generen valor económico y rentabilidad al sector público, en comparación con el uso de otros esquemas para la contratación de obras y servicios, es necesario realizar un análisis a conciencia de cuáles deberían ser las prioridades de inversión en los próximos años y no dejar de lado la necesidad de que dichos proyectos prioritarios estén respaldados por estudios que garanticen su viabilidad tanto técnica como financiera, así como social y ambiental.

Si bien es cierto que los cambios de administración suelen traer consigo una nueva agenda con prioridades y líneas de acción, se requiere continuidad y mejora de las políticas públicas en beneficio de la sociedad mexicana, a través de decisiones sustentadas en criterios de valor por dinero y que generen beneficios sociales comprobables en el corto y largo plazo.

Es de reconocerse la determinación de la nueva administración por implementar nuevas medidas de transparencia en las contrataciones que realiza el estado a fin de garantizar la eficacia, eficiencia, transparencia y honradez en el ejercicio de los recursos públicos; sin embargo, resulta menester que la cancelación y aprobación de los proyectos estratégicos esté apoyada sobre bases sólidas y objetivas que consoliden el desarrollo económico y social tan anhelado en nuestro país.

 

* Ana Laura Barrón es investigadora en Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

 

 

[1] La primera por un valor estimado de mil seiscientos millones de dólares, la segunda por mil doscientos millones de dólares, de acuerdo con la plataforma Proyectos México. Ver aquí.

[2] Nuevo modelo de contratación para líneas de transmisión eléctrica. SENER (2017). Documentos. Disponible aquí.

[3] Disposiciones para la participación en coinversiones y asociaciones con particulares aplicables a la CFE y sus EPS (C.A.15/12/2016 y modificadas el 25/07/2018).

[4] Oficio No.SENER.100/2019/075 mediante el cual la Secretaría de Energía solicita al director general del CENACE la cancelación de la subasta de largo plazo 2018 SLP-1/2018.

[5] De acuerdo con información del diario la Jornada, el presupuesto destinado a CFE tuvo un aumento de 35.9 por ciento, lo cual equivale a 16 mil 500 millones de pesos. En: ´Para inversión de Pemex en 2019, más de $273 mil millones´. Por Julio Reyna Quiroz. En Periódico la Jornada (en línea), Sábado 29 de diciembre de 2018, p. 14. Consultado acá.

Close
Comentarios