Impunidad, problema de todos los días

La creación del Índice Global de Impunidad 2015 es una gran noticia debido a que esta herramienta nos podrá dar una medida estándar sobre el fenómeno y puede ayudar a que se formulen mejores políticas públicas en los países, en especial en México.

Por: Carlos Martínez Velázquez (@carlosmartinezv)

“Por impunidad se entiende la inexistencia de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”.

Comisión de Derechos Humanos de la ONU, 2005

 

El día de ayer se presentó el Índice Global de Impunidad 2015 (#IGI2015), iniciativa liderada por la Universidad de las Américas Puebla y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia Puebla, que busca medir el fenómeno a nivel global y hacer propuestas para que los países puedan atacar este problema que afecta a toda la sociedad. Para lo anterior, estos organismos han constituido el Centro de Estudios Sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) que coordinará y fomentará la investigación en estos temas a partir de los datos que aporta este índice. Es una gran noticia debido a que esta herramienta nos podrá dar una medida estándar sobre el fenómeno y puede ayudar a que se formulen mejores políticas públicas en los países, en especial en México.

El Índice resulta verdaderamente novedoso, debido a que centra su atención en medir los factores que inciden en la impunidad. Otros ejercicios estadísticos, u otros índices, ven a la impunidad como un factor que afecta el estado de derecho o que va en detrimento del desarrollo humano y económico, en este caso se analizan factores que hacen que un país presente mayor o menor impunidad. Basado en la conceptualización original de Viñuales, este es el primer índice que muestra una comparación sistemática entre 59 países[1]. El modelo analiza dos áreas de acción del Estado (el sistema de seguridad y el sistema de justicia) en tres dimensiones: estructurales, funcionales y de derechos humanos. En esta matriz se distribuyen 14 variables, como se muestra en la imagen siguiente.

EstructuraIGI

Los resultados se basan en una media simple de los valores de las dimensiones y ejes transversales (ver capítulo metodológico), y muestran que, de los 59 países para los que se encontraron datos, México se encuentra entre los 5 con mayor impunidad junto con Filipinas, Colombia, Turquía y la Federación Rusa. Lo anterior puede no ser una sorpresa, ya que muchos pensamos que en México impera la impunidad, pero da una idea clara de dónde estamos respecto a otros países y qué tan lejos estamos de quienes tiene sistemas de seguridad y justicia que funcionan.

Por ejemplo, llama la atención que Croacia o Eslovenia se encuentren con los niveles más bajos de impunidad, y que en ese grupo se encuentren las repúblicas de los Balcanes y países ex socialistas. Sin embargo, al analizar los procesos de reforma judicial en ambos países uno se da cuenta de cómo los requisitos de ingreso a la Comunidad Europea hicieron que se realizaran reformas que se enfocaron en la eficiencia y calidad de los sistemas. Vale la pena analizar más a fondo estos casos ahora que México está inmerso, desde 2007, en la reforma a su sistema de justicia penal.

Uno de los puntos que más afectan a México es la tasa de jueces por cada 100 mil habitantes. Mientras en algunos países ésta alcanza los 40 jueces, en México es apenas de 4. Esto es, sin duda, algo que se debe de atender, pues habla de las pocas capacidades del sistema: casos rezagados en los juzgados por la simple razón de que no pueden ser procesados, dada la cantidad de delitos que se cometen en el país. Sólo pensemos que el 46% de las personas que están encarceladas en México no cuentan con sentencia judicial.

En sentido contrario, vale la pena analizar la tasa de policías por cada 100 mil habitantes. México tiene una tasa de 355, mientras que el promedio de los países del IGI es de 332. Sin embargo, vale la pena reflexionar si nuestra policía se acerca en términos de profesionalización y confianza de la ciudadanía a la de otros países, probablemente la respuesta sea negativa. Por lo que en adelante se debe buscar sobre todo invertir para que nuestra policía incremente su capital humano, consecuentemente tenga mejores salarios y pueda brindar mejor servicio a la ciudadanía. También se deben de avanzar en reformas simples, pero que sin duda tendrían gran impacto en la calidad, como mejorar los horarios de trabajo de los cuerpos policiacos.

Como conclusión, el IGI nos ayuda a entender y dimensionar el tamaño de la impunidad en México relativo a otros países. También nos permite contar con una hoja de ruta para proponer, evaluar e implementar políticas públicas en materia de seguridad y justicia, pues finalmente éstas deben de tener como objetivo que el sistema sea eficiente y que se castiguen los delitos. Lo anterior significa centrar en el ciudadano y sus derechos humanos la acción del gobierno para su beneficio. La periodicidad anual del IGI y los productos de investigación derivados serán fundamentales para avanzar en mejores políticas públicas.

 

* Carlos Martínez Velázquez es Director de Central Ciudadano y Consumidor.

Nota aclaratoria: junto con el equipo de Central el autor estuvo involucrado en el diseño y realización del IGI.

 

 

[1] Viñuales, Jorge E. (2007). Impunity: Elements for an Empirical Concept. Law and Inequality, 25(115). Pp. 115-146.

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