Pendientes en la agenda del consumidor

El Senado de la República analiza una serie de cambios a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Con lo anterior en mente, proponemos que en este proceso haya una discusión seria y profunda con la sociedad en general, y que se discutan los temas que más afectan a los consumidores.

Por: Carlos Martínez Velázquez (@carlosmartinezv)

Cada 15 de marzo se conmemora a nivel internacional el día de los consumidores. Aunque parezca obvio, es un día de aplicación universal, pues todos somos consumidores. Y vale la pena aprovechar esta fecha para recordar que la agenda de derechos del consumidor en México sigue siendo poco relevante para muchos políticos, se minimiza en distintas discusiones económicas, se relega del discurso de las “grandes reformas” y existe apatía de los propios consumidores cuando se trata de exigir sus derechos y reclamar compensaciones por afectaciones en el mercado. En suma, falta internalizar y entender que en los mercados hay reglas (regulaciones) y conductas (anticompetitivas) que afectan los derechos de los consumidores y su bienestar; por lo que cualquier política pública en el ámbito regulatorio o de competencia económica debe pasar, necesariamente, por hablar de los efectos que tendrá sobre los consumidores.

Para muestra un botón. La mayoría de los mercados en México oscilan entre aquellos con baja concentración en el mercado y los que ostentan jugadores relevantes (y en los que se pueden dar prácticas contrarias a la competencia). En uno de los pocos estudios que tratan de estimar las pérdidas en bienestar de los consumidores por la falta de competencia en los mercados, Urzúa (2008) encuentra que los monopolios generan pérdidas para todos los deciles de ingreso, la menor afectación se aprecia en el decil 10 de los hogares urbanos (-0.329), mientras la mayor en el decil 1 de los hogares en zonas rurales (-0.460).

Asimismo, muestra que hay un componente regional de las perdidas, los habitantes en los estados del sur-sureste tienen mayores pérdidas que los del norte. Es decir, la falta de competencia afecta especialmente el bienestar de quienes menos tienen o los que viven en zonas económicas más desaventajadas, lo que constituye una afectación de los derechos de los consumidores; pero, sobre todo, este tipo de resultados muestran cómo se perpetúan las brechas de desigualdad en la sociedad, por la falta de una política de competencia que integre el bienestar de los consumidores.

En el libro “El Derecho de la Competencia en México” planteamos que uno de los éxitos de las reformas estructurales de 2013 y 2014, fue precisamente que, en la redacción de los textos constitucionales y las leyes secundarias, se plantea por vez primera la relación entre competencia económica y derechos y satisfacción de los consumidores (Altamirano y Martínez, 2015). Sin embargo, en la implementación de las reformas se ha perdido este espíritu para dar paso a la repartición de las concesiones públicas (telecomunicaciones) y de los permisos de explotación de energéticos. El discurso se centra ahora en generar inversiones y empleo y se omite hablar de cómo garantizar mejor los derechos de los consumidores. Y, sobre todo, en mercados regulados como estos la falta es grave, pues es el Estado quien puede incidir en ordenar el mercado, transparentarlo y buscar la mayor satisfacción de los consumidores.

Actualmente, el Senado de la República analiza una serie de cambios a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Con lo anterior en mente, proponemos que en este proceso haya una discusión seria y profunda con la sociedad en general, y que se discutan los temas que más afectan a los consumidores. En particular, creemos que hay áreas de oportunidad para mejorar la protección al consumidor en los siguientes rubros:

  • Comercio electrónico. Cada día crecen en el país el número de transacciones de comercio electrónico. Si bien se estima que el porcentaje de comercio electrónico sobre las ventas totales al menudeo en México alcanza menos del 5%, en países como Inglaterra esa proporción significa prácticamente el 25%[1], por lo que se puede esperar un fuerte crecimiento de este mercado. Además, el capítulo 14 del TPP, plantea una serie de directrices para los países firmantes en materia de comercio electrónico; por ejemplo, se deben eliminar las barreras innecesarias al comercio por esta vía, se eliminan los pagos por aduaneros, se establece la regulación sobre mensajes electrónicos no solicitados y se garantizan medidas de protección y compensación a los derechos de los consumidores en línea. Lo anterior, significa que se debe de revisar, en la reforma a la Ley, este capítulo y adoptar las mejores prácticas internacionales en el tema.
  • Convergencia de la política de competencia y consumidores. En una de las primeras publicaciones que hicimos como organización, plateábamos como necesaria la convergencia entre las políticas de competencia y de protección al consumidor, en el sentido que decíamos anteriormente. La reforma a la Ley debe servir de marco para reflexionar sobre esta medida: el diseño y facultades que se le otorguen a la Profeco deben reflejarse en aquellas con las que cuenta la Cofece. En la medida en que se armonicen ambas políticas habrá mayor transparencia en el mercado, mejor información para el diseño de políticas públicas, y los consumidores gozarán de un mejor ambiente para la toma de decisiones.
  • Autorregulación vinculante. Uno de los elementos centrales en los que se debe de reflexionar es en el papel de los organismos intermedios en la protección de los consumidores. La cámaras y asociaciones empresariales deberían de estar interesadas en promover entre sus agremiados las mejores prácticas a favor de los consumidores. En la medida que lo hagan, el ingreso en este tipo de organizaciones contará con más valor, pues los negocios que pertenezcan a estos organismos serían aquellos que cumplan con las leyes y regulaciones de protección al consumidor (además de contar con esquemas adicionales, como los que ofrece la Better Business Bureau en México). Con esto en mente, la Profeco podría cambiar sus esquemas de verificación, si las cámaras y asociaciones empresariales se comprometen y registran sus sistemas de autorregulación ante la Profeco, ésta puede evitar verificarlos de manera sistemática y censal; con ello transitaría hacia un esquema de verificaciones aleatorias, menos costosas para todos. Adicionalmente, si en una verificación aleatoria se encuentra que un miembro de una cámara empresarial no cumple lo que decía cumplir, la cámara puede sancionar o incluso expulsar a uno sus agremiados.
  • Seguridad de producto. Uno de los temas más importantes para reflexionar es la seguridad de los productos de consumo; desde un juguete para los más pequeños hasta la seguridad de un automóvil. El punto es claro, necesitamos que las relaciones de consumo no pongan en peligro nuestra vida o nuestra salud. Por lo anterior, los legisladores deben de poner especial énfasis en las herramientas con que cuente Profeco para hacer recalls o cualquier alerta de productos peligrosos.
  • Privacidad de datos. El comercio electrónico ha adoptado un modelo similar al de las redes sociales: además de venderte un producto te hacen registrarte en una comunidad y siguen tus preferencias de consumo. Además, aplicaciones como Uber, Airbnb, Cabify u otras, son, en realidad, redes sociales de consumo y su modelo de negocios es adoptado por distintos servicios. Ante ello, es necesario que los consumidores estén seguros de que los datos que comparten con estas compañías estén seguros y no se viole su derecho a la privacidad.

De tomarse en cuenta estos cinco puntos, estamos seguros que habría mayores elementos para ordenar el mercado a favor de los consumidores. Además, se contaría con un ambiente en que la competencia económica se traduzca en beneficios directos al consumidor. Por otro lado, ayudará a garantizar relaciones de consumo que no pongan en riesgo la vida, la salud o la privacidad de las personas. Finalmente, las nuevas generaciones de consumidores que utilizan medios electrónicos contarían con el respaldo de seguridad para sus transacciones diarias.

Por nuestra parte, como sociedad civil, nos ponemos la tarea de informar y dar seguimiento a los cambios legislativos e implementación que se den en esta materia; y combatir todos aquellos que no sean benéficos para los consumidores.

 

@centralcyc

 

Bibliografía

Urzúa, Carlos M. 2008. Evaluación de los efectos distributivos y espaciales de las empresas con poder de mercado en México. Mimeo. ITESM-OCDE.

Altamirano, Bernardo, y Carlos Martínez. 2015. «La competencia y los consumidores en mercado regulados.» En Derecho de la Competencia en México, editado por José Roldán Xopa, Carlos Mena Labarthe y Laura A. Méndez Rodríguez, 461-495. Mexico: Porrúa

 

 

[1] Fuente: A.T. Kearney Connected Consumer Study. Disponible aquí.

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