Los consumidores de telefonía ante la Corte

La propuesta de declarar inconstitucional el artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que impide a Radio Móvil Dipsa (Telcel) cobrar a los demás concesionarios por el tráfico que termine en su red, pone en peligro la reforma.

Por: Carlos Martínez Velázquez (@carlosmartinezv)

De 2013 a 2014 el país vivió un intenso periodo de reformas estructurales en distintos ámbitos, entre ellos el de Telecomunicaciones. Esta reforma tuvo como consecuencia la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y el ordenamiento del régimen de rectoría económica del Estado en este sector. Entre los cambios se plasmó como principio propiciar la competencia y libre concurrencia en el sector, a fin de evitar daños al usuario final:

Las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación pública, a fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que contraríen el interés público y asegurando el menor precio de los servicios al usuario final; en ningún caso el factor determinante para definir al ganador de la licitación será meramente económico”. (Artículo 28, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Este postulado constituye un cambio fundamental en la visión de protección al consumidor a nivel constitucional, pues se vincula directamente la falta de competencia a la satisfacción de los consumidores. Si a ello agregamos un análisis sistemático de los artículos 1, 25 y 28 de la Constitución, se tiene un ordenamiento que tiene como fórmula que el principio Pro Persona potencia los derechos del consumidor y la libertad empresarial[1].

Como era de esperarse, una vez que las reformas se publicaron, ha correspondido al Ejecutivo su implementación y le toca al Poder Judicial la revisión y tutela de los principios constitucionales. Por ello, como afirmaba Juan Pardinas en su artículo en Reforma: “La Segunda Sala de la Suprema Corte tiene en sus manos el destino económico y político de México”.

Y es que el día de mañana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá un caso de lo más relevante para los consumidores. Me refiero al amparo en revisión 1100/2015 interpuesto por Radio Móvil DIPSA, en contra de disposiciones contenidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR). En particular, se quejan sobre lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley, en donde se señala que los concesionarios que tengan más del 50 % del mercado “no cobrarán a los demás concesionarios por el tráfico que termine en su red” (Art. 131, inciso a, LFTR, lo que se conoce como “tarifa de interconexión cero”).

Lo anterior no se puede ver aislado, sino que hay que analizarlo a la luz de lo dispuesto en el artículo 208, fr. III de la misma Ley, que señala que los agentes económicos preponderantes no podrán cobrar tarifas mayores que las que ofrezcan otros al usuario final. También hay que leer el artículo 118, fracción V, que prohíbe que los concesionarios de servicios de telefonía fija realicen cargos por larga distancia nacional. Vistos en conjunto, estos aspectos (interconexión, simetría tarifaria y larga distancia) han sido clave para bajar los precios de los servicios de telefonía fija y móvil, como lo muestra la siguiente gráfica:

Fuente: Reporte estadístico IFT

Lo anterior implica que la Ley es reflejo del espíritu de la reforma constitucional, pues se busca que los concesionarios de un bien público (espectro) no afecten a los usuarios finales cuando no existan condiciones de competencia y libre concurrencia. Por eso, llama la atención la propuesta de resolución que hace el ministro Javier Laynez, pues propone declarar inconstitucional el artículo 131 de la Ley, que ya mencionamos.

Lo anterior, afirma la propuesta, debido a que el Instituto es el que debería de estar encargado de fijar las reglas y tarifas de interconexión, y no el legislativo a través de la Ley[2]. Esta visión pone en peligro la reforma misma, y, sobre todo no toma en cuenta las ganancias que han tenido los consumidores con ella. Pareciera que se confunde el establecimiento de una tarifa (esa sí facultad del IFT cuando no haya condiciones de competencia) con el no cobro de la misma. Bajo el razonamiento del ministro, incluso correrían peligro otros temas benéficos para el usuario como la larga distancia o la simetría tarifaria.

Además, parece extraño que aleguen que el Congreso no pueda establecer términos y condiciones en el mercado, cuando claramente entre sus atribuciones está la de establecer las contribuciones de los servicios concesionados. Lo que lleva a pensar en un peligro adicional: que el órgano legislativo, que tiene una representación popular, no pueda establecer las mejores condiciones para la explotación de los bienes públicos de la nación (de todos) que sean concesionados a particulares. Se abre entonces la puerta a la incertidumbre jurídica sobre la reforma, sobre el bienestar de los consumidores y sobre el desarrollo mismo del país. Por lo dicho, la aseveración de Juan no es ninguna hipérbole.

En los mercados regulados, como es el caso de telecomunicaciones, se deben de ponderar muchos factores para determinar cuál es el mejor camino para conciliar la libertad empresarial y los derechos humanos. El camino está en apuntalar la transparencia, la competencia y los derechos de los consumidores, para generar corresponsabilidad y confianza en estos mercados. Como decía en un tuit Fernando García Sais sobre la posible sentencia de la Corte: “las sentencias deben potenciar el bienestar colectivo, no minimizarlo”. Ojalá así lo entiendan los ministros.

 

* Carlos Martínez Velázquez es Director de Central Ciudadano y Consumidor (@centralcyc).

 

 

[1] Ver Altamirano y Martínez 2015.

[2] Aunque debe decirse que ninguno de los artículos mencionados resta facultades al IFT para determinar tarifas.

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