¿A dónde se va el 1.5 % que pagamos a Uber?

La Semovi que emitió el acuerdo por el que Uber destina el 1.5 % de cada viaje a un fondo especial no sabe si se creó de forma legal, pero sabe que opera como fideicomiso privado.

Por: Carlos Martínez Velázquez (@carlosmartinezv)

Hace unos días en la revista Nexos, Gustavo Rivera publicó un interesante artículo sobre cómo percibimos la corrupción los mexicanos. Fuera de la práctica definición del Banco Mundial sobre corrupción: “el abuso de un poder delegado para el beneficio propio”, los mexicanos nos enfrentamos al fenómeno de distintas formas. A veces creemos que es un asunto del alto poder político y empresarial, tan lejos que no podemos hacer nada (“corrupción de ellos”); otros justifican los actos ante la rampante desigualdad y desequilibrio de poder entre el ciudadano y el gobierno (“corrupción de nosotros”), y otros piensan que es parte del ethos de la sociedad, de la cultura (“corrupción de todos”). Esta visión de los mexicanos carece de elementos para poder formular políticas públicas concretas, cambios institucionales, entre otros, para verdaderamente enfrentar el problema.

La Ciudad de México es un magnífico ejemplo donde se puede entender por qué los mexicanos piensan así de la corrupción. En cada delegación vemos apropiaciones del espacio público por parte de privados al amparo de un compadre en la oficina burocrática. Los cambios cíclicos e interminables de banqueta y pavimento que se autodestruyen cada cambio de administración. La ininteligibilidad de realizar cualquier trámite ante el Gobierno de la Ciudad o de la delegación que corresponda, es tan engorroso que se prefiere pagar a los coyotes pues son una “ventanilla única” eficaz ante las trabas burocráticas. Y qué decir del contubernio y la mentira entre autoridades y empresas privadas, que afecta la calidad de vida de buena parte de la población

Un caso emblemático es el del famoso (por las razones incorrectas) “Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón”. Éste se creó por un acuerdo administrativo de la Secretaría de Movilidad, hoy encabezada por Héctor Serrano Cortés, en el que se establecía la regulación para las empresas de redes de transporte. En la reglamentación se dice que éstas se comprometen a aportar el 1.5 % de cada viaje realizado al Fondo. Además de que el artículo sexto dice a la letra que “Las aportaciones al Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, se realizarán de acuerdo a los mecanismos y lineamientos que el Comité Técnico del Fondo señale”.

Como organización de consumidores, preguntamos vía los mecanismos de transparencia quién formaba ese Comité Técnico, cuáles eran los mecanismos y lineamientos que había emitido ese comité y cuáles eran los saldos y movimientos del mismo. Esta información nos fue negada y, recientemente, el Secretario de Movilidad ha declarado que ese fondo es un “fideicomiso privado” y que no se puede informar a cuánto ascienden los montos[1]. El propio Serrano ha dicho que la Contraloría de la Ciudad “va a auditar si el fondo se hizo con los lineamientos establecidos, con la legalidad y la normatividad”. Es decir, la Semovi que emitió el acuerdo por el que se crea el Fondo no sabe si se creó de forma legal, pero sabe que opera como fideicomiso privado.

Si fuera este el caso (fideicomiso privado), la Ciudad no podría gastar un peso de ese fondo, pues esa facultad correspondería a los dueños del fondo, quienes son los responsables de la administración de su patrimonio y recursos. Serrano ha mencionado que no se ha gastado dinero del Fideicomiso; pero, en todo caso, él no debería de opinar, pues correspondería a las empresas decidir el destino de gasto o inversión. Cabría preguntarnos si, en ese caso, las empresas de redes de transporte, como Uber, engañan a sus usuarios, pues al menos en el desglose de mis facturas se especifica que el 1.5 % es una “aportación gubernamental”. Sin embargo, la autoridad reconoce que no es el dueño de este dinero sino los privados, por lo que este cobro no es una aportación al gobierno.

Lo raro del caso es que de acuerdo con información anónima que nos ha llegado a la organización, se puede ver que en el Fideicomiso participan servidores públicos de la Semovi, incluso su titular, entre otros. ¿Por qué las empresas permiten que en su fideicomiso privado participen estos funcionarios? ¿Qué beneficio sacan las empresas de estar en un fideicomiso que es opaco, que no es público y que daña su reputación?

Seguramente, cuando se hizo la regulación el gobierno no pensó muy bien cómo operaría el Fondo y se dieron cuenta de que no podía hacerse a través de lo que establecen las normatividades de pago de derechos y contribuciones a la CDMX, pues no estaba claro el objeto por el que se establecía el pago. A la larga, le aventaron la responsabilidad de la creación del Fondo a las empresas a través de este fideicomiso privado[2]. Como resultado el dinero no pertenece a la Ciudad, sino a los privados y éstos pueden decidir qué hacer con el fondo.

Otra posibilidad es que este diseño sea a propósito y la autoridad encargada se beneficie de los posibles rendimientos de un fondo privado, ahí las empresas participantes son cómplices de la autoridad en una acción que daña a los consumidores y a lo público (no se destina dinero a movilidad, peatón o taxis). En el contexto electoral de 2018, esta hipótesis cobra mayor relevancia, el Jefe de Gobierno ya ha anunciado su renuncia y el propio titular de Semovi es quien ha empujado la creación del Frente Amplio Democrático (FAD) en la Ciudad. En los rendimientos de este fideicomiso y en la opacidad en que opera se encuentra una fuente potencial de financiamiento electoral que no debe perderse de vista.

No cabe duda de que en la Ciudad impera la corrupción de todos. Es parte de la cultura de una administración que lleva décadas en la Ciudad y que sólo entiende de clientelas políticas y de arreglos con privados para poder operar. Ante esas condiciones las empresas podrían luchar contra el gobierno corrupto o seguir sus reglas y entrarle. Al menos en el transporte privado, las empresas prefieren engañar al consumidor y ser comparsas de la corrupción rampante que impera en el sector. Y se le debe añadir al problema la oposición ausente, y los ciudadanos sin opciones ante la voracidad de empresas y gobierno.

 

* Carlos Martínez es director de Central Ciudadano y Consumidor (@CentralCyC).

 

P.D. Sobre cómo la corrupción daña a los consumidores es lo que está pasando Onésimo Flores con Jetty, una empresa de transporte, que ,a pesar de tener todos los permisos las autoridades, le obstaculizan su operación. Lo peor sería entrarle al juego del gobierno. Como consumidores y ciudadanos debemos exigir la transparencia en el caso y que no se limiten las alternativas. Toda la solidaridad con el equipo de Jetty.

 

 

[1] Ver nota en Excélsior “Semovi no tiene fondo de Uber” de Jonás López. Publicada en impreso el 23 de agosto de 2017. Disponible aquí.

[2] De acuerdo con solicitudes de transparencia hechas el Fideicomiso se rige por lo dispuesto en el artículo 382 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

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Comentarios

  1. Mar

    Solo Uber y los taxis y las otras empresas Caby y demas solo se centran en Uber x q a los dueños de los taxis no les agrada tener competencia honesta, las personas se ganan la vida trabajando en uber decentemente ya q no hay empleos, los debiamos de apoyar, para todos alcanza pwro claro como los taxis pertenecen generalmente a funcionarios de gobierno son intocables