La ocurrenciocracia y el Senado

Muchos de los políticos que apoyan las regulaciones a las Empresas de Redes de Transporte están ligados al gremio de los taxis, por ello a través del sistema de concesiones han generado redes clientelares que sirven a sus intereses políticos. Esto genera malestar en los gremios tradicionales.

Por: Carlos Martínez Velázquez (@carlosmartinezv)

El pasado 18 de abril de 2018 la Comisión de Comercio del Senado aprobó una serie de reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) con las que se pretende dotar de facultades a la Profeco para intervenir en el mercado de las Empresas de Redes de Transporte, ERT (p.e. Uber, Cabify, Easy, etc). Sin embargo, llama la atención que la aprobación se hizo con el dictamen correspondiente, y por ello enviamos un extrañamiento al Presidente de la Mesa Directiva. No sé si esto sea común en el Senado, pero es claro que cualquier violación al proceso pone en entredicho los motivos para impulsar un cambio.

Ese mismo día, un grupo de taxistas protestó en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en contra de los taxis piratas y lo que se piden por medio de aplicaciones. Su argumento es que éstos les ocasionan pérdidas de más de 200 mil pesos diarios. No quiero ni imaginar la deficiente metodología para determinar “la pérdida”, pero imaginemos que es verdad. Significa que dado su nivel tarifario tendrían márgenes de ganancia suficientes como para mantenerse en el mercado, a pesar de las pérdidas. Ya la Cofece ha sancionado a estas empresas por prácticas monopólicas, pues se han coaligado para manipular precios y subirlos en contra del consumidor.

Ambas historias son relevantes porque muchos de los políticos que apoyan las regulaciones a las ERT están ligados al gremio de los taxis[1]. A través del sistema de concesiones han generado redes clientelares que sirven a sus intereses políticos. Es por ello que las disrupciones en el mercado generan malestar en los gremios tradicionales, y la reacción de los políticos es otorgar protecciones a estos gremios sin un análisis previo sobre los costos y beneficios para el consumidor. De alguna manera, las elites políticas se encuentran capturados por el chantaje de estos gremios, y olvidan que su tarea es la defensa del interés general.

Por otro lado, en el Senado parece que únicamente pretenden escuchar a los ciudadanos por cumplir un trámite sin que realmente les importe. El pasado 11 de abril de 2018, la Comisión de Comercio me invitó, como representante de una asociación de consumidores, a discutir el dictamen de cambios a la LFPC. En esta reunión, en la que también participó el IMCO, y representantes de Uber y Cabify, discutimos los pormenores del dictamen y argumentamos sus deficiencias. En particular, parece que no hay una motivación sustantiva para la regulación y que la propuesta no resuelve ninguno de los problemas que dice enfrentar.

Por ejemplo, en la ley se pide que las ERT se registren ante Profeco, que la autoridad apruebe sus contratos de adhesión, que cuenten con un sistema de reclamaciones e impone otras responsabilidades a las empresas. Por más loable que parezca la reforma, también es verdad que no resuelve nada. Sin reforma los consumidores se pueden quejar ante la Profeco (el derecho a la queja es irrenunciable), las empresas cuentan con sistemas de quejas y las legislaciones locales les imponen responsabilidades particulares.

De hecho, uno de los ejemplos que les puse a los senadores es el “queso gruyere” legislativo en el que nos encontramos. En cada entidad donde se ha regulado las ERT hay una definición diferente, responsabilidades distintas, barreras a la competencia, entre otras cosas que acaban en que los consumidores tengan protecciones distintas en cada ciudad donde desean usar el servicio. Aquí la Cofece debe de intervenir, a 3 años de sacar su opinión sobre el tema, para revisar los marcos legislativos estatales. Antes de poner una legislación federal, se debe de empezar por estar de acuerdo con la definición de las empresas, el alcance y tamaño de su mercado y los costos y beneficios que significa regular contra no regular.

Ese mismo ejercicio se debería hacer con las regulaciones de taxis. Quizás lo más conveniente sea revisar el modelo de concesiones y renovarlo para que sea atractivo para que particulares provean el servicio de taxis. También se debe poner atención en la regulación las tarifas de los taxímetros, en muchos casos está subsidiada a tal punto que genera escasez de la oferta y reduce el flujo de ingreso de los taxistas, lo que evita que puedan invertir en la renovación de las unidades y en la mejora del servicio. Además, se debe de transitar aun sistema basado en la calidad: si los usuarios se quejan del servicio el gobierno debe retirar las concesiones. Éstas deben de dejarse ver como una prebenda política.

Por último, los senadores deben de abandonar el régimen de la “ocurrenciocracia”. Muchas de estas legislaciones las impulsan para ganar adeptos u obtener apoyos de grupos de interés para continuar con su carrera política. Poco les importa la inversión en transporte masivo, la movilidad, la convivencia de distintos métodos de transporte en una ciudad, la calidad del aire, o los derechos del consumidor. Ojalá que, con la siguiente legislatura, que será la primera cuyos integrantes se podrán reelegir se puedan construir relaciones de más largo aliento y con mayor transparencia.

Carlos Martínez Velázquez es director de Central Ciudadano y Consumidor, AC. (@centralcyc)

 

Referencias: 

[1] Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo fue señalado de otorgar concesiones a los taxis y de avanzar regulaciones en contra de las empresas de redes de transporte: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Nueva-denuncia-contra-Borge-por-concesiones-de-taxis-20161121-0097.html

Close
Comentarios