Revisar la competencia desde lo local

Contrario a las recomendaciones de la COFECE, las autoridades locales han impuesto toda clase de restricciones a las empresas de redes de transporte como Uber, Cabify e Easy, lo cual ha disminuido la competencia y distorsionado los precios y la calidad del servicio.

Por: Carlos Martínez Velázquez (@carlosmartinezv)

El pasado 29 de mayo entregamos en la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) un análisis sobre las 13 normativas locales que regulan las empresas de redes de transporte (ERT) como Uber, Cabify, Easy y algunas compañías locales. Junto con éste, solicitamos a la COFECE que emitiera una opinión sobre estas políticas, con base en la facultad que se le otorga en el Artículo 12, fracción 12, de la Ley Federal de Competencia Económica.

Es muy relevante este planteamiento, primero porque esta solicitud no la plantea un agente económico competidor ni alguna autoridad, sino una organización que tiene como fin la promoción de los derechos de los consumidores, entre ellos contar con un mercado en el que prevalezca la competencia y la libre concurrencia. En segundo lugar, porque actualmente este tipo de empresas operan en 26 de los 32 estados de la república, ya sea con regulación o sin ella, y sin contar que el día de ayer el Congreso de Quintana Roo aprobó una ley al respecto.

La COFECE no es nueva en el tema, de hecho, fue la primera autoridad en emitir un pronunciamiento en el 2015, antes de que existiera cualquier norma local al respecto. En aquella opinión, la Comisión recomendaba que se reconociera a estas plataformas dentro de la ley y que se evitara establecer restricciones a la oferta o al precio. Una de las conclusiones que se pueden sacar de aquella opinión es que, precisamente, imponer esas barreras provocaría que se perdiera la eficiencia que suponen este tipo de plataformas para conectar la oferta y la demanda de cualquier servicio.

Sin embargo, contrario a las recomendaciones de COFECE es que las autoridades locales han impuesto toda clase de restricciones. Después de la revisión de las 13 normas locales vigentes vemos como consecuencias:

  1. Disminución de la competencia al restringir la oferta del servicio;
  2. Limitación de las posibilidades de competir de nuevos y potenciales entrantes, y
  3. Distorsión de precios y calidad del servicio.

Un caso que vale la pena ilustrar es el de la antigüedad máxima que puede tener un vehículo para registrarse dentro de una plataforma de ERT para proveer el servicio. Vean la siguiente gráfica:

Como se muestra, para registrar tu automóvil en una plataforma en Querétaro debe ser un modelo del año y con una vida útil de 4 años hacia adelante. Si están en Ciudad de México puedes registrar un vehículo de hasta 10 años de antigüedad. Pero en el Estado de México la ley no establece de forma explícita la antigüedad. Si se piensa en la Zona Metropolitana de Ciudad de México se puede ver cómo estas asimetrías pueden afectar el funcionamiento del mercado, sobre todo cuando los viajes ocurren con tanta intensidad en ambas direcciones.

La otra pregunta, primordial, es si la regulación es necesaria o no, y si sí, cuál es la óptima. Del estudio que realizamos se puede ver que en la mitad de los estados donde opera alguna plataforma no hay ningún tipo de regulación, sin embargo, las compañías establecen estándares y requisitos para el ingreso que pueden equiparar al de las propias leyes. La otra parte es el rol que tienen las compañías de seguros. Tanto plataformas como leyes piden que los conductores cuenten con un seguro de cobertura amplia y daños a terceros; con éste las aseguradoras ya están incorporando los riesgos por antigüedad y modelo del vehículo.

Las legislaturas locales o cabildos que han entrado al tema han impuesto este tipo y otras tantas restricciones, contrario a la recomendación de la Comisión. Sin embargo, la existencia de cualquier restricción debería de estar basada en proveer seguridad al usuario, pero no parece haber un modelo claro para minimizar riesgos a través de X o Y medida, más bien volvemos a la “ocurrenciocracia” legislativa.

Probablemente la regulación mínima debería ser la exigencia de un seguro de cobertura amplia con una serie de características, por eso también solicitamos a la COFECE que tratara de cuantificar cuáles serían los requerimientos mínimos que se deberían de solicitar en las regulaciones, sin que se generen barreras a la competencia. Lo importante es que no se acaben generando consumidores de primera y de segunda para un mismo servicio, o que las regulaciones impidan el acceso a otros agentes económicos para proveer el servicio. Por eso es importante que COFECE emita su opinión.

Finalmente, de forma amplia, este trabajo deja la semilla de reflexión sobre cómo regular las plataformas electrónicas de distintos servicios. Pareciera que imponer reglas a nivel hiperlocal podría tener consecuencias negativas. Quizás se debería de optar porque las empresas adopten ciertos estándares de operación en el servicio a nivel nacional y de ahí que puedan proveer donde tengan suficiente demanda. La economía basada en plataformas nos obliga a pensar en los límites de intervención del Estado, en la libertad de los consumidores y en las condiciones para generar competencia económica. Son todo un reto.

 

NOTA AL PIE

Toda una odisea entregar este análisis en la COFECE. En la ventanilla solicitan requisitos que no son públicos, muchas de las quejas de la (in)justicia cotidiana. Quizás están acostumbrados a las mañas de algunos abogados chicaneros, pero deberían de establecer algún protocolo de cooperación y vinculación con organizaciones de la sociedad civil que buscamos lo mismo: promover la competencia.

 

* Carlos Martínez Velázques es director de @centralcyc.

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