Tecnología y elecciones: las criptomonedas a debate

Es evidente que internet es un espacio que escapa de la regulación electoral, y que su evolución y transformación va mucho más rápido que los intentos del legislativo y de las autoridades electorales por dotar de certeza sobre el alcance a su regulación, ya que en la red digital cada día existen nuevos mecanismos para la transacción de bienes y servicios.

Las elecciones o los ejercicios de democracia directa en otros países han mostrado cómo el uso de la tecnología, a través de herramientas digitales, puede influir positiva o negativamente en el curso de los comicios.

En días previos se dio a conocer el lanzamiento de una moneda digital denominada AMLOve, a través de la cual un grupo anónimo buscaría obtener financiamiento para la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Oportunamente MORENA se desvinculó de tal estrategia. De cualquier manera, voces especializadas han catalogado tal iniciativa como un fraude.

Por otro lado, Transparencia Mexicana adelantó el desarrollo de una propuesta a través de la cual la política electoral mexicana, en un futuro,  pueda administrarse exclusivamente bajo el uso de una moneda digital.

La simple idea de usar criptomonedas a fin de administrar los recursos de las campañas electorales es motivo de análisis y debate. En principio, la idea puede ser adecuada, especialmente considerando que facilitaría seguir el rastro de las operaciones de partidos políticos y candidatos (blockchain). Pero todo tiene su lado negativo, ya que también es posible que se realicen transacciones para beneficiar o perjudicar cierta campaña, al ofrecer criptomonedas para favorecer una candidatura sin el consentimiento de ésta o un gran número de escenarios que podrían producirse.

Otra idea que ha surgido es la de Pedro Kumamoto, quien busca obtener recursos a través de la venta de artículos promocionales en tiendas en línea. Para ello, realizó una consulta al INE a fin de no quebrantar las intrincadas reglas de financiamiento y fiscalización. El INE permitió el establecimiento de dicha tienda virtual, indicando una serie de reglas que buscan garantizar que el autofinanciamiento sea legal; es decir, que no sea realizado por entes desconocidos o prohibidos como pueden ser las personas extranjeras, personas morales, ministros de culto, entre otros.

Para esto, el INE requiere que las transacciones sean plenamente identificables a partir del método de pago (prohíben el uso de plataformas como PayPal o monedas digitales) y que sea visible el nombre de las personas que en su caso realicen la compra. Siendo estrictos con las exigencias actuales de la legislación, la respuesta parece ser insuficiente para garantizar que dicha modalidad de autofinanciamiento no sea ejecutada por entes prohibidos, pues no se requieren medios de identificación de los aportantes que den certeza sobre su nacionalidad (como podría ser la clave de elector), entre otras medidas.

La legislación electoral vigente no está preparada para este tipo de iniciativas. El debate sobre el uso del dinero en la política en un contexto en el que la tecnología y las herramientas digitales son una realidad. Por ejemplo, las 45 referencias al uso de internet en el Reglamento de Fiscalización del INE están asociadas principalmente al control de gastos sobre propaganda; es decir, a la colocación de banners, videos, spots, o la inversión en publicidad pagada en redes sociales, no así sobre cualquier otro gasto que pudiera beneficiar o perjudicar a una campaña en específico, y cuya transacción bien pudiera realizarse por esa vía.

Lo anterior pone de relieve que hasta ahora se ha buscado poner límites al gasto en publicidad en internet, pero aún nada se ha legislado sobre las operaciones para obtener recursos haciendo uso de la web durante las contiendas electorales. Es evidente que internet es un espacio que escapa de la regulación electoral, y que su evolución y transformación va mucho más rápido que los intentos del legislativo y de las autoridades electorales por dotar de certeza sobre el alcance a su regulación, ya que en la red digital cada día existen nuevos mecanismos para la transacción de bienes y servicios.

Para la democracia electoral mexicana ya resultaba un serio problema restringir el uso de recursos en la política (dinero en efectivo), cuya fuente es —a todas luces— ilegal. El uso de las nuevas tecnologías plantea retos que van más allá y que, sin lugar a dudas, resultará en un nuevo escenario que lleve a replantear el modelo de fiscalización actual que, a pesar de los grandes esfuerzos (económicos, legislativos y humanos) por reforzarlo, elección tras elección ha dado muestras de que su evolución va muy por detrás de los mecanismos desarrollados para evadirlo, dejando mal paradas a nuestras muy desgastadas instituciones electorales.

Sabemos que el cambio en gran medida se produce a partir de la experiencia. Para el desarrollo de la democracia en México, tales experiencias han sido algunas causantes de la severa crisis de legitimidad. Esperemos que en estas elecciones estemos preparados para efrentar los avances tecnológicos, de los cuales las criptomonedas o las tiendas virtuales son sólo una muestra.

@Eleccionesymas

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