Ex ministras y gobernadores, ¿pueden ser candidatos?

Las listas presentadas por los partidos de sus candidatos plurinominales contienen a personajes con un historial político controversial, será el 29 de marzo cuando el INE determine si proceden o no estos registros y para ello revisará el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad.

En días recientes se dieron a conocer las listas que cada partido político presentó para postular candidaturas por la vía de la representación proporcional (mejor conocidas como plurinominales). Llaman la atención algunas personas que, en principio, pudieran tener dificultades para cumplir todos los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución (artículos 55 y 58), particularmente en el caso de quienes buscan llegar al Senado.

De manera general, los requisitos de elegibilidad buscan garantizar, a partir de distintos criterios establecidos en la Constitución, cierta experiencia en quienes arriben al cargo, que se trate de ciudadanos mexicanos en uso y ejercicio de sus derechos políticos y, fundamentalmente, que de ostentar o haber ostentado algún cargo en un periodo de tiempo determinado, la postulación no atente contra la autonomía e independencia de la institución de la que se trate -tanto aquella a la que pertenecieron como a la que buscan pertenecer-. O bien, que como candidato no obtenga beneficio de su cargo en una potencial contienda electoral.

En particular, la elección para integrar la Cámara de Senadores atiende a tres principios diferentes: de mayoría relativa, primera minoría y representación proporcional (RP). A diferencia de los otros dos principios, las personas electas por RP obtienen la curul a partir de un cálculo de distribución, tomando como base la votación recibida por cada partido a nivel nacional. Para ello los institutos solicitan el registro de un listado único de 32 aspirantes que corresponde a todo el país.

El 29 de marzo el Instituto Nacional Electoral (INE) determinará si proceden o no los registros de las candidaturas, y para ello revisará el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad. Mientras tanto, han saltado a la vista algunos nombres, que, por su presunta inelegibilidad, podrían no ser aceptados por el INE. En tal circunstancia se encuentran la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero (MORENA), el Jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera (postulado por el PAN), el Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello (PVEM), y el ex líder sindical Napoleón Gómez Urrutia (MORENA).

Se expone el caso de Olga Sánchez Cordero, quien concluyó su cargo como ministra en noviembre de 2015. Los artículos 55 y 58 de la Constitución establecen como restricción para ocupar un escaño legislativo, el haber sido ministro o ministra de la SCJN, y no haberse separado del cargo tres años antes del día de la elección. Este se contrapone con el artículo 101 que señala una restricción similar, pero con un periodo de dos años.

La aparente contradicción entre los artículos citados da lugar a diferentes interpretaciones, mismas que serán motivo de pronunciamiento por parte de las autoridades electorales, tanto administrativa, como jurisdiccional de darse una probable impugnación. Es responsabilidad de estas autoridades determinar si la ex ministra cumple con los requisitos de elegibilidad  o no.

Por otro lado, en los casos del Jefe de Gobierno y del Gobernador de Chiapas, la Constitución establece que los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos [a una diputación o senaduría] en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo. Ambos continúan en funciones, y su mandato concluye pasada la jornada electoral, por lo que en tal lógica serían inelegibles. En este caso, la interpretación que se deberá dar es si dicha restricción aplica únicamente para quienes sean postulados por el principio de mayoría relativa, o si también incluye a aquellos que vayan por la vía de la representación proporcional.

Por último, el caso de Napoleón Gómez Urrutia, ex líder minero que durante los últimos 10 años ha vivido en Canadá. Por tal motivo se cuestiona si cumple con el requisito de residencia que exige el propio artículo 55 constitucional, que es de 6 meses.

De esta forma, la revisión que hará el INE de los requisitos de elegibilidad de cada una de las candidaturas cuyo registro fue solicitado por los partidos políticos trae consigo algunos retos de interpretación de la Constitución y la ley. Ello indica que muy probablemente estos casos, junto con otros que al momento desconocemos, quedarán en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y será la Sala Superior la que defina si en cada caso se cumplen los requisitos de elegibilidad o no y, en consecuencia, si procede su registro.

 

@Eleccionesymas 

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