Gobiernos de coalición en México

Es importante no confundir el planteamiento de la conformación de un gobierno de coalición con las coaliciones de carácter estrictamente electoral que cada vez son más frecuentes en nuestro país. Mientras en el primer caso se puede llegar a requerir que se cuente con la aprobación de una mayoría parlamentaria para la integración del gabinete, en el segundo los institutos políticos coaligados solo suman fuerzas para efectos de la contienda, mas no para desarrollar un programa de gobierno conjunto.

Al igual que la mayoría de los países en América, México se decantó por instaurar un sistema presidencial de gobierno que vivió su auge y consolidación durante el siglo XX, periodo en el que la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo fue particularmente tersa en un contexto en el que tanto el presidente como una abrumadora mayoría de los legisladores emanaban del mismo instituto político.

Esto cambió a partir de la integración de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión (1997), en la que -por primera vez desde el final de la Revolución Mexicana- ningún partido político contaba con una mayoría calificada en los órganos legislativos aun cuando el presidente tenía una mayoría simple de su partido en el Congreso, por lo que fue necesario reconfigurar la forma de conducir las relaciones entre ambos poderes de la Unión. Esta condición se acentuó con la alternancia en el poder que se dio en el año 2000, cuando el presidente Vicente Fox se enfrentó durante su gestión a dos legislaturas en las que un partido político de oposición era la fuerza parlamentaria mayoritaria y la dificultad para el establecimiento de consensos en torno a una variedad de reformas que se plantearon derivó en una parálisis legislativa que obligó a poner a discusión si se debe privilegiar la pluralidad o la gobernabilidad en un régimen democrático.

Este tipo de circunstancias no son ajenas a los regímenes parlamentarios, en los cuales el poder ejecutivo no es unipersonal, sino que se divide en una jefatura de estado y otra de gobierno, cargos que son designados de manera indirecta por la ciudadanía mediante la elección de los integrantes del congreso o parlamento y es este órgano el que designa a los integrantes del ejecutivo.

Para lograr estas designaciones se requiere contar con una mayoría calificada. Si ningún partido logra obtener por sí mismo el mínimo requerido para hacer estas designaciones, la alternativa entonces es la conformación de un gobierno de coalición, que es una alianza con otras fuerzas políticas −normalmente afines ideológicamente− con el objeto de contar con una mayoría legislativa calificada que le permita contar con los apoyos suficientes para designar al Primer Ministro así como al resto del gabinete, y que durante el resto del periodo trabaje coordinadamente para poder alcanzar objetivos comunes de forma más ágil. Entre los casos más recientes podemos encontrar los de España (2016), Reino Unido (2017) y Alemania (2018).

En este contexto se ha planteado que algunos elementos de los regímenes parlamentarios, adaptados para el contexto presidencial, pueden servir como herramientas que fomenten la gobernabilidad y convivencia democrática en esquemas de multipartidismo, también llamados democracias fragmentadas. En América Latina contamos con ejemplos en los que se ha implementado este modelo, tal es el caso del Frente Amplio en Uruguay.

Es importante no confundir el planteamiento de la conformación de un gobierno de coalición con las coaliciones de carácter estrictamente electoral que cada vez son más frecuentes en nuestro país. Mientras en el primer caso se puede llegar a requerir que se cuente con la aprobación de una mayoría parlamentaria para la integración del gabinete, en el segundo los institutos políticos coaligados solo suman fuerzas para efectos de la contienda mas no para desarrollar un programa de gobierno conjunto.

La posibilidad de contar con un gobierno de coalición se había debatido en diferentes momentos, pero no fue sino hasta la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014 que se sentaron las bases constitucionales (artículos 76 y 89) para su eventual implementación a través de mecanismos formales. En términos generales, la Constitución establece que quien ocupe la presidencia podrá formar una coalición de gobierno en cualquier momento de su mandato con los partidos representados en el Congreso de la Unión. Dicho gobierno estará regulado a través de un convenio y programa que tendrá que ser aprobado por la Cámara de Senadores, la cual además tendría la función de nombrar a la mayor parte de los secretarios de Estado.

La pregunta que surge es ¿cómo se regirá un posible gobierno de coalición? A la fecha el Congreso de la Unión no ha elaborado el cuerpo normativo reglamentario que permita implementar un gobierno de este tipo. Tal circunstancia no es producto de la inexistencia de iniciativas, pues al momento existen varias a nivel constitucional y secundario que buscan dar rumbo a la manera en la que operará el gobierno de coalición. Otra posibilidad podría ser que el propio convenio constituya el instrumento legal rector del gobierno de coalición.

Lo cierto es que al día de hoy no existe claridad sobre las bases jurídicas para realizar un gobierno de coalición, por lo que surgen ciertas dudas, entre ellas ¿bajo qué circunstancias se disuelve o se entiende como terminado? ¿Qué ocurre si se incumple con el plan de gobierno? ¿Los partidos que conformen el gobierno de coalición deberán tener algún tipo de mayoría en el Congreso de la Unión? Por mencionar algunas que nos parecen importantes.

El tema es relevante, sobre todo ante la propuesta de la coalición Por México al Frente al respecto a la posibilidad de instrumentar un gobierno de coalición.

 

@Eleccionesymas

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