El costo de estas campañas

De acuerdo al gasto reportado al INE, quien resultó ganador de la contienda presidencial gastó menos de la mitad de lo que hicieron quienes quedaron en el segundo y tercer lugar respectivamente.

Es natural que en un proceso electoral el día de la votación sea el evento que acapara los reflectores y que al electorado nos dé la sensación de ser el punto culminante del mismo, y si bien la jornada comicial es el momento donde estos procesos alcanzan su clímax, esto no significa que sea el final de los mismos. Así, las semanas posteriores son una etapa en la que tienen ocasión diversos momentos procedimentales de gran relevancia, siendo uno de estos la presentación de los dictámenes de fiscalización del gasto de campañas por parte de la autoridad electoral, en este caso, el Instituto Nacional Electoral.

Hasta antes de la reforma electoral de 2013-2014 la fiscalización de las campañas se desahogaba con holgada posterioridad a la entrega de la constancia de mayoría a los legisladores federales y al presidente de la República, o incluso después de la toma posesión de los cargos por parte de las y los candidatos ganadores. Sin embargo, tras las modificaciones incluidas en la reforma citada, la fiscalización de las campañas ahora ocurre prácticamente a la par del desarrollo de estas, lo que permite contar con los dictámenes de fiscalización de las campañas −federales y locales− con mucha mayor antelación.

Esto es necesario, pues como parte de aquella reforma se incluyó como causal de nulidad de la elección el exceder el gasto de campaña en un 5% del monto autorizado[1], cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar sea menor al 5% de la votación obtenida[2] pues esto se considerará una violación grave, determinante y dolosa que ameritará anular los comicios.

Y aunque en los próximos días estaremos conociendo los resultados de este ejercicio y en su caso, las sanciones que se deriven de los incumplimientos detectados, desde ahora podemos esperar que no haya nada que resulte especialmente sorpresivo, al menos en lo relativo al gasto de campaña de las y los candidatos ganadores tanto de la presidencia de la República como de las gubernaturas que estuvieron en disputa el pasado 1 de julio.

En Strategia Electoral elaboramos un documento en el que se analiza el gasto reportado al INE frente al tope de gastos permitidos por tipo de candidatura que resultó ganadora. El primer aspecto que vale la pena destacar es que quien resultó ganador de la contienda presidencial gastó menos de la mitad de lo que hicieron quienes quedaron en el segundo y tercer lugar respectivamente.

Para ponerlo en proporción, el tope de gastos autorizado para las campañas presidenciales fue de $429,633,326.00 pesos. Andrés Manuel López Obrador reportó gastos por un monto de $156,047,025.80 (36.6% de lo autorizado) y dada la cantidad de votos que obtuvo, si hiciéramos un ejercicio de distribución de costos encontraríamos que esta campaña invirtió $5.18 pesos por voto obtenido.

Lo anterior contrasta significativamente con el caso de Yucatán, donde la campaña del candidato ganador (Mauricio Vila Dosal) debió gastar $60.36 por cada voto obtenido, lo que lo convierte en el candidato ganador de su elección cuyos votos resultaron más caros en contaste con las otras gubernaturas.

De esta compilación podemos ver que no se puede establecer una relación entre el monto gastado en campaña y los resultados obtenidos, pues mientras el candidato ganador en Chiapas (Rutilio Escandón Cadenas) gastó poco más del 13% del monto autorizado, la ganadora de la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México (Claudia Sheinbaum Pardo) gastó casi el 90% de lo permitido.

Un aspecto que también visibiliza este documento es la apuesta que hizo el presidente electo por retomar los eventos como el principal rubro de gasto y no la publicidad en medios impresos, la entrega de utilitarios o el pautado de inserciones en portales de internet y redes sociales.

Finalmente, lo que podemos observar es que la introducción de sanciones tan graves como la eventual anulación de una elección quizá ha logrado el cometido de disuadir a los contendientes de buscar alternar la equidad de la contienda mediante la inyección de mayores recursos a los permitidos por la norma y en el afán del escrupuloso cuidado en el cumplimiento de esta norma, estas campañas han puesto sobre la mesa, aun inadvertidamente, que es posible tener una campaña exitosa con menores recursos de los estimados en la ley, por lo que es posible abrir el debate público sobre este tema hacia el futuro, tanto a nivel federal como local.

 

@Eleccionesymas

 

[1] Artículo 41, fracción VI, párrafo tercero, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[2] Artículo 78 bis, numeral 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Close
Comentarios