La deuda pendiente con el trabajo doméstico

La SCJN tiene frente a sí la oportunidad de contribuir con la disolución de esa discriminación estructural para el gremio de las trabajadoras domésticas al resolver el Amparo Directo 9/2018, en el que uno de los problemas constitucionales identificados es el resolver si la omisión de proveer mecanismos de seguridad social a las personas que se dedican al trabajo doméstico resulta discriminatorio.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en México hay una Población Ocupada Informal (POI) de 30.5 millones de personas. En esa población se agrupan las siguientes modalidades de trabajo: sector informal, trabajo doméstico remunerado de los hogares, trabajo agropecuario no protegido y trabajo subordinado que aunque trabajan en unidades económicas formales no cuentan con seguridad social. Tales cifras corresponden a la población de Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato, aproximadamente.

Un poco más del 8 por ciento de esa POI, algo así como la población del estado de Coahuila, corresponde a personas ocupadas en el trabajo doméstico remunerado, es decir, cerca de 2.5 millones de personas. La misma ENOE reporta que de cada 100 personas ocupadas en el trabajo doméstico remunerado, 90 son mujeres. Además, 99 de esas 100 personas laboran sin un contrato escrito. Se describen entonces dos situaciones que merecen atención: la feminización del trabajo doméstico remunerado –situación que no es distinta para el trabajo doméstico no remunerado–, así como la inestabilidad y precariedad laboral derivadas, a su vez, tanto de la falta de seguridad social como de un contrato laboral escrito.

Tales cifras y realidades son resultado de muchas dinámicas socioeconómicas a las que contribuye un factor fundamental que es a la vez causa y consecuencia del problema: la Ley Federal del Trabajo establece que los patrones (sic) no tienen la obligación de inscribir a los trabajadores domésticos (sic) ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se argumenta que lo anterior no impide a las y los trabajadores inscribirse en el régimen voluntario del IMSS, el cual no permite el ingreso al sistema de financiamiento público de vivienda o a pensión. Otro argumento que con frecuencia se utiliza para justificar la omisión de obligación de dotar de seguridad social a trabajadores domésticos es el hecho de que las personas empleadoras tienen obligaciones de cubrir los costos de servicios médicos en ciertos supuestos, lo cual, en los hechos, queda al arbitrio, voluntad y posibilidad económica de las personas que emplean.

Lo anterior implica que las personas que se dedican al trabajo doméstico están sujetas, de hecho, a la voluntad de aquellas que las emplean en lo que respecta tanto a las condiciones laborales como a la protección de su salud –dos derechos humanos fundamentales– y que la ley genera todos los incentivos para ello. Además, implica que no pueden nunca aspirar a la adquisición de una vivienda vía un sistema de seguridad social.

En particular, al hablar de las mujeres que se dedican al trabajo doméstico remunerado, podemos afirmar que son víctimas de una discriminación estructural, concepto que alude a las condiciones que causan y perpetúan una situación de desventaja y sometimiento de un grupo frente a otro, más allá de una desigualdad formal ante la ley. En ese sentido, algunas de las características que reúne el concepto tienen que ver con la situación de la desventaja social de un grupo frente a otro, un tratamiento normativo o de política pública que en sí misma sea discriminatoria o bien que genere desventajas no razonables para este grupo, además de que esa desventaja sea histórica y generalizada.

En ese contexto, llega a la SCJN el Amparo Directo 9/2018 interpuesto por una mujer que ha prestado sus servicios como trabajadora doméstica por 50 años y alega discriminación al resolver sobre sus derechos laborales. El caso representa la posibilidad para incorporar la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre discriminación estructural, así como un control de convencionalidad respecto al artículo 11 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW), que establece la obligación de los Estados parte de adoptar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en el empleo, en particular el derecho a la seguridad social.

Es decir, las categorías de género y condición social no pueden estar excluidas del análisis del caso en concreto pues éste da cuenta de un patrón sistémico de violación a derechos laborales y a la seguridad social de trabajadores de un gremio altamente feminizado, con un promedio de escolaridad bajo, que con frecuencia ha migrado de zonas rurales o semirurales y que, con frecuencia también, es hablante de una lengua indígena.

La máxima autoridad judicial del país tiene frente a sí la oportunidad de contribuir con la disolución de esa discriminación estructural para el gremio de las trabajadoras domésticas al resolver el Amparo Directo 9/2018 en el que uno de los problemas constitucionales identificados es el resolver si la omisión de proveer mecanismos de seguridad social a las personas que se dedican al trabajo doméstico resulta discriminatorio. Además, al ser una mujer la quejosa y ante la realidad de que el trabajo doméstico está altamente feminizado, deberá aplicar una perspectiva de género en el análisis del caso.

La resolución de este caso, sobre el cual se está formulando un segundo proyecto para conocimiento de la Segunda Sala de la SCJN, es relevante por la posibilidad de trascender las resoluciones conforme al criterio tradicional de igualdad formal ante la ley, pues no pueden desestimarse la desigualdad estructural que genera condiciones adversas para que las trabajadores puedan negociar con la parte empleadora la inscripción al régimen voluntario del IMSS en el marco de un mercado laboral que parte de la falacia de un mercado en el que todas las personas participamos en igualdad de condiciones.

Además, al ser una materia laboral en la que existe la posibilidad de que se aplique la “suplencia de la deficiencia de la queja”, es decir, apoyar a la persona quejosa en reforzar aquellos planteamientos que no hayan sido del todo acabados, tendrá la oportunidad de establecer precedentes sobre la aplicación de tales instituciones jurídicas desde una perspectiva de género.

En conclusión, la resolución correspondiente al Amparo Directo 9/2018 que está por analizar la SCJN, debe tomar en cuenta que el trabajo doméstico es una profesión u oficio altamente feminizado y existen razones estructurales para ello. A su vez, tradicionalmente, el trabajo doméstico ha sido escasa y desfavorablemente regulado como trabajo formal. Para evitar perpetuar normativamente una discriminación estructural en razón de género, empleo y origen socioeconómico, es necesario trascender una visión formalista de igualdad ante la ley para adoptar aquella de igualdad sustantiva plasmada en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligatoria para nuestro país.

La aplicación de instituciones, principios y métodos de análisis jurídicos como la suplencia de la queja deficiente, el principio de congruencia y el análisis holístico de una regulación no pueden ser ajenos a la perspectiva de género.

Es necesario el ejercicio de control de convencionalidad en el caso concreto, de manera especial respecto al contenido del artículo 11, inciso e, de la CEDAW. Para el Poder Ejecutivo, se señala su responsabilidad respecto a la ratificación del Convenio 189 de la OIT correspondiente al trabajo doméstico –un gran pendiente para cerca de 2.5 millones de personas en el país.

Finalmente, es innegable el impacto de las decisiones judiciales sobre los derechos sociales y experiencias como la colombiana y argentina dan cuenta de que el activismo judicial tiene efectos reales en la reducción de la brecha de desigualdad en el ejercicio de derechos de las personas.

 

@COPRED_CDMX

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