Temas prioritarios

A pocos días de que tomen protesta de sus cargos las nuevas personas titulares de la presidencia de la república y del gobierno de Ciudad de México, es oportuno hacer un análisis sobre el tema de la discriminación tanto en el país como en esta Ciudad Capital. Reflexionar sobre ello es más que necesario en momentos en los que el racismo, la xenofobia y otras causas de discriminación se manifiestan día a día, ya sea en eventos como el atentado antisemita que tuvo lugar hace unos días en la ciudad de Pittsburg, los mensajes de odio presentes en redes en torno al éxodo migrante proveniente de Centroamérica, o la manera en la que candidatos han generado capital político a través de un discurso basado en el rechazo a las diferencias y en la defensa de un status quo actualmente inexistente pero presente en el imaginario de sus seguidores (léase Donald Trump o Jair Bolsonaro).

En un escenario global cada vez más convulso y polarizado, resulta contrastante que tanto en México como en Ciudad de México, resultaran electos gobernantes que han manifestado que favorecerán una agenda con enfoque de derechos humanos. Sin embargo, tanto a nivel nacional como a nivel local existen factores que amenazan las conquistas en materia de igualdad y no discriminación y que incluso pueden resultar regresivas. Ante ello no es opción ser indiferentes, razón por la cual se hace un breve recuento de algunas situaciones que requieren especial atención, sin que se pretenda hacer una lista exhaustiva de los numerosos retos que enfrentamos en la materia.

Si bien a nivel nacional se han visto avances significativos a favor de los derechos de distintos grupos de población, es un hecho que seguimos viviendo en un país que discrimina. La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) señala que un 20.2% de la población de 18 años o más declaró haber sido discriminada en el último año por motivos como su apariencia (tono de piel, peso o estatura, y forma de vestir o arreglo personal) sus creencias religiosas, sexo, edad, orientación sexual, manera de hablar, clase social o el lugar donde vive, y se publicaron los resultados específicos relacionados con personas indígenas, con discapacidad, personas de la diversidad religiosa, personas mayores, de la diversidad sexual y de género, niños y niñas, trabajadores y trabajadoras del hogar remuneradas, mujeres, personas jóvenes, estos resultados mostraron que dichos grupos siguen estando sujetos a actos de discriminación de manera frecuente.

A nivel nacional existe una serie de discusiones en torno a acciones concretas para el eficaz combate a la discriminación. En el caso de las personas trabajadoras del hogar se encuentra pendiente de resolución un Juicio de Amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar. Cuando fue dado a conocer el proyecto de resolución, fue objeto de fuertes críticas toda vez que consideraba razonable que las trabajadoras del hogar no se encuentren contempladas dentro del régimen obligatorio del seguro social, bajo el argumento de que la naturaleza de esa labor los distingue del resto de los trabajadores y ameritan un trato diferenciado, negando con ello derechos laborales a este grupo de población. Es importante mencionar que con relación a esta temática existe una exigencia reiterada para que México ratifique el Convenio 189 de la OIT sobre los derechos de las trabajadoras y trabajadores domésticos.

Al hablar de diversidad sexual, debemos considerar que en 11 estados y Ciudad de México existe el reconocimiento del derecho para que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, sin embargo, todavía en la mayor parte de las entidades federativas se tiene que acudir a la vía judicial para poder ejercer dicho derecho.

En cuanto al reconocimiento de identidad de personas transexuales y transgénero existen resoluciones judiciales que establecen en forma meridiana que se trata de un derecho humano protegido por la Constitución, sin embargo, igual que en el caso de los matrimonios igualitarios aún falta legislar en la mayor parte del país para que las personas trans puedan ver reconocido su derecho a la identidad sin necesidad de una sentencia derivada de un juicio; además, es urgente contar con un marco normativo que contemple a la infancia trans, muchas veces invisibilizada, toda vez que a partir del reconocimiento de su identidad como derecho marco se pueden prevenir una serie de violaciones de las que están sujetos este grupo de población.

En materia de equidad de género aún hay un largo camino por avanzar, ya que la discriminación hacia las mujeres puede considerarse estructural, de acuerdo al INEGI, la violencia contra las mujeres es un problema de gran dimensión y una práctica social extendida en todo el país, puesto que 66 de cada 100 mujeres de 15 años y más, residentes en el país, ha experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo, ya sea emocional, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación laboral. Esta violencia se manifiesta en extremos tales como la violencia feminicida que ha detonado alertas de género en los estados de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit estando pendiente de resolución las solicitudes correspondientes a Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Yucatán y Zacatecas, que en total dan 21 de las 32 entidades federativas de la República Mexicana.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado en sentencias en contra del Estado mexicano; sin embargo, sigue siendo un gran pendiente en la agenda nacional, a pesar de que el Comité de la CEDAW este año emitió una serie de observaciones y recomendaciones luego de la examinación del 9° informe de México ante este mecanismo, en el que destaca el “adoptar medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones forzadas de mujeres, incluso abordando las causas profundas de dicha violencia, incluida la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación”. Tampoco podemos dejar de señalar que un estudio de CONAPRED y la CEPAL señala que incluso cuando su empleo y educación son similares, los hombres ganan en promedio 34% más que las mujeres y que aunque 51% del funcionariado de la Administración Pública Federal es mujer, tres cuartos (72.5%) de los puestos directivos están ocupados por hombres.

Si bien, se deben aplaudir las acciones que buscan restaurar el tejido social y la priorización de ciertos grupos en situación de discriminación, se debe también reflexionar frente a las propuestas que buscan incrementar las horas y carga de trabajo al personal de la administración pública y que puede impactar en forma negativa el tema de la conciliación familiar, la falta de políticas públicas que atiendan la situación de familias que se ven en la necesidad de dividir su vidas entre el ámbito familiar y el laboral, así como la relación directa entre la carga de trabajo y el servicio que se brinda a la ciudadanía.

No es posible en este espacio abordar todos los temas pendientes en la agenda pública a nivel federal, pero no debemos dejar de mencionar las problemáticas que enfrentan los pueblos indígenas y el respeto a su territorio, consulta y cultura; la población mayor y la falta de oportunidades, así como la nula garantía a derechos como la seguridad social; la personas con discapacidad y la falta de políticas para atender la salud mental o la necesidad de reconocer y garantizar el acceso de la población sorda a la lengua de señas mexicana, y en general la deuda de un marco normativo adecuado para lograr un acceso real a los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Después de un recuento que puede considerarse hasta “apresurado” llegamos al momento de comentar sobre la Ciudad de México, es un hecho conocido que la Ciudad de México cuenta con políticas, que en comparación con el resto del país e incluso a nivel regional y mundial, pueden considerarse de avanzada en materia de derechos humanos e igualdad y no discriminación. La Ciudad de México, cuenta con una Constitución local progresista y respetuosa de los derechos humanos, sin embargo, aún existen grandes retos y oportunidades en la materia.

Ciudad de México cuenta con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) espacio que con el paso de los años se ha consolidado como una instancia que goza de la confianza de la ciudadanía. En el año 2017, el COPRED realizó la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS 2017), en ella se coloca al Derecho a la Salud como el más importante identificado por las y los ciudadanos, seguido por el Derecho a la Educación.

Los resultados de la EDIS 2017 indican también un aumento sustancial en el reconocimiento al derecho a la vivienda y la libertad de expresión como fundamental para la ciudadanía, asimismo se desprende que ésta ve a la igualdad como un derecho llave para acceder al resto de derechos. La encuesta muestra que mientras que en 14 de 16 delegaciones (hoy alcaldías), el grupo con la percepción más alta de discriminación es la indígena, en las 2 alcaldías restantes la ciudadanía percibe que los grupos en mayor estado de discriminación fueron las personas homosexuales y las de piel morena.

El COPRED cuenta con la facultad de conocer de presuntos casos de discriminación, a pesar de que la encuesta muestra el derecho a la salud como el que se percibe más vulnerado, la mayoría de los casos que acuden al Consejo se encuentran en el ámbito laboral, siendo el despido por embarazo conducta discriminatoria que se reporta con mayor frecuencia. Alrededor de un cuarto de las quejas interpuestas ante el Consejo se deben a esta causa, y a ella debemos sumar los casos derivados de violaciones a derechos como el permiso de lactancia, la licencia de maternidad o aquellas quejas que derivan de haber sido despedidas por falta de políticas de conciliación familiar o acoso sexual que exigen, como en el resto del país, la transversalización de la perspectiva de género en todas las políticas y programas públicos.

La discriminación con motivo de la orientación sexual y la identidad de género es también un tema recurrente en el Consejo, con cerca de un 8% de los casos presentados versan sobre temas como el derecho al trabajo, la negativa a usar espacios públicos, negativa de servicios o agresiones directas que pudieran ser calificadas como crímenes de odio.

Los casos son muchos y muy variados cuando se trata de derechos de personas con discapacidad, pudiendo destacarse la reitera negativa a brindar un servicio a personas acompañadas de un perro de asistencia; la falta de interpretación de calidad a lengua de señas mexicana; falta de accesibilidad a personas con discapacidad motriz y visual o la falta de políticas públicas para atender problemas relacionados con discapacidad psicosocial.

En cuanto a la población indígena y migrante, si bien en la Ciudad de México existen políticas públicas enfocadas a estos grupos de población con mayor grado de protección que en otras entidades federativas, siguen encontrando en nuestra entidad obstáculos estructurales que les impiden acceder a derechos básicos pues las políticas existentes siguen siendo insuficientes para poder salvar la brecha de desigualdad histórica que tienen estos grupos frente al resto de la población, una situación similar enfrentan los grupos de personas que viven en situación de calle, quienes muchas veces son invisibilizados.

Como podemos observar, el cúmulo de temas que requieren de atención inmediata es enorme, este recuento es muy limitado y su intención es solo ejemplificar una serie de retos existentes en materia de discriminación y derechos humanos, a nivel local, federal, regional y mundial. Ante la incertidumbre que genera el escenario internacional, las ciudades a nivel global se han convertido en espacios de resistencia y de propuesta, impulsando medidas a favor de las personas. La Ciudad de México es un ejemplo de ello, con iniciativas que han motivado reformas y resoluciones que impactan a nivel nacional y siendo imitada por otras entidades federativas abriendo paso al reconocimiento de derechos básicos para grupos de población que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Frente a la necesidad de colocar los derechos humanos y la dignidad de las personas como ejes de las acciones del Estado, en la Ciudad de México, si bien aún hay camino por recorrer y retos que vencer, cuenta con las herramientas para poder asumir esos retos y generar prácticas que resulten en acciones y políticas ejemplares.

 

@COPRED_CDMX

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