El alza de delitos, la negación y la respuesta tardía

Pareciera inverosímil pero nueve años después de que iniciara la crisis de violencia, a casi cuatro del sexenio, las cosas se siguen haciendo igual. Primero se niegan los problemas; luego, cuando se aceptan, se implementan respuestas tardías diseñadas al vapor y que, por lo tanto, algunas veces resultan erradas, o que no son adecuadas para distintas realidades y contextos.

Por: Marcela Figueroa Franco

Mientras el presidente Enrique Peña Nieto presentaba su cuarto informe de gobierno y emitía su mensaje a la nación (aunque ahora en modalidad Town Hall), un 73 por ciento de la población del país seguía considerando que vive en un entorno inseguro. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE),[1] dicha cifra además aumentó durante el sexenio actual. Si para 2011 (primer año del que se tiene registro de esta variable), la percepción de inseguridad era de 69.5 por ciento, para el 2015 ésta fue de 73.2 por ciento.

Cuando la realidad rebasa a las cifras oficiales

¿Es esta percepción “justa” con la realidad? Los datos dicen que sí. En primer lugar, si analizamos los datos de homicidios dolosos, la variable estandarizada internacionalmente y más confiable para medir la violencia,[2] identificamos que estos han ido en aumento en los dos últimos años. De acuerdo una proyección para 2016 hecha por Causa en Común,[3] al finalizar el año se habrán registrado 19,297 homicidios dolosos, es decir, más de dos mil homicidios más que en 2015 cuando se registraron 17,028. Esto significa que, la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes será de 15.78, cifra que, además, va en ascenso por segundo año consecutivo (Gráfico 1).

*Nota: La tasa correspondiente a 2016, se calculó con base a un promedio mensual anualizado de los homicidios dolosos de enero a julio. Fuente: Elaboración propia con información del SESNSP, 2016.
*Nota: La tasa correspondiente a 2016, se calculó con base a un promedio mensual anualizado de los homicidios dolosos de enero a julio. Fuente: Elaboración propia con información del SESNSP, 2016.

Asimismo, hay estados como Veracruz, Michoacán, Morelos, Chihuahua y Baja California que ya sumaron más homicidios dolosos durante los meses de enero a julio de 2016 que en el mismo periodo del 2015, lo que indica que, para cuando acabe 2016, habrán superado el año anterior por un amplio margen. Incluso, en estos siete meses, otros como estados como Colima y Zacatecas ya rebasaron el número de los homicidios dolosos registrados durante todo 2015.

Sin embargo, al comparar el total de delitos (homicidio, extorsión, secuestro, robo, lesiones, etc.) registrados a nivel nacional y reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública[4] es notorio cómo, a partir de 2012, la tendencia en la tasa de incidencia delictiva va en descenso (Gráfico 2). Desafortunadamente, dado al alto porcentaje de delitos que no se denuncian, estas cifras distan mucho de reflejar la realidad.

De acuerdo a la ENVIPE, encuesta enfocada en medir la percepción de inseguridad y de calcular la tasa real de delitos (incluidos aquellos que no se denuncian), la incidencia delictiva no sólo es mucho más alta, sino que ha ido en aumento. Estos datos revelan que, aunque no existe mucha diferencia entre 2013 y 2014, la tasa registrada en estos dos años es superior en más de seis mil delitos y en más de 11 mil si se compara con 2010 y 2011 (Gráfico 3).

Fuente: Elaboración propia con información del SESNSP, 2016.
Fuente: Elaboración propia con información del SESNSP, 2016.

 

Nota. La gráfica contiene únicamente datos correspondientes hasta 2014 debido a que este es el último año del que hay registro. Fuente: Elaboración propia con información de la ENVIPE, 2016.
Nota. La gráfica contiene únicamente datos correspondientes hasta 2014 debido a que este es el último año del que hay registro. Fuente: Elaboración propia con información de la ENVIPE, 2016.

¿A qué se debe tal discrepancia? Como ya se mencionó, en primer lugar, esto se explica por el bajo porcentaje de delitos que se denuncian. En segundo, a que el porcentaje de delitos que no se denuncian también ha ido en aumento en los últimos años. De acuerdo con la ENVIPE, en 2012, el porcentaje de delitos denunciados fue de 12.2. Para 2013 y 2014, los porcentajes fueron de 9.9 y 10.7 respectivamente.

Una explicación para la no denuncia es la baja confianza que la población tienen las instituciones de seguridad y justicia. Por ejemplo, a nivel nacional existe una confianza de 41.5 por ciento en las procuradurías de justicia y ministerios públicos de las entidades y en la policía municipal una confianza del 36 por ciento (ENVIPE 2015). En este rubro, los primeros tres años del sexenio tampoco han mejorado. Por ejemplo, si bien la Marina y el Ejército se mantienen como las agrupaciones que mayor confianza generan entre la población, este porcentaje también se ha reducido. Si para el 2013 83.3 por ciento de la población confiaba en la Marina, para 2015 esta bajó a 81.6 por ciento. En cuanto al Ejército, el porcentaje de confianza en esta institución pasó de 80.1 a 77.6 (Gráfico 4). Lo anterior está ligado muy probablemente con todos los casos que han salido a la luz acerca no sólo de simple corrupción en las instituciones de seguridad, sino en casos documentados en las que los miembros de las fuerzas armadas estuvieron relacionados con graves violaciones a los derechos humanos e incluso casos documentados de tortura.

Fuente: Elaboración propia con información de la ENVIPE, 2016.
Fuente: Elaboración propia con información de la ENVIPE, 2016.

¿Qué se está haciendo para enfrentar estas problemáticas?

Un claro ejemplo de la inconsistencia de las acciones del gobierno mexicano para enfrentar la crisis de seguridad, la dio el mismo presidente Peña Nieto en el 40º sesión del Consejo Nacional de Seguridad llevado a cabo este martes 30 de agosto. Después de meses de no reconocer que la tasa de homicidios dolosos iba en aumento, finalmente lo hizo y anunció una estrategia para reforzar las acciones de prevención social, fortalecimiento institucional y combate a la violencia en los 50 municipios en donde se concentra el 42 por ciento de los homicidios dolosos registrados durante este año.

Sin embargo, esta estrategia no es precisa y el criterio de selección de los municipios es muy problemático y genera muchas dudas. En primer lugar, dado que se toma en cuenta la cifra de homicidios totales, los 50 municipios con más homicidios serán probablemente los más grandes. En ese caso, se hubiese tenido que identificar las tasas de crecimiento por cada 100,000 habitantes. Es muy probable que algunos municipios pequeños pero muy violentos se queden fuera de esta lista. O algunos otros con mayor población sean integrados a la estrategia sin necesitarlo, al menos de una manera urgente.

El segundo error del criterio de selección es que sólo toma en cuenta lo que va del año. Es decir, no identifica en qué municipios crecieron más los homicidios dolosos con respecto al año pasado. Habrá algunos que se han mantenido estables en el último año, y otros que, habrán crecido exponencialmente en los últimos meses. Hay lugares como Guerrero que se han mantenido en altos índices de violencia en los últimos años; pero hay otros, como Colima, en donde apenas este año se empezaron a registrar altas tasas de homicidios. Y esto último se liga con el tercer error de criterio: la uniformidad de las estrategias. En este caso se necesitaría elaborar un diagnóstico regional y estatal para identificar los momentos, y causas, que originaron que en estos lugares en particular incrementara la violencia y, a partir de ahí, diseñar diferentes estrategias. No sabemos por ejemplo, si en todos los casos se trata el alza de homicidios está relacionada directamente con el crimen organizado o se trata de otro tipo de violencia, que evidentemente necesitaría otro tipo de estrategias.[5] En este sentido resulta necesario que el gobierno federal de a conocer la metodología que utilizó para identificar a estos 50 municipios.

Otro ejemplo es el de hace ya casi dos años, en noviembre de 2014, cuando el presidente propuso una serie de medidas para hacer frente a la crisis se inseguridad, impunidad y corrupción. En diciembre de 2015, en este mismo espacio, Causa en Común hizo una revisión de los avances de dichas acciones. En esa ocasión, hace ya casi nueve meses, encontramos que, de diez acciones, sólo se habían cumplido dos: la promulgación del Reglamento de la Ley General de Víctimas y la Operación del Registro Nacional de Víctimas. Haciendo una nueva revisión, encontramos que el mayor logro, impulsado además por la sociedad civil, ha sido el de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. En cuanto a la Clave Única de Identidad, los recursos destinados al tema han sido insuficientes y avanza con lentitud, mientras que, con relación al teléfono único de emergencias (911), apenas fue anunciado en el reciente Consejo Nacional de Seguridad que este iba a arrancar, y sólo en algunos estados, hasta octubre. Otras de las propuestas, como las leyes contra la desaparición y la tortura y el Mando único, ahora mixto, están “atorados” en el legislativo. Además, por ejemplo, el dictamen de reforma constitucional en materia de seguridad aprobado en Senado plantea muchos cambios pero no cambia nada de fondo, y sobre todo no garantiza la profesionalización y dignificación de nuestras policías.

Pareciera inverosímil pero nueve años después de que iniciara la crisis de violencia, a casi cuatro del sexenio, las cosas se siguen haciendo igual. Primero, se niegan los problemas; luego, cuando se aceptan, se implementan respuestas tardías diseñadas al vapor y que, por lo tanto, algunas veces resultan erradas, o que no son adecuadas para distintas realidades y contextos. Además, como ya se señaló, los criterios de selección para la atención urgente de municipios siguen sin ser claros, lo que sólo acarrea desconfianza y generación de suspicacias ante, por ejemplo, su uso con fines electorales.

Esperamos que en el mensaje que el presidente emita este jueves primero de septiembre se nos presenten otras medidas para hacer frente al alza de delitos. Ojalá que el presidente se dirija a ese 73 por ciento de la población que vive con temor de ser asaltada, robada y violentada y les diga qué va a hacer diferente para mantenerlos seguros y para que vuelvan a confiar en las instituciones.

 

* Marcela Figueroa Franco. Investigadora en @causaencomun.

 

 

[1] Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.

[2] Los homicidios dolosos son la variable estandarizada internacionalmente para medir la violencia ya que, en su gran mayoría, este delito siempre se denuncia. A diferencia de otro tipo de crímenes de alto impacto como la extorsión, el secuestro y la violación, los homicidios rara vez pasan desapercibidos. Aunque no se de con un responsable o no se denuncie el hecho, existe un cadáver que da cuenta del delito, lo que hace que estas estadísticas sean las más confiables. Para estas mediciones se toman únicamente en cuenta los homicidios dolosos ya que, a diferencia de los culposos (accidentes de tránsito, atropellamientos, etc.), estos son intencionales.

[3] La proyección anual se calculó con base en las cifras de homicidios disponibles, correspondientes a los meses de enero a julio. La fórmula utilizada fue: (suma de homicidios/número de meses disponibles x 12). Es decir 11,257/7 x 12. Lo cual dio un resultado de 19,297 homicidios totales.

[4] Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

[5] En un artículo publicado en Nexos en agosto de 2006, Eduardo Guerrero identifica por ejemplo que en Oaxaca la violencia, es decir, el número de homicidios dolosos no tiene que ver con el crimen organizado.

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