¿Quién protege a los policías?

Queremos que la Policía nos trate con respeto y justicia, pero muchas veces estamos dispuestos a insultar a un agente con tal de librar una infracción. Queremos que se haga justicia, pero en la casa del vecino.

Por: Juan Pablo Arango Orozco

Gracias a los teléfonos inteligentes y a las redes sociales, se ha vuelto frecuente la presencia de lords y ladies en las pláticas de sobremesa. Entre tantos personajes éticamente indeseables, destacan múltiples videos y notas donde la actuación policial deja mucho que desear, poniendo en evidencia las múltiples carencias que los agentes de policía tienen para realizar su labor.

Como ejemplo se pueden observar dos casos ocurridos esta semana en la Ciudad de México. El primero corresponde a un par de policías que acudieron a un llamado para contener la presencia de una persona que está en conflicto con su aparente ex pareja. En el video se puede observar que los policías son insultados reiteradamente hasta que el personaje en cuestión exhibe un arma de fuego y le dice al agente que le pondrá una bala en la cabeza, con el arma empuñada y apuntando hacia arriba. Los policías, en lo que luce, mínimamente, como un claro desconocimiento de los protocolos de uso de la fuerza, se hacen de empujones para finalmente dejarlo ir, cuando a toda vista de cualquier ciudadano, el acto de ese personaje ameritaría su debida detención, ya no tanto por los insultos (el delito de ultrajes a la autoridad, establecido en el artículo 287 del Código Penal del Distrito Federal, fue considerado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en marzo de este año) sino por la mera portación del arma de fuego y la amenaza explícita que el individuo hace a la autoridad.

El segundo caso trata de una agente de tránsito en el centro de la Ciudad, quien, en compañía de otras colegas, intentan infraccionar y advertir al conductor de un furgón de mensajería que conduce en sentido contrario. El conductor, como respuesta, luego de un intercambio de palabras con las policías, decide abandonar el lugar y ¿por qué no? arrolla a una de las agentes, quien estaba a la puerta del vehículo, tratando de retener al personaje, que, al acelerar, provoca su tropiezo y pasa por encima de ella. Cuadras más adelante el personaje fue detenido, pero ¿de verdad era necesario que se comportara de esa forma?

En todo caso, es una muestra del enorme distanciamiento entre la autoridad y los ciudadanos. Estos son ejemplos de la crisis de legitimidad que existe en la Policía. La desconfianza se traduce en la falta de respeto y en impunidad. Es una situación que no puede ser considerada gratuita. La Policía es la institución que mayor resquemor genera. Más de 60 % de los mexicanos consideran a las policías estatales corruptas y les tienen miedo, según la ENVIPE más reciente. Pero no solo se trata de policías mal capacitados, se trata de un problema estructural. Las instituciones de policía mexicanas históricamente han servido a los intereses del régimen para mantener el control social y obtener recursos a costa de su imagen, de su efectividad y de la confianza ciudadana.

En el artículo “Cuadrar el delito. Corrupción institucional y participación de policías en el secuestro en México”, escrito por Miquel Á. Ruiz Torres y Elena Azaola Garrido y publicado en la revista Perfiles Latinoamericanos en 2014, muestra claramente el grave distanciamiento que existe entre la sociedad y la policía, a través del relato de un policía de 52 años, de edad, purgando condena por secuestro:

“Poco a poco, el mismo medio lo va cambiando a uno. Vi cosas que nunca hubiera visto: accidentes, violaciones, agresión: el uniforme es símbolo de agresión. Cuando te ven con tu uniforme, te mientan la madre, te avientan piedras porque poco a poco se ha ido deformando la imagen. Al principio no, pero luego vas siendo testigo de las cosas que van pasando y va cambiando uno, y si eras pasivo, te haces agresivo para poderte defender. Porque primero yo les decía, tenga la bondad de enseñarme una identificación, pero hasta que una persona me puso una pistola, cambió mi mentalidad. Lo logré convencer de bajar su arma y con detalles de esos uno empieza a perder la confianza en la sociedad y es recíproco, también la sociedad desconfía del servidor público”.[1]

Los policías han sido constantemente sometidos a enormes presiones por parte de sus mandos, ya sea para dar resultados o bien, para volverse partícipes de actividades que nada tienen que ver con el mantenimiento de la seguridad, sino, más bien, todo lo contrario. No sabemos si eso ocurra en la actualidad, pero, al menos, esa historia marca la relación entre ciudadanos y policías. Y rara vez, como ciudadanos, nos detenemos a pensar en las condiciones imperantes al interior de estas instituciones.

La mayoría de las policías del país trabajan bajo horarios extenuantes. Reciben prestaciones limitadas y salarios bajos, cosa que ya es conocida. Pero, además de ello, no hay una reglamentación adecuada que permita construir los incentivos necesarios para que se desarrollen profesionalmente y para que puedan formarse en términos académicos con mayor solidez.

Por ejemplo, nueve entidades no contemplan la figura de ultrajes a la autoridad, y las demás legislaciones locales lo catalogan de manera genérica, lo que abre la puerta al pretexto de la represión y a que no existan criterios legales adecuados que validen cuándo y bajo qué circunstancias, la Policía pueda determinar la detención de alguien que esté agrediendo a la autoridad. Los protocolos de uso de la fuerza, si es que las entidades ya los tienen, no definen los criterios de gradualidad ni los casos en que se autoriza el uso de la misma. Los policías, con la entrada del sistema de justicia penal, al ser los últimos considerados, recibieron una capacitación exprés que, de las 135 horas planteadas originalmente, con suerte alcanzó unas cuarenta en el mejor de los casos y, muchas de las veces con contenidos totalmente teóricos, que, por tanto, no les dieron la oportunidad de conocer casos prácticos para saber cómo actuar ante las situaciones como las mostradas en los videos.

A decir de un agente con quien se tuvo oportunidad de platicar acerca de esta situación, “los policías saben que es el primer respondiente, pero no saben qué hacer ni cómo hacerlo, tienen miedo de regarla (sic) y que, por una mala actuación, les finquen responsabilidades”.

Además, los policías se saben desprotegidos. Saben que si llegan a usar su arma y no quedó plenamente probada su necesidad, es muy posible que terminen en la cárcel. Están conscientes de que si objetan la orden de un mando a sabiendas de su ilegalidad, es muy posible que los congelen o les “cuadren” un acto para sacarlos del juego. Saben, en las condiciones actuales, que una consignación es tan tardada como infructuosa por todos los formatos que deben saber llenar, porque dependen del humor del agente del ministerio público y del juez de control, así como dependen de la voluntad de las víctimas para presentarse a denunciar (a manera de paréntesis: todos hemos dicho que la Policía no sirve para nada porque cuando detienen a alguien sale libre, sin asumir la responsabilidad ciudadana de denunciar y seguir el procedimiento. Exhibimos nuestro desconocimiento de la ley, pues en la mayoría de los casos, se requiere una parte acusadora para que un proceso judicial proceda, pero no lo hacemos porque nos da flojera, porque nos da temor, porque es una tortura estar en la agencia del Ministerio Público, frente a personal que sabe hacer de todo, menos dar un trato digno al ciudadano).

Queremos que la Policía nos trate con respeto, exigimos que se nos trate con justicia, porque eso es lo que como ciudadanos merecemos, pero, muchas veces, estamos dispuestos a insultar a un agente con tal de librar una infracción, no tememos presumir nuestras influencias, no dudamos en ofrecer mordida. Y vivimos en un círculo vicioso. Queremos que se haga justicia, pero en la casa del vecino. Cuando el policía abusa de su función lo condenamos, pero lo grave es que a veces ni siquiera sabe que su conducta es constitutiva de una falta. Las autoridades aseguran que todos han sido capacitados como primer respondiente, pero la realidad es que, como se ve en los videos, no tienen mucha idea de qué hacer y eso no es, nada más, problema de los policías, es un tema que atañe a los mandos y a los que hacen las políticas. Deben evaluar a sus policías y ver qué no saben hacer bien para volverlos a capacitar. De otra forma, como ya es costumbre, sus deficiencias seguirán siendo exhibidas, demostrando que a los policías nadie los protege.

Pero no todo está perdido. Ciudad Juárez aprobó este 22 de septiembre, en sesión de Cabildo, la creación de “una Unidad Mixta de Defensa Legal y Atención Psicológica para los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y sus familias”. Ojalá sea eso el punto de partida para crear condiciones más justas para todos los que se dedican a esta difícil labor.

 

* Juan Pablo Arango Orozco. es nvestigador de Causa en Común

 

 

[1] Miquel Á. Ruiz Torres y Elena Azaola Garrido. (jul./dic. 2014). Cuadrar el delito. Corrupción institucional y participación de policías en el secuestro en México. Perfiles Latinoamericanos, 22.

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