Mancera, ¿Fiscal General de la República?

La procuraduría de Miguel Ángel Mancera no pudo proteger los derechos humanos de las víctimas ni dar resultados ante faltas graves como la fabricación de pruebas o la presentación de culpables que realmente eran inocentes.

Por: José Francisco De Villa Soto

Miguel Ángel Mancera ha manifestado su interés en ser el titular de la Fiscalía General de la República[1]; es por eso que vale la pena hacer una revisión de lo que ha implicado su presencia en la procuración de justicia, ya sea como el titular de la instancia de procuración de justicia capitalina, o bien, como jefe de gobierno de Ciudad de México.

En el rubro de los derechos humanos, hablar de la época en la que Mancera fue procurador es hablar de una época de tropiezos y fracasos. Diversos casos mediáticamente relevantes nos recuerdan que la procuraduría no pudo proteger los derechos humanos de las víctimas ni dar resultados ante faltas graves como la fabricación de pruebas o la presentación de culpables que realmente eran inocentes.

No podemos olvidar el caso de la señora Lorena González Hernández (denominada “La Lore” por la procuraduría capitalina) quien fue detenida e indebidamente acusada por la PGJCDMX de participar en el homicidio y secuestro de Fernando Martí. Sin embargo, en el año 2015, el Juez 32 Penal decretó su libertad por falta de pruebas, después de haber permanecido siete años en la cárcel.

Por otro lado está el homicidio del científico francés, Christopher Augur, quien vino a México debido a un intercambio académico con L’Institut de Recherche pour le Développement, y falleció en el año 2009 por un impacto de bala en la cabeza. Ante la relevancia que cobró el asunto y por la presión de los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales, Mancera anunció en televisión la detención de cuatro personas; sin embargo, según una investigación de Univisión, los cuatro detenidos fueron liberados ya que se probó que no participaron en el homicidio ni conformaban una banda delictiva, es más, ni siquiera se conocían entre sí.

En diciembre del año 2012, Miguel Ángel Mancera asumió la jefatura de gobierno capitalina y Rodolfo Ríos Garza se convirtió en el Procurador de Ciudad de México; si la protección de los derechos humanos había sido deficiente, al mando de Ríos Garza sólo empeoró. Esta instancia se vio envuelta en evidentes fracasos, uno muy significativo fue la investigación de la PGJCDMX a la joven Yakiri Rubí Rubio, quien luego de ser golpeada, apuñalada y violada, mató en legítima defensa a su agresor. Yakiri vivió aproximadamente por año y medio un calvario ante la PGJCDMX, lo que incluyó meses de reclusión en Santa Martha Acatitla. Sin embargo, recientemente la resolución del Juzgado 13 de Delitos no Graves del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México la declaró inocente dejando en clara evidencia la pésima investigación que hace la Procuraduría en materia de violencia contra las mujeres.

En esto vale la pena detenernos, México tiene un amplio marco legal que obliga a todas las autoridades a tomar las medidas que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, dicha normatividad quedó simplemente en el papel ya que en la práctica la procuraduría no veló por esto, si no fue así ¿por qué la procuraduría no investigó correctamente este caso con perspectiva de género? ¿Por qué revictimizar a las mujeres que ya sufrieron violencia?

Por otro lado, está la actitud adoptada por Mancera, doctor en Derecho, respecto de la implementación del Sistema de Justicia Penal, que mucho ha dejado que desear. Así, pese a que en su toma protesta como jefe de gobierno en el año 2012 se comprometió a implementar este sistema en la PGJCDMX, más bien optó por un actitud ligera y fácil mediante una campaña de desprestigio al Sistema de Justicia Penal que tenía la obligación de implementar. Aducía que, para operarlo adecuadamente, requería de nuevas reformas legales[2]. Recordemos, prefirió dar mensajes alarmantes a la ciudadanía capitalina para que se preparara ante la inminente salida de prisión de miles de reos como consecuencia de la operación del sistema. Naturalmente, esta actitud fue duramente rechazada y objeto de críticas, tanto por la sociedad civil, como por expertos, diputados y senadores, quienes, entre otros, le replicaron que más allá de culpar al sistema debió de ponerse a trabajar en su correcta implementación.[3]

Nos queda mal sabor de boca. Vimos a un hombre que no pudo implementar adecuadamente reformas constitucionales y peor aún, ante el alza en la violencia y delincuencia su solución fue más reformas en lugar de ponerse a trabajar para implementar lo que la ley le obligaba.

No paró ahí, por otro lado, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió un gran número de recomendaciones a la PGJCDMX, tanto cuando el señor Mancera era procurador como jefe de gobierno. Por ejemplo, del año 2009 al 2011 se emitieron 23 recomendaciones, cuyas materias son tan variadas como preocupantes: hay casos de detenciones arbitrarias; tortura; personas que “se suicidan” en el área de detenidos en las Agencias del Ministerio Público; omisión al deber de cuidado; ausencia de atención médica y dilación en las averiguaciones previas; obstaculización en la procuración de justicia; condiciones inadecuadas de las instalaciones; personal y equipo insuficiente en las agencias del ministerio público; violencia institucionalizada de género; exhibición pública de inocentes; retardo injustificado en la integración y determinación de la averiguación previa; negativa a investigar diligentemente; tratos crueles, inhumanos y degradantes…[4]

Peor aún, cuando él fue Jefe de Gobierno y Rodolfo Ríos Garza su procurador, por mencionar un ejemplo, de los años 2013 al 2016 aumentó a 27 el número de recomendaciones. ¿Está claro no? Cuando él tuvo mayores responsabilidades hubo más retroceso. De nuevo, vimos tortura; detenciones arbitrarias; falta de mecanismos de supervisión; ausencia de investigación y de protocolos; uso ilegal y desproporcionado de la fuerza; violaciones al debido proceso; irracionalidad de plazos, e inclusive violaciones laborales en agravio de las propias policías de investigación adscritos a la PGJCDMX.[5]

En conjunto, los resultados además de preocupantes hacen visible la incongruencia de alguien que de nuevo manifestó, en el discurso, su compromiso con los derechos humanos, lo que evidentemente no coincidió con la realidad. Esto nos confunde y preocupa, reflexionemos: ¿realmente podemos hablar de un hombre que pudo y puede implementar reformas constitucionales transcendentales? Parece que no. Pensemos que si esto sucedió con los derechos humanos o el sistema de justicia penal acusatorio ni imaginarnos con lo que pasaría con las reformas de una fiscalía autónoma e independiente. Seamos realistas, tenemos enfrente a una persona que pudo haber hecho una diferencia en la procuración de justicia y no lo logró. Reflexionemos, si queremos una fiscalía verdaderamente autónoma y que sirva hay que evitar, a toda costa, contaminarla con los errores del pasado…

 

*José Francisco De Villa Soto es investigador en @causaencomun.

[1] Disponible aquí.

[2]Disponible aquí.

[3]Disponible aquí.

[4] Cfr. Recomendaciones: 1/2009, 4/2009, 10/2009, 11/2009, 12/2009, 18/2009, 26/2009, 27/2009, 28/2009, 4/2010, 6/2010, 12/2010, 2/2011, 3/2011, 4/2011, 6/2011, 7/2011, 8/2011, 9/2011, 10/2011, 11/2011, 12/2011, 13/2011.

[5] Cfr. Recomendaciones: 2/2013, 3/2013, 6/2013, 7/2013, 8/2013, 13/2013, 19/2013, 01/2014, 02/2014, 04/2014, 08/2014, 14/2014, 15/2014, 1/2015, 2/2015, 5/2015, 10/2015, 13/2015, 17/2015, 1/2016, 2/2016, 5/2016, 6/2016, 8/2016, 11/2016, 15/2016, 16/2016.

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