Por México al Frente: vaguedades en Seguridad Pública

La coalición representada por Ricardo Anaya presentó una plataforma en materia de seguridad donde plantean sus propuestas en temas de seguridad, sin embargo no explican cuál es el diagnóstico detrás de cada propuesta y cómo lo cumplirán.

Por: Clemente Romero Olmedo. 

La plataforma electoral en materia de Seguridad Pública, presentada por la coalición integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, es profundamente escueta en el diseño institucional que proponen para cumplir sus objetivos. No narran experiencias exitosas ni reconocen errores de sus gobiernos. Prefirieron presentar un documento con algunas directrices que, en algunos casos, han ido desarrollando durante las semanas que van de campaña.

Las propuestas del Frente en materia de seguridad, contenidas en su plataforma, se pueden agrupar en los siguientes puntos:

  1. Desarrollar una política de seguridad “humana” o “ciudadana”.
  2. Fortalecimiento de las policías.
  3. Reducir los daños por el consumo y tráfico de drogas, y la desarticulación de las organizaciones de la delincuencia organizada.
  4. Combatir la impunidad y corrupción en la impartición y procuración de justicia.
  5. Reestructuración del sistema penitenciario.

A continuación, comentaremos las propuestas más relevantes en cada uno de estos rubros, ya sea que esté contenida en su plataforma, o haya sido propuesta por su candidato en lo que va de la campaña.

  1. Seguridad humana o ciudadana.

Aquí proponen “Rediseñar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de una nueva instancia de seguridad ciudadana, separada de la Secretaría de Gobernación”.  En la plataforma electoral no fueron claros qué entendían por instancia. Fue a partir del 2 de abril, que su candidato Ricardo Anaya habló de crear una Secretaría de Seguridad Ciudadana que “…ya no dependa de un órgano político, como es la Secretaría de Gobernación” y que debiera atenderse con criterios técnicos y no políticos. Al parecer, esto es un mea culpa implícito, toda vez que, al ser Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, él y todos los diputados del PAN presentes, así como la mayoría de los diputados del PRD, votaron abrumadoramente por la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal, en diciembre de 2012.

Por otra parte, el Frente propone “consolidar un mecanismo de coordinación interinstitucional entre las instancias encargadas de seguridad”, pero no hay en la plataforma electoral indicio alguno de cuáles serían los elementos fundamentales de dicho mecanismo. Si bien la propia Constitución establece la obligación de los tres órdenes de gobierno de brindar seguridad a sus habitantes, la realidad es que cualquier “mecanismo de coordinación” que no defina autoridades responsables y sanciones por incumplimiento, sería inoperante. Si desean en verdad una transformación, deberían proponer, por ejemplo, una reforma que escale las responsabilidades de los funcionarios de la policía a su superior jerárquico, hasta los jefes políticos, que son el presidente municipal o gobernador o el secretario de seguridad federal.  ¿Qué pasa hoy si una persona presenta una denuncia a la policía, ya sea directamente, o a través del número de emergencia 911 o denuncia anónima, 089? En casi todo el país, nada. Y esto es lo que no puede seguir igual porque, mientras no haya sanciones contra las autoridades políticas, seguiremos viendo a policías federales en funciones de agentes de tránsito, o al ejército en funciones de policía, o a policías locales en pugna con fuerzas federales.

La plataforma del “Frente” también menciona una reconsideración a las prioridades del gasto, en materia de investigación, inteligencia, procuración y administración de justicia, sin que den mayor explicación sobre el particular. En este rubro, tanto en los spots como en el debate del 22 de abril, han argumentado que la función policial se apoyará prioritariamente en la inteligencia y en las herramientas tecnológicas, pero sin explicar qué instituciones y procedimientos van a cambiar. No basta con ejemplificar, como lo hizo su candidato, con la comparación entre la desarticulación de redes de la mafia siciliana “sin disparar una bala” y la aprehensión de Osiel Cárdenas y la sangrienta escisión de los Zetas del Cártel del Golfo, porque son fenómenos delictivos con contextos institucionales completamente distintos. Ricardo Anaya y sus asesores deberían exponer, por ejemplo, qué harán con los fondos federales para la seguridad pública que hoy existen, y cómo fortalecerán las áreas de inteligencia de las policías, federal y locales.

Por otra parte, se destaca su propuesta de fortalecer la participación de la sociedad civil para evaluar el Sistema y el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP). Esta apertura es bienvenida, porque al menos señala un interés por trabajar con la sociedad civil. Sin embargo, aquí la propuesta pudo ser más audaz. Por ejemplo, publicar en internet los avances de los acuerdos del CNSP para su seguimiento público, o transparentar el ejercicio del gasto en materia de seguridad. Hoy la sociedad no puede seguir la pista a los recursos públicos, por lo que es casi imposible saber cuántos policías, patrullas o cámaras de video vigilancia tiene cualquier ciudad del país, ya que regularmente esta información está reservada por motivos de “seguridad”. Irónicamente, al entrevistar a los funcionarios de seguridad del país, reconocen que la delincuencia organizada sí sabe de su capacidad de reacción. Basta recordar la ejecución de seis policías estatales de Guerrero hace unos días, en represalia por un enfrentamiento previo, para recordar que los criminales conocen bien la operación y las condiciones en que se encuentran nuestras policías. Mientras el país siga en la opacidad respecto a los recursos humanos y materiales para enfrentar al crimen, seguiremos dando palos de ciego respecto a nuestras necesidades reales.

  1. Fortalecimiento de las policías

En este apartado se destacan tres ideas: (1) definir un nuevo modelo de carrera policial, (2) abrir al escrutinio y participación de la sociedad civil los exámenes de control de confianza y (3) relanzar la propuesta de contar con mando mixto policial a partir del principio de subsidiariedad.

Sobre el primer punto, es difícil saber qué modelo de carrera policial plantean, porque nada dicen sobre las principales características que desean en su nuevo modelo, ni cuáles son los errores del actual.  La carrera policial es sólo uno de los ejes del Desarrollo Policial, por lo que, para hablar de un desarrollo integral, se debe hablar de profesionalización, certificación integral, régimen disciplinario y régimen complementario de seguridad social de los policías. Esto es tarea del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y de los gobiernos locales, pero al Secretariado y a la mayoría de los gobernadores esta obligación les pasó de noche. Ya Causa en Común documentó que ninguna corporación estatal del país cumple con los mínimos que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) en materia de Desarrollo Policial.

Por lo anterior, Causa en Común propone una entidad con alcance nacional que promueva los lineamientos del Desarrollo Policial contenidos en la LGSNSP para las corporaciones municipales, estatales y la Policía Federal, manteniendo la operación policial a cargo de cada nivel de gobierno. Porque el caso es que, al día de hoy, por ejemplo, no sabemos con certeza cuántos policías hay en el país. Para resolver esto, en Causa en Común consideramos urgente realizar un censo nacional de policías y, a partir de ahí, definir el estado de fuerza que requiere cada entidad, acorde a su geografía y problemática delictiva.

Respecto a la propuesta del “Frente” de abrir al escrutinio de la sociedad civil los exámenes de control de confianza que se realizan a los policías, ya Causa en Común ha visitado las instalaciones en donde se realizan dichas pruebas, entrevistado a los funcionarios que las aplican, y presentado los resultados. No se entiende por lo tanto a qué se refiere la apertura que proponen.

En cuanto a su propuesta de “relanzar” el “mando mixto policial”, es difícil imaginar qué entienden por dicho concepto, porque no lo definen ni establecen cómo piensan desarrollarlo. Normalmente un cuerpo de policía debe tener claridad en el mando, por lo que tener más de un responsable no da certidumbre, ni a los policías ni a la población. En Causa en Común consideramos que antes de hablar de un “mando mixto”, nos enfoquemos en profesionalizar en serio a las policías de este país. Desde hace casi diez años, el país tiene en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, directrices claras sobre qué debemos hacer para profesionalizar a nuestros policías. Si dicha ley no les gusta, que expongan qué le cambiarían y por qué. El caso es que si seguimos hablando de mandos únicos o mixtos, o el nombre que se le quiera poner, con policías mal entrenados y peor pagados, de nada servirá el esquema de coordinación que se proponga. 

  1. Reducir daños por el consumo y tráfico de drogas y desarticulación de las organizaciones de la delincuencia organizada.

En este apartado se limitan a esbozar una propuesta de programa de prevención, la cual debería complementarse con una revisión de la política antidrogas en curso, especialmente por lo que se refiere a la marihuana. Aquí es claro que el PRD abandonó una de sus principales banderas respecto al ejercicio de libertades, cuando propusieron en el Congreso una regulación integral del cannabis. El 27 de abril, Anaya mención que la legalización de las drogas no resolvería el problema. En Causa en Común consideramos que se deben explorar nuevos enfoques, por lo que proponemos la despenalización de la marihuana y su regulación para su cultivo, comercialización y consumo; además de programas integrales y masivos de prevención, sustentados en la educación y la salud. No somos ingenuos en suponer que esto resolverá los grandes problemas de la inseguridad en el país, pero no podemos seguir cerrando los ojos a la legalización de iure o de facto en los Estados Unidos y Canadá, ni tampoco sus experiencias para destinar los recursos que la regulación genera hacia programas de prevención.

Sobre su propuesta de una policía basada en la inteligencia, mencionan un reforzamiento de la unidad de inteligencia financiera y su coordinación con el SAT, pero no proponen un rediseño de fondo. En Causa en Común recordamos que, en los últimos años, se abandonaron los sistemas de interconexión y las bases de datos de información en materia criminal, conocidos como Plataforma México, por lo que consideramos necesario recuperar y desarrollar estos sistemas para que el país logre transitar hacia un modelo crecientemente preventivo y no sólo reactivo. También consideramos que cualquier propuesta debe fortalecer la regulación relativa al combate del “lavado de dinero”, a fin de incrementar el número de investigaciones y de condenas. En el mismo sentido, debe enfatizarse la aplicación de la figura de extinción de dominio, diseñada para recuperar los recursos y bienes derivados de actividades ilícitas.

Respecto a la propuesta de mejorar las capacidades de la Policía Federal, el Frente afortunadamente transitó de una tímida mención en su plataforma, a la oferta que hizo su candidato de duplicar el estado de fuerza de la Policía Federal, en concordancia con el llamado que María Elena Morera, Presidenta de Causa en Común, hizo en noviembre de 2017.

  1. Combatir impunidad y corrupción en la impartición y procuración de justicia. 

En este apartado destaca su propuesta de “promover que la legislación penal contemple prisión preventiva en casos de acopio, transporte y portación de armas”. El problema no es la norma en sí, sino las deficiencias en la formación y capacitación de los servidores públicos a cargo de su aplicación. Recordemos que gobernantes como Miguel Ángel Mancera azuzaron a la población con la liberación de miles de reos como resultado del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), pero él como procurador y Jefe de Gobierno después, no puede eludir su responsabilidad en la aplicación del mismo.  En todo caso, hablar de prisión preventiva por portación de armas, sin hablar, por ejemplo, del control de las fronteras, puertos y carreteras del país, equivale a pretender apagar un incendio con un par de cubetas.

Respecto a la transición de PGR a Fiscalía General, sus prioridades son las siguientes: (1) la no existencia de pase automático, (2) la transferencia ordenada de los expedientes, recursos humanos y materiales, y (3) garantizar la independencia política del Fiscal General y los fiscales especializados para evitar controles políticos.  En este rubro, su candidato presidencial sí ha sido claro y enfático en su apuesta por promover una fiscalía independiente del Presidente de la República. Aquí sería deseable conocer cuál es el perfil del puesto que visualizan para los operadores de la nueva fiscalía, es decir, los ministerios públicos. Ya Ricardo Anaya ha propuesto la creación de fiscalías especiales para atender delitos que lastiman profundamente a la sociedad, como es el caso de los feminicidios. Sin embargo, es deseable evaluar primero la funcionalidad de las fiscalías especiales, ya que los hechos delictivos regularmente involucran diversas materias, en la mayoría de los casos, indivisibles. Si se sigue apostando por crear fiscalías especializadas, podrían generarse competencias concurrentes y, en consecuencia, generar en los hechos la denegación de justicia. En todo caso, lo fundamental es transformar el modelo de actuación e investigación de las fiscalías de todo el país.

  1. Reestructuración del sistema penitenciario.

En este apartado proponen la ampliación y modernización de los centros penitenciarios, el desarrollo de tecnología para bloquear señales de celular y establecer medidas contra la corrupción, concluyendo con la propuesta de hacer obligatorios el trabajo y la educación penitenciaria. Toda propuesta de reestructura al sistema penitenciario del país debe revisar el reporte de la CNDH sobre las condiciones de las cárceles del país. Ahí queda claro que ningún problema penitenciario podrá resolverse en tanto el Estado no recupere el control de los penales. Para lograrlo, se requerirá un plan nacional de intervención penitenciaria, por lo menos para evitar que los penales sigan convertidos en bodegas de armas y drogas, acompañado de proyectos de desarrollo que ya existen y que incluyen, entre otros temas, la carrera penitenciaria y la academia nacional penitenciaria.

Como mencionamos al inicio, al “Frente” se le olvidó que sus partidos tienen una experiencia acumulada de décadas en el gobierno federal y en diversos estados y municipios. Esperamos que, con base en esa experiencia, no siempre muy exitosa, las generalidades contenidas en su plataforma electoral se vayan aclarando conforme avance la campaña. Si dicen que cambiarán algo, que expliquen cuál es el diagnóstico detrás de cada propuesta y cómo lo cumplirán. A manera de sugerencia, podrían empezar por proponer la derogación de la Ley de Seguridad Interior, legislación que sólo servirá para agravar muchos de los problemas de seguridad que se pretenden atender.

 

* Clemente Romero Olmedo es investigador de Causa en Común.

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