Respuesta de Tlachinollan a intervención de México en la ONU

El Estado criminaliza a quienes reivindican los derechos de los pueblos indígenas a regirse en base a sus sistemas normativos, como lo evidencia el que más de 40 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) de Guerrero enfrenten actualmente procesos penales, aun cuando en las normas estatales se les reconoce como un sistema de justicia indígena vigente.

El jueves 20 de marzo le tocó al gobierno mexicano comparecer ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para responder a las recomendaciones del mecanismo del Examen Periódico Universal. Muy en síntesis, México aceptó la mayoría de las recomendaciones, aunque adoptó solamente de manera parcial las relacionadas con la eliminación de la figura del arraigo, algunas relativas a la desaparición forzada, y rechazó las emitidas por la Santa Sede (de respetar la vida desde la concepción). Sobre la comparecencia y las respuestas de los países y de organizaciones de la sociedad civil, hay información más completa aquí y aquí por lo que en este espacio me voy a referir más bien a lo relativo a los pueblos indígenas.

En las intervenciones de la delegación mexicana, realizadas por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, y de la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García, fue muy poco lo que se mencionó sobre el tema. En la primera, solamente se hizo referencia a la publicación ese mismo día  (o sea el jueves), de las reformas a la Ley General para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Y en la segunda vez que hizo uso de la palabra, al final de la sesión, Limón mencionó el programa de excarcelación de indígenas y afirmó, además, que se está trabajando con diversas dependencias en la elaboración de protocolos que garanticen la consulta y que éstos se están diseñando “con base en procesos y experiencias concretas como la consulta a la tribu yaqui y a la comunidad de El Espinal en Oaxaca”.

La verdad no estoy familiarizada con el caso de El Espinal, pero ciertamente me extrañó que se refieran a la consulta a los yaquis como ejemplo a seguir si, hasta donde yo sé, ésta no se ha realizado, el acueducto Independencia sigue operando y el bloqueo carretero no ha terminado (aunque aceptaran levantarlo temporalmente).

En el resto de las intervenciones prácticamente no se mencionó el tema indígena, salvo en la del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que no he visto mencionada en otros medios. Me parece que lo que expresó esta organización ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es fundamental y refleja la situación real de los pueblos indígenas de nuestro país, así que me permito reproducirla a continuación textualmente.

Señor Presidente:

México es un país de diferencias. Un país donde contrastan los avances en los marcos normativos federales, como la reforma constitucional en materia de derechos humanos, con la incapacidad del Estado de empatarlos ante una realidad marcada por la violencia y la pobreza.

Estados como Guerrero, donde Tlachinollan trabaja, son representativos de estas diferencias. Ahí una realidad histórica de pobreza, discriminación y lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llamado violencia institucional castrense (Caso Fernández Ortega y Otros. Vs. México y Caso Rosendo Cantú y Otra Vs. México) se traduce en la sistemática violación de derechos, agravada por la violencia generalizada que vive el país y por la ausencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas, aún no revertida dada la posposición de las reformas a la jurisdicción militar.

Guerrero se mantiene en los primeros lugares de pobreza y violencia a nivel nacional. De acuerdo con datos oficiales, de los 3 millones 380 mil guerrerenses más del 65% siguen condenados a vivir en la pobreza y el 89.5% de población indígena del estado se encuentra en situación de pobreza multidimensional. En cuanto a la violencia, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solamente en los últimos tres años Guerrero registró 57 homicidios por cada 100,000 personas, superando en ocho veces el promedio mundial. No puedo dejar de mencionar que mientras el Estado mexicano habla aquí sobre la reducción de la violencia y sobre la seguridad de las y los defensores de derechos humanos, mis compañeros y compañeras de Tlachinollan beneficiarias de medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos siguen siendo objeto de amenazas de muerte.

En este país de diferencias y contrastes persisten las prácticas discriminatorias y la falta de armonización del marco jurídico en materia de derechos indígenas, lo que el mismo Estado mexicano reconoció en su informe al segundo ciclo de evaluación. Esto es especialmente claro por cuanto hace al derecho a la libre determinación, al acceso a la justicia estatal y a la tutela de los derechos territoriales.

Así, por un lado se mantienen obstáculos para el ejercicio del derecho a la libre determinación. El Estado criminaliza a quienes reivindican los derechos de los pueblos indígenas a regirse en base a sus sistemas normativos, como lo evidencia el que más de cuatro decenas de integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) de Guerrero enfrenten actualmente procesos penales, aun cuando en las normas estatales se les reconoce como un sistema de justicia indígena vigente en el estado de Guerrero. En este marco cobra relevancia la recomendación hecha a México respecto de “introducir formas de administrar la justicia que respeten los sistemas tradicionales de justicia de los pueblos indígenas que buscan el acceso diferenciado a la justicia”.

Por otro lado, el reto para que los pueblos indígenas en México accedan a la justicia estatal, va mucho más allá de su acceso a intérpretes de lenguas indígenas. La discriminación de los operadores del aparato de justicia; la escasa y deficiente oferta de defensores de oficio que conozcan el idioma y la cultura de las comunidades indígenas; las fianzas poco asequibles; la concentración de los servicios forenses en las capitales y su falta de independencia; y las largas distancias que se tienen que recorrer para presentar denuncias o acciones de amparo ante la Justicia Federal, son tan sólo algunos de los obstáculos principales para que los pueblos indígenas accedan a la justicia estatal. En este marco, la reforma del sistema de justicia penal debe incorporar las necesidades específicas de las personas indígenas y reconocer la existencia de la jurisdicción indígena; no obstante, el Código Nacional de Procedimientos Penales recientemente aprobado poco avanzó en esta línea.

Finalmente, respecto del derecho colectivo de los pueblos y las comunidades indígenas a preservar su territorio, es imperante generar mecanismos de protección para los pueblos indígenas frente a actores estatales y no estatales que buscan explotar recursos naturales. En la apertura de esta sesión, México informó que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha aprobado un protocolo para llevar a cabo consultas con los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, mientras que este protocolo no tiene jerarquía de norma legal, leyes secundarias vigente como la Ley Minera, violan día con día el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, al permitir que los territorios indígenas sean concesionados a particulares sin consulta previa. Así ha ocurrido en la Montaña de Guerrero, donde se han entregado cerca de 30 títulos de concesión. Hoy enfrentamos el riesgo de que las leyes secundarias con que se pretende reglamentar la reciente reforma en materia energética, repitan este modelo y anulen el derecho a la consulta.

México es un país de diferencias. La implementación de los derechos humanos no se agota con reformas legales a nivel federal. La situación de los derechos en México sólo puede entenderse a cabalidad mirando la crisis permanente que enfrentan los estados más violentos y pobres, como Guerrero, y recordando la marginación permanente de los colectivos más vulnerables, como los pueblos indígenas. Sólo atendiendo estos profundos contrastes se podrá impulsar la garantía de los derechos humanos en el país de contrastes que es México.

 

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