Juventudes y acceso a la información pública

¿Cómo hacer exigible el Derecho de Acceso a la Información y que éste sea una llave para la obtención de información relevante que la ciudadanía requiere?

Por: Rubén López y Brando Flores (@ciudadanobrando)

 

“Preguntamos las líneas de acción, los programas y los presupuestos destinados a la prevención del embarazo no deseado en adolescentes en el estado de Morelos. Todo fue vía la plataforma nacional  y la plataforma estatal de acceso a la información pública. La plataforma nacional nunca nos contestó; nos dijo que ya nos había contestado, pero nunca nos llegaron las repuestas solicitadas. La que sí nos contestó a destiempo fue la plataforma estatal, pero la información estaba incompleta. Me costó mucho descargar la información y tuve que probar en otras computadoras con otros navegadores, y eso fue una barrera que nos fue dificultando el acceso a la información”.

Ana Laura, joven activista por los derechos sexuales y reproductivos, investigadora ILSB.

 

La transparencia y el acceso a la información pública pueden ser la base que permita combatir la desigualdad en el país. Utilizar la información de manera efectiva construye enfoques desde los cuales se puede atender un problema público creando una sinergia entre las acciones gubernamentales y la participación ciudadana.

A 15 años de la promulgación de la primera ley de acceso a la información en México, los avances en torno al Derecho de Acceso a la Información Pública (DAI) han tenido cambios sustantivos, sin embargo los esfuerzos para acercar a la población en general aún tienen un largo camino por recorrer, en especial a aquellas personas que no son especialistas y cuyas necesidades de información pública resultan cruciales para hacer frente a problemas de su vida cotidiana.

El DAI, como derecho consagrado en el artículo 6to de nuestra constitución, podría observarse como un derecho que permite hacer exigibles, mediante el uso de la información obtenida, otros derechos como la salud, la educación o la alimentación.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) 2016, 50.6 % de la población de 18 años y más conoce o ha escuchado de la existencia de una Ley encargada de garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública. Al desagregar la información encontramos que 54.4 % de los hombres dicen conocer este derecho, frente a 47.4 % de las mujeres.

Esto representa un doble reto para los órganos garantes como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ya que por un lado este derecho aun lo desconoce la mitad de la población en México y por otro, la población que ya lo aplica no debería invertir tantos esfuerzos y conocimientos para alcanzar la información de utilidad.

Datos de esta misma encuesta, muestran que los temas más frecuentes que genera el gobierno y que la población consulta para su vida cotidiana son los siguientes:

Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Información Pública y Protección de Datos Personales ENAID 2016.

En la gráfica se puede ver que los principales temas de consulta de la población se centran en acceso a servicios en rubros específicos de salud, educación y seguridad. Todos estos son temas de la mayor relevancia para la ciudadanía que quizá no piensa incidir en los grandes procesos nacionales, pero sí en mejorar o mantener sus condiciones de vida.

Por otra parte, estos datos reflejan la confianza que la población tiene respecto de la información generada por las instancias gubernamentales y el uso que puede darles.

La ENAID 2016 también nos permite ver que el mayor número de medios para conocer información relativa a las actividades gubernamentales se centra en las páginas de internet de las dependencias con un 44 % como fuente de principal de información gubernamental. El siguiente concepto es acudir personalmente a las dependencias para solicitar la información (20 %).

Este dato es de la mayor relevancia porque nos obliga a preguntarnos ¿qué nivel de preparación respecto de las políticas públicas en cuestión tienen los responsables de alimentar estas plataformas? Pero sobre todo ¿qué tanto conocimiento tienen de las audiencias objetivo que navegan esas páginas y qué tanto están pensando en satisfacer la necesidad de información de esos perfiles de la población?

Disculpen la analogía, pero las plataformas de información gubernamental aplican el mismo principio de un buen chiste: si se tiene que explicar cómo funciona entonces no es tan bueno.

Por otro lado y quizá lo más preocupante que revela la encuesta es que sólo el 0.7 % de la población mayor de 18 años identifica a las solicitudes de información como medio para acceder a la información gubernamental.

La accesibilidad de la información es crucial para atender de manera puntual el DAI, para ello revisamos la facilidad que la población mayor de 18 años tiene respecto a los medios que identificaron como fuente de información para conocer las actividades gubernamentales:

Elaboración con datos de la Encuesta Nacional de Información Pública y Protección de Datos Personales ENAID 2016.

Al observar que a menos de la mitad de la población le resulta fácil la obtención de la información pública nos preguntamos: ¿Realmente la información pública es accesible a población no especializada en temas de transparencia y rendición de cuentas?

De acuerdo al Índice de Gobierno Abierto[1], en México, la posibilidad real de conocimiento e incidencia que tiene la ciudadanía respecto a las decisiones gubernamentales es de 39 en una escala de 100, lo que significa que el país está reprobado en materia de transparencia y participación ciudadana. Y en efecto ésta puede ser una de las consecuencias de los niveles de corrupción institucional que se han presentado en los últimos años, pero no es pretexto para buscar desde los órganos garantes y sujetos obligados mejores condiciones tanto para quienes preguntan como para quienes deben responder, en este caso las Unidades de Enlace.

¿Cómo hacer exigible el DAI y que éste sea una llave para la obtención de información relevante que la ciudadanía requiere?

Mujeres indígenas y jóvenes investigan

El Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y las redes de activistas jóvenes (REDEFINE) y mujeres indígenas (PROMUI) realizaron una investigación centrada en Derechos Sexuales y Reproductivos de jóvenes y mujeres indígenas que tiene como fundamento el uso de herramientas de acceso a la información y contraloría social para hacer asequible el derecho a la información y a la salud sexual y reproductiva.

Así nació Lo público es Nuestro: juventudes evalúan políticas de prevención de embarazo en adolescentes. Los alcances, hallazgos y resultados pueden consultarse en esta página.

La participación de ambas redes en el proceso de investigación radicó no sólo en su importancia como sujetas/os de cambio que ejercen sus derechos, sino que además permite conocer de qué manera y hasta qué punto juventudes y mujeres indígenas generan en su vida cotidiana a través del uso y la aplicación de herramientas de acceso a información pública y qué cambios.

Con este ejercicio se comprueba que un grupo de ciudadanas/os puede llevar a cabo contraloría social si cuenta con los conocimientos adecuados, con la capacidad para dar seguimiento a las solicitudes y para analizar las respuestas, y si se requiere litigar sobre las mismas.

En México este conocimiento sólo se adquiere con la práctica y, dadas sus condiciones diarias, la ciudadanía en general no siempre tiene esta oportunidad de dedicarse a ellos, ya no hablemos del reto que representa para poblaciones que no cuentan con los recursos para acceder a la plataformas e incluso para tener internet que les permita dar seguimiento a temas de salud, de agua o de tierras, de la mayor relevancia para su familia y su localidad.

Hace falta repensar el enfoque a través del cual se ha ejercido el DAI en estos 15 años y ubicar que los esfuerzos aunque plausibles, requieren de un involucramiento de poblaciones no especializadas en el diseño y alcance de sus políticas de difusión y capacitación; en los mecanismos de sanción que deben tener los sujetos obligados y en estrategias focalizadas de acercamiento a una transparencia proactiva que incluyan plataformas útiles, pero también en cómo hacer que gente ajena a las arenas públicas se involucre en el desarrollo y la ampliación del derecho al acceso a la información pública.

 

* Rubén López y Brando Flores forman parte del Programa de Innovación social y participación ciudadana, ILSB.

 

 

[1] Mide qué tanto puede conocer el ciudadano lo que realizan sus gobiernos y qué tanto puede incidir en sus decisiones. En este sentido, la Métrica puede concebirse como una radiografía sobre Gobierno Abierto a escala nacional.

Mide qué tanto puede un ciudadano conocer lo que hacen sus gobiernos y qué tanto pueden incidir en sus decisiones. Está compuesta por dos dimensiones: transparencia y participación ciudadana; y desde dos perspectivas: la del gobierno y la del ciudadano.

Son cuatro los componentes asociados a la dimensión de transparencia: acceso a la información, transparencia reactiva, transparencia proactiva y datos abiertos.

Métrica del Gobierno Abierto 2017, CIDE/INAI.

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