Luchadoras de Atenco rompen el silencio

En México las estructuras sociales y gubernamentales aún siguen teniendo un fuerte componente machista y patriarcal. Once mujeres que por igual número de años se han enfrentado al dolor, al miedo, al estigma y la discriminación, continúan con la mirada digna, la lucha constante y la denuncia por la justicia y la verdad.

Por: Pilar Arrese Alcalá (@arresepilar)

El 16 y 17 de Noviembre en San José, Costa Rica, se llevó a cabo la audiencia del caso Selvas Gómez y otras contra el Estado mexicano (caso Atenco) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En la audiencia se expusieron los testimonios de mujeres que fueron víctimas de tortura sexual por parte de elementos de fuerzas policiales en el marco de una protesta social en mayo de 2006 en el municipio de San Salvador Atenco, Estado de México.

El Estado fue evidenciado: no garantizó ni respetó la vida, la integridad y los derechos de estas mujeres, por lo que ahora tuvo que enfrentarse a la responsabilidad de los actos que cometió. Las mujeres no desistieron a pesar del miedo, la rabia y la frustración acumulada de once años de no tener avances en las investigaciones, a pesar de que en esta audiencia el Estado alegó desatinadamente que el uso de la fuerza tuvo una justificación legal y que todas las medidas de reparación del Informe de Fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[1] han sido cumplidas en su totalidad.

Esta es la novena vez que el Estado Mexicano se encuentra demandado ante este tribunal internacional que acerca a víctimas de graves violaciones de derechos humanos a la justicia cuando en sus países de origen se agotaron todas las instancias jurídicas y prevalece la impunidad. De los nueve casos mexicanos que han llegado a esta instancia, cuatro son de mujeres y todos están relacionados con el tema de violencia de género dentro de otras violaciones a derechos humanos: Campo Algodonero (2009), Inés Fernández (2010) y Valentina Rosendo (2010). Estas cifras pondrían a México como el país más condenado por la Corte IDH por violencia de género.

Estos casos, junto con el caso Atenco, son una representación de los miles de casos de mujeres que son víctimas y sobrevivientes de violencia y tortura sexual en México.

“Es como una navajita que me corta siempre”

La tortura sexual tiene múltiples impactos físicos, psicológicos, a nivel personal, familiar y social que hacen que la vida de quien sobrevive cambie de manera radical y perduran para siempre. A veces se reactivan después de muchos años de haberlos vivido, otras veces “no necesitamos recordar, vivimos con lo que nos sucedió todo el tiempo”.[2]

Algunos impactos expresados por las once mujeres están relacionados con problemas de salud física y psicológica, cambio en el proyecto de vida, ruptura de relaciones de pareja y familiares, abandono de estudios, cambio de lugar de residencia, falta de confianza generalizada, problemas económicos graves para la familia, entre otros. Además, sus familias tuvieron que reorganizarse para su sobrevivencia.[3] Esto ha implicado para muchas el silencio por el dolor y la vergüenza que significaba lo sucedido, cambio de roles al interior de la familia, desestructuras y quiebres.

Como fue señalado por los representantes de las víctimas, los agentes estatales de manera intencional ejecutaron actos que causaron un profundo sufrimiento con la finalidad de reprimirlas, castigarlas y humillarlas por salirse de los roles tradicionales asignados a las mujeres, para denigrar a sus compañeros utilizando los cuerpos femeninos como campo de batalla, entre otros.

El daño social de estos actos tiene implicaciones profundas porque se relaciona con el estigma y la discriminación, con el castigo por haber retado al Estado patriarcal y el sistema cultural en el cual viven las mujeres.[4]

Reparación, verdad, justicia y no repetición

Nunca se podrá reparar el daño en su totalidad, nunca se podrá regresar al estado previo de la vida de las once mujeres. A pesar de la apuesta del Estado al olvido, a la ruptura, a la muerte en vida, a los intentos recurrentes de negar y minimizar lo sucedido, al desgaste que el mismo proceso conlleva, ellas decidieron darle la cara, romper el silencio, devolverle la responsabilidad, reconstruirse, resignificar, revertir el dolor y la rabia, transformándolo en solidaridad y lucha, y esa lucha se ha multiplicado para miles de mujeres que han sobrevivido al igual que ellas la tortura sexual.

Algunas de ellas les ha reparado el simple hecho de haberse presentado en igualdad de oportunidades y condiciones con el Estado, que durante estos once años no ha hecho nada más que negar, minimizar, deslegitimar, criminalizar y estigmatizarlas.

Verdad

La fuerza de muchas mujeres las acompañó para hablar y sus voces resonaron en todo el mundo. La reconstrucción se hace desde la verdad, que se diga que no son mentirosas, que no están locas, que no fue su culpa. Que el nombre de lo que les sucedió fue tortura sexual, que no fue casualidad, que no fueron actos aislados y que la responsabilidad es del Estado. Decir que fue un impulso el de los agentes policiales al cometer estos actos atroces resulta no sólo un elemento revictimizante, sino además una incapacidad profesional de reconocer las causas del problema y la calificación de los hechos. “Nos decían que era nuestra culpa, que nada de esto hubiera pasado si estuviéramos en la casa cuidando nuestros hijos o haciendo tortillas”. [5]

La necesidad de que se sepa la verdad resulta fundamental para reparar, hacerse escuchar y romper con los estigmas que las encasillaban como criminales y revoltosas, incluso varias de ellas tuvieron que enfrentar procesos penales. Hablar de la verdad para romper además con la culpa que las ponía como las responsables de lo que les sucedió, y por último, romper con la vergüenza y el silencio.

Justicia

Para que la justicia exista y sea tangible, se necesita la investigación de todas las personas involucradas y las responsabilidades en toda la cadena de mando: autores materiales e intelectuales, y que esta investigación sea seria y efectiva, ya que no existe ni una persona condenada y en prisión por los hechos en once años. En palabras de Ernesto López Portillo, perito presentado por los representantes de las víctimas, “existe un pacto de lealtad a cambio de impunidad” y es esta impunidad la que no ha permitido el acceso real a la justicia. “En estos once años hemos visto que no van a hacer cumplir un castigo a los altos mandos por los hechos de Atenco. Todo lo contrario, son premiados. El mensaje desde el Estado es, tu que reprimiste, tú me sirves”. [6]

Medidas de no repetición

¿Cómo el Estado debe garantizar que esto no vuelva a suceder? ¿Cómo establecer mecanismos de control, rendición de cuentas y transparencia por parte de los cuerpos policiales y otros servidores públicos que con sus actos u omisiones perpetúan la tortura sexual a mujeres? La juez Odio Benito en la audiencia dijo que “la parte de la erradicación siempre me falta en las políticas públicas. Hay que ir al fondo, a la estructura, lo demás es poner parches” y Julissa Mantilla, perito del caso  respondió que “si queremos erradicar estas prácticas necesitamos transformar las circunstancias que permiten que sucedan”.

A pesar de múltiples normas, medidas y programas públicos, estos no han significado un verdadero cambio para la erradicación, ni han aportado resultados sustantivos. La existencia de normatividad no es suficiente para garantizar el respeto a los derechos humanos si no hay mecanismos adecuados para garantizar su implementación efectiva.[7]

La solidaridad continúa

Para algunas de las once mujeres denunciantes, el sentido, fin y motor que las impulsa a seguir este camino y haber llegado hasta la Corte IDH ha sido para que otras mujeres no vivan lo que ellas y tener la posibilidad de acompañar a otras mujeres sobrevivientes de tortura sexual. En 2014, el marco del 8º aniversario de los hechos de represión, las mujeres denunciantes quisieron devolver toda la solidaridad que habían recibido lanzando la campaña Rompiendo el Silencio: todas juntas contra la tortura sexual, cuyo  objetivo es visibilizar el patrón sistemático de la tortura sexual que enfrentan las mujeres mexicanas que son detenidas por agentes policiales, militares o marinos en la supuesta política de seguridad de Estado, donde en aras de asegurar una protección a la sociedad, se tortura. Las solicitudes a la y los jueces fueron claras: la creación de un Centro de Documentación y Acompañamiento de la Tortura Sexual, y un Centro para la Memoria.

Las mujeres acudieron a la Corte IDH pensando no en ellas mismas sino en cómo transformar su dolorosa experiencia, sus aprendizajes y su indignación al ver la constante repetición de los hechos en México, en herramientas para evitar que otras personas vivan lo que ellas vivieron.

Estamos frente a un caso que sienta precedentes en nuestro país y a nivel regional, donde la Corte tendrá un rol fundamental, ante la posibilidad de cumplir con su papel de protección de derechos humanos, pronunciarse sobre el fenómeno de tortura sexual a mujeres como práctica sistemática estatal, la represión en contextos de protesta social, así como la constante repetición de estas acciones estatales y la ineficacia para prevenirlas, investigarlas, sancionarlas y erradicarlas. El tribunal podrá ahondar en lo que refiere a medidas de no repetición necesarias para combatir la tortura sexual a mujeres y para que los cuerpos policiales cuenten con mecanismos adecuados de control y rendición de cuentas para que hagan frente a la protesta social de una forma respetuosa de los derechos humanos.[8]

Es necesario que la solidaridad con ellas no cese y  menos mientras se espera la sentencia de la Corte Interamericana. Lejos de que estos casos se queden en una exposición pública de las falencias del Estado mexicano, en el fondo la lucha de ellas en su búsqueda de verdad, justicia y no repetición, convierten sus testimonios en oportunidades de visibilizar y resolver un problema arraigado en México, como lo es la tortura sexual: “A las sobrevivientes nos ha tocado reconstruirnos solas, luchar por la verdad, pero no olvidamos que la responsabilidad es del Estado. No pedimos nada extraordinario, pedimos la verdad y pedimos la justicia. Después del dolor que nos han hecho sufrir todos estos años, es lo mínimo que podrían hacer”. [9]

 

* Para ellas, con profundo agradecimiento: Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

 

@ISBeauvoir

 

[1] El informe de Fondo 74/15 presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015

[2] Testimonio de una de las once mujeres denunciantes.

[3] Peritaje de impactos psicosociales por Ximena Antillón.

[4] Dossier de prensa: Rompiendo el Silencio, todas juntas contra la tortura sexual. 2015

[5] Fragmento de testimonio de una de las once mujeres denunciantes.

[6] Alegatos orales presentados en la Audiencia del caso el 17 de noviembre de 2017.

[7] Alegatos orales presentados en la Audiencia del caso el 17 de noviembre de 2017.

[8] Alegatos orales presentados en la Audiencia del caso el 17 de noviembre de 2017.

[9] Fragmento de testimonio de una de las once mujeres denunciantes.

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