Candidatos, campañas electorales y homofobia

No es la primera vez que candidatos(as) a la Presidencia se esfuerzan por dar una postura sin darla, por decir que están de acuerdo, aunque no lo están del todo, o que tratan de ser incluyentes pero que esto no se “publique”.

Por: Lilia Monroy Limón

“El matrimonio igualitario no se acabará si llego a la Presidencia”, aseguró la aspirante independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala. “En mí siempre encontrarán respeto y nunca verán actitudes radicales… Tengo una fe religiosa y ahí el matrimonio es entre hombres y mujeres, pero creo que se puede encontrar una figura jurídica para ambas posturas” (Radio Fórmula, página web, 22 de nov), precisó en redes sociales tras un fragmento de video con una familia homoparental que difundieron.

No es la primera vez que candidatos(as) a la Presidencia se esfuerzan por dar una postura sin darla, por decir que están de acuerdo, aunque no lo están del todo, o que tratan de ser incluyentes pero que esto no se “publique”. El difícil esfuerzo de ser fiel a su agenda política a favor “de la vida y la familia”, que le ha dado apoyo popular a Margarita Zavala, al mismo tiempo de no afectar potenciales votantes, en este caso de las personas y familias de la diversidad sexual.

Mas allá de la veracidad del video, me interesa retomar las premisas de su declaración, donde precisa su postura -o lo intenta- y con ello comentar algunas ideas sobre los desafíos de la inclusión de las personas y familias de la diversidad sexo-genérica en algunos sectores de la sociedad mexicana.

  • “El matrimonio igualitario no se acabará si llego a la Presidencia”

El matrimonio igualitario no depende de la decisión de un o una Presidente, ni del poder ejecutivo porque no es un privilegio sino un derecho humano.

Fue una iniciativa del poder legislativo en diferentes estados y es la validación de un derecho no reconocido en personas y parejas gays y lesbianas, lo cual significa que en México, independientemente nuestros orientaciones sexuales, tenemos derecho de conformar una familia mediante el matrimonio o la unión libre y proteger a nuestros hijas e hijos en la misma, sean nacidos en la unión o adoptados(as).

Es decir, este ajuste legal corrigió una discriminación directa que definía el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer (heterosexual) excluyendo de una condición de ciudadanía a toda la diversidad sexual. De hecho, apenas se han reconocido las uniones y matrimonios de personas gays y lesbianas, todavía no se reconocen adecuadamente las uniones de personas transgéneros, transexuales, bisexuales, intersexuales.

Esta reforma legal ha sido sometida a controversias constitucionales y la última referencia fue la Sentencia 43/2015 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, la cual establece una jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales en el país en el sentido de permitir a parejas conformadas por personas del mismo sexo acceder al vínculo matrimonial, en junio de 2015.

Pese a esto, su declaración no es inocua; la historia del matrimonio igualitario y su aplicación ha seguido el camino de la judicialización porque aunque se volvió un derecho en la ley no fue aceptada por muchos gobiernos estatales y al principio por el propio gobierno federal. Primero al rechazar los matrimonios constituidos en los estados donde ya existe; segundo al rechazar la protección en la seguridad social de las parejas en los estados donde se ha establecido; tercero al rechazar solicitudes de matrimonios en entidades donde no se ha regulado. Una realidad es que en nuestro estado de derecho, la oposición inercial o abierta del poder ejecutivo a la aplicación del matrimonio igualitario y el reconocimiento de las familias homoparentales es un tema central si se desea valorar la agenda de los candidatos y candidatas a la presidencia, pues en estos temas la ambigüedad en la postura abre espacio a la homofobia.

Hay muchas formas de obstaculizar el ejercicio de los derechos de las personas y familias de la diversidad sexual, por lo que la postura de las y los candidatos es crucial en el tema.

  • “Tengo una fe religiosa y ahí el matrimonio es entre hombres y mujeres, pero creo que se puede encontrar una figura jurídica para ambas posturas”

Para poder respetar la diversidad de creencias religiosas, a las personas que no tienen creencias religiosas y extender el respeto a la diversidad familiar, todo ello involucrado en que las familias puedan ser de parejas o personas heterosexuales, homosexuales o bisexuales, el estado de derecho y nuestras instituciones públicas son laicas y deberían funcionar desde los valores democráticos y de los derechos humanos y no desde valores morales o religiosas. No es necesario encontrar una figura jurídica “para ambas posturas”, sino una figura jurìdica que incluya a todas las posibilidades existentes de conformaciones familiares.

No obstante, la aplicación de una postura moral sigue presente en las y los servidores públicos que niegan la opción del matrimonio y la unión libre a personas del mismo sexo, impidiendo con objeciones insostenibles: que son personas anormales o enfermas, o disculpas absurdas, como que el formato de solicitud no tiene la posibilidad de mujer-mujer u hombre-hombre.

Hay muchas personas religiosas heterosexuales y de la diversidad sexual que apoyan el matrimonio igualitario y la adopción; la afiliación religiosa no es una excusa para la intolerancia y las actitudes homofóbicas.

La postura que esperamos de todas y todos los candidatos(as) con relación al matrimonio igualitario y los demás derechos de la diversidad sexual, es el apego irrestricto al estado de derecho y al respeto a formas de gobierno incluyentes y atentas a las desigualdades y discriminaciones, más allá de sus posiciones personales y sus elecciones de proyecto de vida.

 

@LNDiversidades

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