La enseñanza del derecho y la justicia

Las fallas del sistema al acceso de la justicia en México genera las peores expectativas sociales sobre el gremio de la abogacía: a mayor corrupción e impunidad, menor es la confianza en este gremio.

Por: Guadalupe Barrena

¿Qué tienen que ver las abogadas y abogados con la justicia en México? A juzgar por la escasa presencia de esta pregunta en el foro público, no mucho. No comparto este desapego entre el ejercicio de la abogacía, el acceso a la justicia y la vigencia del estado de derecho.

Desde hace al menos diez años, con mayor o menor intensidad se discute la vigencia del  estado de derecho en México. Debates sobre  la  gravedad de las violaciones a derechos humanos, sobre la intensidad o  extensión de la impunidad o la  corrupción,  forman nuestra imagen cotidiana de justicia. En 2016, México ocupó el lugar 88 de 113 países en el listado del World Justice Project sobre el estado de derecho en el mundo. Ocupamos el lugar 24 de los 30 países que conforman la región de América Latina y el Caribe de dicho índice. Aunque este índice mide especialmente la percepción de algunos usuarios y profesionales, el estrepitoso dato permanece.

La corrupción o la impunidad se representan a veces como fenómenos autónomos, ajenos al control o la influencia de las acciones sociales. Abogadas y abogados en numerosas instituciones  públicas ofrecen un manto de legalidad para acciones que difícilmente  podrían explicarse dentro  de un marco constitucional de derechos. Poco se cuestiona, sin embargo, la relación entre nuestro gremio y las esperadas alternativas que permiten prácticas contrarias al orden democrático, al respeto a la diversidad y a la diferencia. Debería sorprender y causar indignación que los profesionales del derecho en México carecemos de casi toda regulación; y que al contrario, ayudemos a erosionar los límites del orden legal.

Un amplio consenso sobre las falencias del sistema del acceso a la  justicia en México se acompaña de las peores expectativas sociales sobre el gremio: a mayor  corrupción e impunidad, menor es la confianza en este gremio. Aún me sorprende que la  indignación nunca alcanza para extender la pregunta al origen de los profesionales del derecho: la profesión se aprende en instituciones reguladas por el estado, encabezadas por otros profesionales del derecho que no sólo transmiten información, sino que reproducen actitudes y valores frente a la ley.

En México, la enseñanza tradicional del derecho promueve implícitamente la repetición de caminos andados por generaciones, la preservación de una práctica tradicional sin tomar postura, ni crear nuevas soluciones. Nos habituamos a mostrar el orden jurídico sin textura ni profundidad, sin sensibilidad por las diferencias humanas. La acumulación de información reina entre las destrezas generalmente premiadas por las universidades. Las instituciones de educación superior felizmente han abdicado en su responsabilidad de formar profesionales listos para la práctica. Los centros de trabajo han absorbido este vacío. Esto debe cambiar.

La semana pasada la Alianza Global para la Enseñanza para la Justicia sostuvo su novena reunión bienal mundial, en el Tecnológico de Monterrey en Puebla y en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. La UNAM, en colaboración con diversas instituciones públicas y privadas, auspiciaron este encuentro para llamar la atención sobre el vacío en la discusión pública sobre la formación de futuras  generaciones de abogados, para desempeñarse con ética y responsabilidad profesionales, para promover la autonomía de las personas que representamos, para ser sensibles a la diversidad de la familia humana, para promover la vigencia del estado de derecho. En esta reunión bienal se sumaron cerca de 250 profesionales de la docencia de 45 países, de todos los continentes. Los proyectos de innovación docente tienen una explícita vocación de servicio  enfocado en la representación de personas sin  acceso a la justicia,  para personas en diversas situaciones de vulnerabilidad: personas transexuales, migrantes, con discapacidad, o  cualesquiera formas de diversidad humana. En estos proyectos se promueven la práctica del litigio, la mediación, la formalización de relaciones jurídicas a través de contratos y cualquier otra forma  de práctica jurídica.

Aunque algunos proyectos de innovación docente en el campo del derecho han florecido en México desde hace más de 10 años, la práctica en las  universidades más  tradicionales aún no se  confronta con la realidad de que somos un gremio excepcional en la  renuncia de la  universidad  para promover la enseñanza práctica: medicina,  trabajo social, psicología o física se enseñan en el entorno del desempeño profesional, en hospitales, mediante prácticas de campo, clínicas y laboratorios. Quienes estudiamos derecho no tenemos más obligación de  recibir una  enseñanza práctica que el servicio social, común a todos los estudiantes universitarios y que no garantiza el ejercicio de la profesión.  No tenemos obligación de dedicar ni una hora de nuestra educación  universitaria a tratar con personas reales que requieran de nuestros servicios. Al igual que nuestra relación invisible con el estado de derecho, no sorprende ni  interesa en general,  nuestra ausencia de la formación práctica. Esto también debe cambiar.

En este momento existe en México una veintena de instituciones, entre las más de 1700 escuelas de derecho acreditadas en el  país, que arropan el proyecto de  enseñanza práctica, en diversas entidades federativas.  La UNAM ha desarrollado o tiene previstos al menos cuatro proyectos de este tipo: el proyecto de Mujeres en Espiral, el Programa Universitario de Derechos Humanos, próximamente el Laboratorio Nacional de Diversidades y la estación Noroeste del Instituto de Investigaciones Jurídicas. En las clínicas jurídicas y otros proyectos de enseñanza práctica, los estudiantes pueden probar y desarrollar su identidad  profesional, asumir la responsabilidad de decidir cómo quieren practicar su profesión y elegir cómo se posicionan frente a la ley.

La normatividad en materia de educación superior no genera incentivos para este desarrollo.  Actualmente, el único requisito práctico en la enseñanza del derecho es la prestación de un servicio social. Por otro lado, en el mercado profesional aún se reflexiona poco sobre el papel de las universidades en la preparación de los futuros abogados para su desempeño en el terreno. En este arreglo, los estudiantes absorben el costo de la ausencia de las instituciones de educación superior para  habilitarlos como profesionales, responsables, con autonomía y con un compromiso firme por la justicia.

Quienes nos dedicamos a la docencia, quienes administran instituciones de educación superior, quienes emplean a estudiantes de derecho, debemos cambiar. La erosión del estado de derecho, las formas permitidas y habituales de corrupción en el ejercicio profesional, no forman parte de nuestra tradición jurídica. Son un hábito que se puede  sustituir.

 

* Guadalupe Barrena es abogada y coordina La Clínica de Acción Legal, clínica jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM.

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