Igualdad como conflicto: discriminación de género

La diferenciación biológica entre géneros se ha traducido en asimetrías y negación de Derechos Humanos alrededor del mundo.

Por: Antonio Cíntora 

Se ha alcanzado mucho progreso desde Beijing. Sabemos que existen leyes más  equitativas que protegen a la mujer contra la discriminación, los  abusos y la violencia. Sin embargo, es necesario hacer mucho más para poner en práctica la Plataforma de Acción, especialmente lo que se  refiere al alivio de la pobreza, el mejoramiento de la salud, la creación de oportunidades para el adelanto económico, el liderazgo político y reducir las violaciones a los derechos humanos”.

Rachel Mayanja

                                                                                                    Asesora Especial del Secretario General de la ONU sobre Cuestiones de Género y Adelanto a la mujer[1]

 

Las desigualdades entre las personas han estado presentes de manera constante a lo largo de nuestra historia y en la mayoría de las sociedades alrededor del mundo. Desde el enfoque de género se sabe hoy día que la diferenciación biológica entre los sexos en la práctica social se ha traducido en la asimetría de géneros y en la negación de Derechos Humanos para amplios sectores sociales.

En distintos contextos y con repercusiones muy variadas, las características biológicas se utilizan para atribuir de manera diferenciada comportamientos, capacidades y aptitudes tanto a hombres como mujeres, que se han naturalizado con el paso del tiempo al interior de las sociedades y han determinado formas distadas de vivir para unas y otros. Este proceso ha construido una norma socialmente aceptada que jerarquiza los cuerpos, conductas y promueve normas de convivencia social que reproducen relaciones desiguales de poder entre las personas, y vulneran sobre todo a aquéllas que no cumplen los estreotipos socialmente aceptados para hombres y mujeres, mantienéndolas en una condición de subordinación, desvalorización y opresión social.

Esta desigualdad social ha estado presente a lo largo de nuestra historia de diferentes maneras, sin embargo ha tenido como constante un carácter dicotómico que convierte las características biológicas en un estatus diferenciado de ciudadanía social y coloca los cuerpos en un campo político específico con base en una valoración social y cultural[2] que permea tanto las instituciones del estado, los corpus legales que las organizan, las normas de convivencia y socialización, la división sexual del trabajo, así como todas las relaciones de intercambio presentes en la vida cotidiana de las personas.

En un panorama donde la multiplicación de las desigualdades sociales, políticas y económicas coloca a todas las personas en una crisis generalizada de las condiciones de vida, el Estado Nación contemporáneo ha desarrollado políticas a favor de la igualdad y no discriminación para tratar de resarcir las brechas de desigualdad en las que se encuentran los grupos sociales en condiciones de subalternidad, sin embargo esas políticas públicas a favor de la igualdad sustantiva tienen una vida muy corta en el imaginario social a pesar de que obligan a los Estados parte a armonizar sus legislaciones y marcos jurídicos nacionales, incluidos los ámbitos estatales y municipales, para impactar en las condiciones sociales que viven miles de personas y comunidades.

La brecha de desigualdad y exclusión persiste a pesar de las leyes y de sus estrategias jurídico-políticas, o quizá justo por esa razón es que persisten. En las últimas décadas, tanto en México como en muchos países de la región Latinoamericana se han ido gestando una serie de nuevas acciones colectivas que surgen como respuesta a las contradicciones sociales que se recrudecen actualmente y ante las cuales observamos cómo surgen iniciativas y voces que piden reforzar las prácticas de control sobre los cuerpos, sobre las diversidades y la pluralidad, proliferando conflictos socioculturales y movilizaciones en defensa de lo público y los bienes comunes. Todo ello en un contexto generalizado de precariedad económica, social y laboral.

Las políticas de la igualdad representan, en este sentido, el lugar del conflicto donde se inscriben, jurídicamente hablando, las contradicciones entre el individuo y la nación, en el sentido de que las relaciones se encuentran en un contexto capitalista de tensión permanente resultado del modelo económico contemporáneo que restringe los espacios para las prácticas de los derechos humanos, y cuya característica general es la concentración de la riqueza y la democratización de las desigualdades.

Estela Serret plantea los principales conflictos y debates contenidos en los instrumentos internacionales a favor de la igualdad de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas que recogen de manera general los siguientes[3]:

  • La feminización de la pobreza, de las migraciones y de las cadenas globales de cuidado.
  • Las desigualdades en el acceso a la justicia, la educación, la propiedad, la capacitación, la salud, la información, al uso y goce de los avances de la ciencia y la tecnología, y a los recursos naturales para el desarrollo.
  • Los tipos y modalidades de las violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes.
  • Las consecuencias de los conflictos armados sobre los cuerpos de las mujeres como botín de guerra.
  • Las disparidades en el ejercicio de poder y toma de decisiones en las distintas esferas de la vida.
  • Permanencia de la institucionalización de los estereotipos de género en los discursos sociales e institucionales, tanto en los medios de comunicación como en la familia y en las grandes agendas.

La implementación de políticas públicas de género en nuestro país debe proponerse como imperativo la abolición de las condiciones de subalternidad que padecen junto con las mujeres los grupos sociales de las diversidades, que establece, de manera generalizada, el actual modelo económico, social, cultural y político contemporáneo. En el contexto social y político actual se presenta un amplio acuerdo entre la academia, grupos de activistas que defienden derechos humanos de las mujeres y organizaciones de la sociedad civil, que revela los escasos avances en los objetivos para alcanzar la igualdad de género, e incluso se percibe un claro retroceso en la implementación de las normas y los indicadores globales de progreso de la igualdad sustantiva.[4].

 

@LNDiversidades

 

 

Fuentes:

[1] Céspedes, Oropeza, Ernesto, Introducción, p.5, Secretaría de Relaciones Exteriores. (2005).

[2] Lagarde 1997

[3] Cfr. Serret, Estela, 2008:102.

[4]  ONU MUJERES, Comunicado “Un fracaso colectivo de liderazgo respecto al progreso de las mujeres”, 6 de marzo 2015, en línea, unwomen.org, Cfr. El Universal, “ONU alerta de retroceso en derechos de mujeres”, 7 de marzo 2015, en línea.

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