Identidad política, mujeres y derecho penal

Algo que no ha estado presente en las reflexiones teóricas y en las prácticas de los feminismos que han impulsado importantes leyes en México es una crítica sobre lo paradójico que puede resultar legislar sin escuchar y tomar en cuenta las experiencias de las personas a quienes se pretende “proteger”.

Por: Lucía Núñez (@LuciaNunezR)

El debate sobre el sujeto político Mujer, entre los feminismos, se ha dado por varias autoras. Sólo por nombrar algunas, en EEUU, Angela Davis[1], Judith Butler[2]; desde el margen latinoamericano y los estudios decoloniales, Yuderkis Espinosa; María Lugones, etc.

Ya desde la crítica realizada por los feminismos negros, se había puesto en evidencia la falacia del feminismo como un movimiento en el que se aglutinan todas las mujeres en una especie de unidad “natural” o estratégica en virtud de que compartimos la opresión de género. Esta centralidad, vista como la opresión fundamental del sujeto del feminismo, oculta otra serie de opresiones que se constituyen e imbrican con la de género, evitando el reconocimiento de la diversidad de mujeres, es decir, las mujeres de carne y hueso que el sujeto político de Mujer[3] dice o pretende representar.

Una de las reflexiones críticas que se ha planteado es que la idea de una opresión única —la de género— ha legitimado acciones y/o políticas, las cuales, en su puesta en práctica, han agudizado las diferencias al interior de la clase mujeres, diferencias tanto de raza, etnia, edad, clase, sexualidad y capacidades. Por ejemplo, determinadas políticas públicas, elaboradas bajo la perspectiva de la mujer blanca, heterosexual y de clase media, han ignorado la situación concreta de diversas opresiones, más allá del género, a las que otras mujeres se enfrentan, en el sentido del cuestionamiento que Sojourner Truth hiciera en su famoso discurso “Acaso no soy yo una mujer”.

Lo anterior pone a debate los límites, paradojas y dificultades que puede tener la utilización del discurso jurídico liberal moderno y, en especial, el penal, como un instrumento de garantía de derechos de las diversidades de sujetos y, en tal sentido, de igualdad y no discriminación.

Si pensamos en el discurso jurídico penal liberal como aquel que pretende, tal como lo hace el género, categorizar, dividir, regular, disciplinar y clasificar, se puede atisbar la complejidad a la que nos enfrentamos cuando la representación de la Mujer que encontramos en la ley penal parte del ideal universal de lo que se considera precisamente una Mujer, con todos los estereotipos y/o arquetipos sociales que ello implica, es decir, una ficción política llevada al discurso penal bajo la visión de la mujer blanca, heterosexual, occidentalizada y de clase media. En tal sentido, parece pertinente preguntarse a la luz de las reformas en materia penal que han impulsado mujeres y feministas para hacer frente al doloroso flagelo de las violencias de género en contra de las mujeres, ¿quiénes son las mujeres que han definido lo que es normal y anormal desde el discurso de la ley penal?; ¿bajo qué perspectivas es/ha sido definida la ficción política de la Mujer en este instrumento punitivo? Creo que es importante hacerse estas preguntas porque promueven el análisis autocrítico de las acciones y políticas legislativas que con frecuencia son elaboradas desde una posición de cierto privilegio, la cuales ignoran o no revisan sus efectos en las vidas concretas de otras mujeres, las cuales no entran en el cartabón del tipo de Mujer desde el que se elaboró la norma.

Mi propuesta no intenta deslegitimar la necesidad y utilidad estratégica de la adopción del sujeto político Mujer. Sin embargo, algo que no ha estado presente en las reflexiones teóricas y en las prácticas de los feminismos que han impulsado importantes leyes en México es una crítica sobre lo paradójico que puede resultar legislar sin escuchar y tomar en cuenta las experiencias de las personas a quienes se pretende “proteger” o proporcionar herramientas desde lo jurídico para su supuesta liberación, reconocimiento, acceso a la justicia. ¿A quiénes se está protegiendo, liberando, reconociendo y/o garantizando justicia y desde qué visión de lo que se considera opresivo/liberador/justo? El tema es relevante porque ha habido voces, cuerpos, vidas que han sido ignoradas, por ejemplo, en el agudo debate dentro del feminismo sobre trabajo sexual vs. prostitución.  Sin entrar ahora al punto sobre si ése es un trabajo o no, lo cierto es que urge poner de relieve algunas de las “consecuencias invisibles del rescate” al utilizar las leyes punitivas y políticas policiales.[4]

En el mismo sentido, Judith Butler (2007) advierte sobre la doble función del poder: la jurídica y la productiva, es decir, que la “ley produce y posteriormente esconde la noción de un sujeto anterior a la ley, para apelar a esa formación discursiva como una premisa fundacional naturalizada”, es el caso de la re-producción sistemática del sujeto mujeres a través del discurso penal como víctimas y todo lo que ello implica en el imaginario social, lo cual acaba por sabotear los objetivos con los que inicialmente se inserta en los códigos penales una descripción típica de una conducta no deseada y/o dañosa. Piénsese en la revictimización de las mujeres cuando sufren un delito. Si la mujer atacada no cumple con lo que se espera de una “víctima inocente”, seguramente será culpabilizada por su desgracia. Como dije, este mecanismo de clasificación mediante el cual opera la ley penal es muy parecido a la clasificación que hace el género, cuando éste divide a la humanidad en dos: hombres y mujeres, a quienes se atribuyen características distintivas, en contraposición una de la otra, al decirse, por ejemplo, que las mujeres son sentimentales y los hombres racionales; los hombres violentos y las mujeres pacíficas, etc. En ese mismo sentido, la ley penal y todo su dispositivo de justicia divide a las personas en buenas y malas; normales y anormales; víctimas y victimarios, de acuerdo al entrelazamiento de estereotipos sociales de clase, raza, etnia, nacionalidad, etc. ¿Cómo lidiar con esta paradoja de querer combatir opresiones y destruir estereotipos desde un dispositivo que no sólo los produce sino que los reproduce? Esta situación, al contrario de lo que comúnmente se cree, no es una cuestión coyuntural sino inherente al propio dispositivo penal liberal. Además, las realidades, situaciones y contextos de opresión se aplanan invisibilizando las diversas posiciones de los sujetos en un complejo entramado de relaciones de dominación y resistencias. Con frecuencia, no todas las mujeres son víctimas inocentes al momento de sufrir una agresión, ni todos los hombres son victimarios perfectos al momento de agredir, la realidad es mucho más ambigua. Negar lo anterior impide evidenciar que los estereotipos se constituyen con y a través las diversas formas de discriminación y opresión, las cuales, como he mencionado, son constitutivas del dispositivo de justicia penal. Entonces se vuelve viable pensar que se debe actuar con mucha cautela frente a tal dispositivo, siempre de manera crítica y autocrítica, cuando se intenta utilizar, revisando desde qué posición subjetiva se instauran normas jurídicas y sus posibles efectos en otros cuerpos y vidas.

El Laboratorio Nacional de Diversidades tiene la apuesta de promover diversas reflexiones autocríticas por ser un laboratorio que, si bien es transdisciplinario, ha tenido mucha influencia del ámbito jurídico[5]. La “interseccionalidad”, como categoría analítica, debe ser utilizada para entender, evidenciar y cuestionar privilegios que producen constantemente subordinaciones y opresiones entre los sujetos y no como una camisa de fuerza que impida la acción política y la unión de lxs oprimidxs.

 

* Lucía Núñez es Investigadora del CIEG UNAM.

Referencias:

[1] Davis, Angela (2005), Mujeres, raza y clase, Madrid: Akal.

[2] Butler, Judith (2007), El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, Barcelona: Paidós.

3 Cuando Mujer aparece con mayúscula me refiero al ideal de mujer, al prototipo.

[4] Ver el estudio denominado “Las consecuencias invisibles del rescate” de Fernanda Ezeta y Mónica Salazar.

También el caso de centroamericanas detenidas en Chiapas https://www.animalpolitico.com/2018/02/mujeres-migrantes-trata-chiapas/ y la entrevista, que aunque es del año 2014 ilustra muy bien el caso, a Elvira Madrid, Presidenta de Brigada Callejera a partir del minuto 17:33. https://youtu.be/fEa-ruBP9AA

 

[5] LND tiene su sede en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

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