Criminalización de mujeres de escasos recursos

Teodora no tuvo el dinero suficiente para ir al hospital, la ambulancia que solicitó para tener a su bebé en el hospital nunca llegó, y dio a luz en un baño oscuro, sola y en condiciones antihigiénicas. Aún así la condenaron a 30 años de prisión.

Por: Beatriz Eugenia Mayans Hermida

Teodora Vásquez tenía 24 años de edad cuando escuchó que pasaría los siguientes 30 años de su vida en prisión tras haber sido encontrada responsable por el homicidio de su hija recién nacida. Según el dicho de Teodora y de las constancias del expediente se desprende que no le quitó la vida a su hija, sino que tuvo un parto extrahospitalario que tuvo un lamentable resultado. Fue a principios del 2008 cuando un Tribunal de Sentencia en San Salvador, El Salvador, dictó sentencia definitiva en su contra. Hoy, 10 años más tarde, Teodora se encuentra libre; no por habérsele encontrado inocente, sino porque el Presidente de la República decidió otorgarle la libertad al concederle la gracia de la conmutación de la pena (indulto parcial que altera la naturaleza del castigo a favor del sentenciado). Lo anterior se pudo lograr teniendo en cuenta el dictamen favorable de la Suprema Corte de Justicia de El Salvador, en el cual se encontraron razones de equidad, moral y justicia para la reducción de la pena.

El caso de Teodora, lamentablemente, no es aislado. Muchas mujeres en El Salvador y en otras partes del mundo, en su mayoría jóvenes y de escasos recursos, tienen partos extrahospitalarios y emergencias obstétricas por falta de atención médica durante el embarazo, así como antes, durante e inmediatamente después del parto. Este tipo de emergencias se dan con mayor frecuencia en poblaciones en donde la situación socioeconómica es baja y en donde no hay acceso a servicios de salud, o éstos son deficientes.

De no haber sido puesta en libertad, Teodora hubiese tenido que pasar casi un tercio de su vida en una de las prisiones más sobrepobladas de El Salvador (con todo lo que ello implica en cuanto a la condición de vida en esos lugares), alejada de su pequeño hijo que al momento de los hechos tenía tan solo 4 años, y privada de sus mejores años de vida familiar, laboral y social.

Como madre joven, soltera, sin estudios y proveniente de una clase socioeconómica muy baja, Teodora trabajaba de tiempo completo como personal de limpieza en un colegio. Según su testimonio, fue durante la jornada laboral cuando empezó a sentirse muy mal con fuertes dolores en el abdomen y la espalda. Al no tener dinero para acudir al hospital, le pidió a su jefe que le adelantara 20 dólares de su sueldo, éste decidió darle solamente la mitad. Sin tener el dinero ni las fuerzas suficientes para ir al nosocomio, Teodora optó por llamar a la División de Emergencias 911 de San Salvador para que le enviaran una ambulancia a la escuela, ambulancia que nunca llegó.

Teodora entró al baño del personal de servicio; un baño pequeñito, con suelo de tierra y un solo foco que, para colmo, no funcionaba aquel día. Sin poder ver nada más que un haz de luz que entraba por la rendija de arriba de la puerta, fue invadida por un dolor insoportable que le ocasionó un desmayo. Aturdida y sin saber exactamente lo que había sucedido ni cuántos minutos estuvo inconsciente, se levantó y logró ver que su bebé estaba en el suelo sin moverse ni respirar. Un compañero de trabajo, al enterarse de lo sucedido, llamó a la policía, quien al ser informada de la probable comisión del delito de aborto llegó rápidamente para interrogar y llevarse a Teodora. Así, se inició un proceso penal plagado de irregularidades en su contra.

La Fiscalía y el Tribunal de Sentencia sostuvieron, de manera infundada, la teoría de que Teodora había matado dolosamente al bebé. El Tribunal omitió discrecionalmente valorar pruebas que soportaban el dicho de Teodora y que desacreditaban el dolo con el que supuestamente actuó. Ejemplo de estas pruebas son el testimonio rendido en audiencia de otra empleada del colegio, con el que se corroboró que Teodora solicitó el dinero a su jefe para ir al hospital, así como la cronología de eventos proporcionada por el jefe de la División de Emergencias 911. De dicha cronología se desprende que la unidad en mención efectivamente recibió una llamada del colegio en el que Teodora trabajaba y en la que se solicitaba que se enviara una ambulancia a auxiliar a una mujer con dolores de parto. Lo anterior demuestra la parcialidad del juez y la vulneración al debido proceso y, en tanto que no se valoraron pruebas fundamentales como las antes mencionadas, se declaró la responsabilidad de la imputada con base en un peritaje sobre las causas de muerte del bebé a todas luces contradictorio y carente de sustento científico.

Aunado a lo anterior, Teodora no tuvo una defensa adecuada y efectiva durante el proceso. El abogado particular que tuvo en un inicio no asistió a diligencias en que era necesaria su presencia y renunció el mismo día de la audiencia ante el Tribunal de sentencia. Como resultado, se nombró en ese momento a una defensora pública para que llevara la audiencia, a quien primero se le otorgó 3 horas para que conociera el expediente, y posteriormente, a petición propia, se le concedieron dos días más para que prepara la defensa.

Con base en lo narrado, no es difícil concluir que hubo violaciones graves al procedimiento que influyeron directamente en el veredicto y que nos llevan a presumir que la sentencia condenatoria en contra de Teodora se debió, en buena medida, a su condición de vulnerabilidad (ser mujer pobre) y, presumiblemente, a que la lección que quieren comunicar los jueces y tribunales es el que las mujeres salvadoreñas están en la obligación de llevar a término sus embarazos (aun en los casos en los que se susciten accidentes inesperados). No hay otra explicación lógica que nos lleve a entender cómo la Fiscalía y el Tribunal pasaron por alto las pruebas que demostraban el hecho de que Teodora no tuvo el dinero suficiente para ir al hospital, que la ambulancia que solicitó para tener a su bebé en el nosocomio nunca llegó, y que dio a luz en un baño oscuro, sola y en condiciones antihigiénicas, lo que, de acuerdo a los expertos, aumenta las probabilidades de muerte a la hora del parto.

Como abogada en ese entonces de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), junto con los alumnos del CIDE y en colaboración con la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto El Salvador, Amnistía Internacional, Las Libres, el Centro de Derechos Reproductivos (CRR por sus siglas en inglés) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL por sus siglas en inglés), tuvimos la oportunidad de trabajar en varias de las conmutaciones y ser testigos de primera mano de las injusticias por las que han pasado, y siguen pasando, diversas mujeres en El Salvador, quienes se encuentran en la misma situación que Teodora. Tal es el caso de Mayra Verónica Figueroa, quien a los 19 años también fue sentenciada a 30 años de prisión por haber tenido un parto extrahospitalario, y a quien en días pasados se le conmutó la pena y fue puesta en libertad, gracias al trabajo de las organizaciones e instituciones mencionadas.

Después de viajar a San Salvador para poder hablar con algunas de las mujeres, incluidas Teodora y Mayra, y de la lectura de los expedientes, fue evidente que los casos tienen como denominadores comunes: que son mujeres jóvenes que vivían en una situación de pobreza, con poca o nula educación y sin acceso a servicios de salud, la vulneración al debido proceso, la parcialidad y sesgo con el que actuaron las autoridades, y la inadecuada defensa desde el inicio del procedimiento.

Las salvadoreñas se enfrentan no solo a una de las leyes más restrictivas en el mundo en contra del aborto –no se permite abortar por ningún motivo y la pena mínima por ese delito es de 30 años de prisión– sino también a Fiscalías y Tribunales que se basan en prejuicios de género en torno al deber de la maternidad y que se empeñan en condenarlas por un delito que no cometieron. Uno de los ejemplos más claros de estos prejuicios de género es el argumento recurrente de que las imputadas no comprobaron la “felicidad del embarazo”. De acuerdo a la Fiscalía y los Tribunales, el hecho de que algunos vecinos y conocidos declararan no haberse enterado del embarazo de estas mujeres, “comprobaba” que ellas estaban infelices con el mismo y por consiguiente sí habían tenido la intención de abortar. Esto no tiene cabida en el derecho penal.

Si bien es legítimo que los Estados quieran dar protección jurídica al producto de la concepción, desde la perspectiva del derecho penal el aborto no debe considerarse como un delito absoluto. Es decir, la legislación penal debe contemplar ciertos supuestos en los que la mujer no debe ser sancionada por haber interrumpido el embarazo, pues de lo contrario habría un desbalance en la salvaguarda de valores constitucionales totalmente inclinado a la protección de una vida en potencia, dejando así en absoluta indefensión a la mujer y sus derechos. Un número considerable de legislaciones penales en el mundo establecen como dichos supuestos que el producto de la concepción sea resultado de una violación, que la vida o salud de la mujer esté en riesgo de seguir con el embarazo, cuando el feto sea inviable y, en una menor medida, por cuestiones económicas, así como cuando se realice en un periodo cercano a la concepción.

El caso de Teodora y de Mayra son un ejemplo prototípico de las dificultades que las mujeres enfrentamos en el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Afortunadamente, estas mujeres corrieron con suerte, pues gracias al trabajo de una serie de organizaciones e instituciones, y a la presión internacional, hoy se encuentran libres, lo cual no pasa en la gran mayoría de los casos.

Legislaciones híperrestrictivas en materia de aborto, la desproporcionalidad y severidad de las penas impuestas por estos delitos, la falta de políticas públicas y programas en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, la falta de acceso a buenos servicios de salud y la falta de profesionalismo en hospitales, fiscalías y tribunales, así como de los abogados defensores, llevan a que mujeres (en particular las que viven en condiciones de pobreza) terminen injustamente encarceladas varios años por abortar (voluntaria o involuntariamente) o por emergencias obstétricas que terminan en la muerte de los productos.

Esperemos que el caso de Teodora sirva como ejemplo para reflexionar sobre la criminalización del aborto y su impacto en uno de los grupos más vulnerables: las mujeres de escasos recursos.

 

* Beatriz Eugenia Mayans Hermida es abogada en derechos humanos. Cuenta con una maestría en International Legal Studies por New York University.

 

@LNDiversidades

Close
Comentarios