Las violentan porque pueden

El ejercicio de la política se da en un clima de impunidad para quienes ejercen la violencia contra las mujeres y es por ello que urge tipificar los delitos y establecer sanciones a través de una ley que regule la violencia política contra las mujeres.

Por: Flavia Freidenberg (@flaviafrei) 

Los partidos mexicanos no han estado muy preocupados por la igualdad entre los géneros. Las mujeres no han tenido las mismas oportunidades que los hombres para acceder a los cargos de dirección de los partidos ni como candidatas a los puestos de representación popular, no han recibido la misma cantidad de dinero al hacer campaña y han tenido que enfrentar obstáculos muy duros cuando quieren ser líderes políticas (como techos de cristal, de cemento, de billetes, sesgos y estereotipos de género desde el electorado y en las coberturas periodísticas).

Mientras las mujeres no desafiaron el poder, nadie cuestionó su idoneidad. El problema ha sido cuando ellas se han ido quedando con las nominaciones competitivas, muchas veces porque la ley así lo establecía y no por voluntad de las dirigencias. Cuando los políticos hombres no consiguieron que ellas desistieran de participar, comenzaron con desaires pequeños, que parecían inocentes, y que a nadie les hacía pensar que eran acoso y/o violencia política. Muchas mujeres incluso internalizaron esos comportamientos como normales, en contextos de impunidad y normalización de la violencia.

Los partidos han simulado su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres, a pesar de haber impulsado durante las últimas décadas leyes de cuotas y/o el principio de paridad constitucional con la reforma electoral de 2014. Si bien la representación descriptiva de las mujeres se ha incrementado en las instituciones federales, las condiciones en las que consiguen una candidatura están cruzadas por manifestaciones de violencia, por el simple hecho de ser mujeres.

En este proceso electoral de 2018 esto no ha sido muy distinto. La violencia contra las candidatas se ha expresado de diversas maneras: física y sexual, simbólica, institucional y/o psicológica, como dan cuenta de ello diversos medios de comunicación y el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México. Los políticos continúan pensando que el espacio público les pertenece y siguen buscando resquicios para incumplir las leyes: presionan a las autoridades para no poner mujeres en las candidaturas o para no aceptar los lineamientos paritarios de registro de candidaturas; envían a las mujeres a los distritos perdedores; argumentan que a ellas no les gusta la política, hacen comentarios despectivos sobre sus capacidades, no escuchan sus ideas o no prestan atención a sus demandas. También emplean propaganda y lenguaje sexista; hacen chistes misóginos y les hacen sentir culpa por no estar ejerciendo su rol de madre o cuidando a su familia; colocan mensajes contra ellas en sus redes sociales para minar la confianza de sus seguidores cercanos y sus familiares. En los casos más extremos, las agreden, las persiguen, las acosan, las secuestran o las matan.

Los partidos continúan controlando los procesos de selección de candidaturas de manera excluyente, para que nadie pueda registrarse sin “autorización” del que manda; expulsan de los círculos de poder a las mujeres que se “registran solas” (bajo el mensaje de: “a ti no te toca”) o que no aceptan las órdenes que limitan sus derechos; capacitan a mujeres militantes para luego no impulsarlas como candidatas y emplean criterios poco meritocráticos en la selección: prefieren mujeres de la familia o su vínculo cercano (esposas, hijas, hermanas), a quienes creen controlar por sumisas y leales, y no a las mujeres militantes con experiencia política.

Los partidos juegan con las expectativas políticas de las mujeres; les prometen recursos y cargos, para luego no cumplir, excluirlas, violentarlas y/o discriminarlas. El ejercicio de la política se da en un clima de impunidad para quienes ejercen la violencia contra las mujeres y, es por ello, que urge tipificar los delitos y establecer sanciones a través de una ley que regule la violencia política contra las mujeres. Esas sanciones podrían ser desde: a) amonestaciones públicas, b) suspensiones de los derechos como militantes; c) impedimento de ejercer candidatura en nombre del partido por un periodo de tiempo; d) impedimento de ser electo en nombre del partido por un periodo de tiempo o para ser dirigente del partido y, finalmente, expulsión (o pérdida de la militancia) del partido.

Los partidos deben ser actores claves de la transformación cultural que exige la política. Deben impulsar la aprobación de esa Ley a nivel federal y también cambios en sus Estatutos; aprobar Protocolos que combatan la Violencia Política contra las mujeres, enseñar a los hombres y mujeres sobre igualdad sustantiva, nuevas masculinidades, sobre cómo erradicar la desigualdad estructural y la violencia política de género. Ningún político al que se le haya denunciado por violencia política en razón de género, ha perdido un cargo, sus derechos políticos o la posibilidad de registrarse como candidato en el futuro. Los dirigentes y/o candidatos violentan a las mujeres porque pueden. Llegó el momento de que esto se castigue. Este no puede ser el costo “natural” de hacer política que deben vivir las mujeres.

 

@LNDiversidades

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