Mujeres indígenas y los pueblos a los que pertenecemos

En pleno siglo XXI, los pueblos indígenas y otros que no encajan dentro del modelo de desarrollo neoliberal y capitalista, viven condiciones de desigualdad y exclusión.

Por: Maricela Zurita Cruz

A nivel internacional, México se caracteriza por una fuerte presencia de pueblos indígenas. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015), del total de la población nacional, que es de 119 millones 530 mil 753 habitantes, el 21.5 % se reconoce y auto adscribe como parte de algún pueblo indígena. En la constitución se reconoce que los pueblos indígenas son parte de esto que se llama México, haciéndolo un país pluricultural y plurilingüe.

De manera oficial se reconocen 68 pueblos indígenas y cada uno tiene su cultura, formas propias de organización social, política y económica. No obstante, la garantía de derechos reconocidos en el Artículo 2º constitucional, se quedan en eso, en un artículo. En pleno siglo XXI, los pueblos indígenas y otros que no encajan dentro del modelo de desarrollo neoliberal y capitalista, viven condiciones de desigualdad y exclusión.

Aun cuando no se verbalice, en las actitudes y hechos cotidianos, a las personas de pueblos indígenas se les ve como inferiores, pobrecitos, sin capacidad de reflexionar, a quienes se les puede engañar o personas que no pueden defenderse y por tanto hay que ayudar. Para ejemplos están los intentos de alfabetizar para que se aprendiera hablar español (muchas veces a golpes), los programas asistencialistas como Prospera, la injerencia de partidos políticos, la ridiculización de nuestra forma de hablar y nuestro modo de ser en la televisión y en la radio, entre muchas otras cosas que ya no se perciben, porque en el discurso en este país no se discrimina y ni se es racista.

Pueblos enteros han desaparecido por acciones como las anteriores. Y si con eso no bastara, sexenio tras sexenio, los gobiernos han aprobado leyes y reformas regresivas utilizando el discurso del progreso para apropiarse de tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos. La Ley minera ha permitido a empresas trasnacionales disponer y destruir los recursos que habían sido resguardados por nuestras antepasadas y antepasados.

Asimismo, el Estado limita el ejercicio de derechos como la salud, educación, alimentación. En las comunidades donde sí hay escuelas o centros de salud, éstas no reconocen los saberes comunitarios como la partería o la medicina tradicional. El presupuesto asignado a los pueblos indígenas en 2017 a través de la Comisión para el desarrollo de los Pueblos Indígenas tuvo un recorte del 51.1%.

Lo anterior se concreta en la exclusión, violencia y discriminación a los pueblos indígenas. Esta situación afecta y representa mayores obstáculos para las mujeres indígenas. Si a los pueblos indígenas no se les consulta, a las mujeres indígenas menos se les considera en el proceso o toma de decisiones sobre el rumbo de sus pueblos o del país.

La subordinación de las mujeres ha estado presente en las culturas originarias y occidentales desde siempre, sin embargo, como lo explica la feminista popular Claudia Korol, en tiempos de la colonia, las mujeres indígenas vivieron violaciones masivas: fueron instrumento de la guerra de conquista y del asentamiento colonial, perdieron su status político y social, las esclavizaron y las sometieron a jornadas agotadoras de trabajo[1].

En la actualidad, las situaciones de violencia que viven las mujeres indígenas no ha cambiado. En la implementación de proyectos extractivas son ellas las que más padecen de enfermedades a consecuencia de la contaminación que se genera en sus territorios y recursos naturales; en los conflictos territoriales son las que se quedan con la responsabilidad completa de sus hijos e hijas si el marido fallece o con la tristeza cuando uno de sus hijos muere cumpliendo su “obligación”; mueren asesinadas sin que nadie lo notifique, tipifique como feminicidio o haga justicia; enfrentan más prácticas discriminatorias y de racismo por parte de funcionarios y funcionarias públicas encargadas de la procuración, administración e impartición de justicia dentro y fuera de sus comunidades, por mencionar algunos. Asimismo, las mujeres indígenas como las no indígenas continúan asumiendo roles vinculados al ámbito privado.

En la lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres indígenas han sido aliadas fundamentales. En 1994, el movimiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tuvo visibilidad nacional también por el aporte de las mujeres que ahí estuvieron presentes y aceptaron caminar de la mano con sus compañeros. Con ellas se hizo visible en todo el país las condiciones en las que vivían las mujeres indígenas.

En los últimos 20 años, las mujeres indígenas se han organizado para demandar sus derechos en su doble dimensión: como sujetas individuales y como parte de una colectividad. Lo que no siempre ha resultado, pues el sistema patriarcal y colonial, no solo legitima el poder en manos de la clase dominante, sino que privilegia que el poder y la toma de decisiones esté en los hombres. En ese contexto hablar de participar en la toma de decisiones o vida de este país se vuelve un reto mayor.

En nuestro país, en la Cámara de Diputados para las próximas elecciones, nuestra representación política como pueblos indígenas está garantizada sólo en 13 curules de los 500, de los cuales desconocemos cuántas serán hombres y cuántas mujeres. Habrá además que observar que los partidos políticos en los distritos con mayor población indígena cumplan con lo estipulado por el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal (TEPJF).

Hasta hoy, quienes han llegado a los diversos espacios de representación y toma de decisiones en el país, ha sido porque aprendieron a imponerse, a “ganarse” un lugar por sus capacidades, habilidades o actitudes, pero no porque son indígenas, por lo menos no públicamente.

Hoy hablar de la participación social y política de las mujeres indígenas y de los pueblos a los que pertenecen, significa tomar en cuenta las particularidades de sus contextos. Partiendo del hecho de que las mujeres indígenas tienen una participación diferenciada dependiendo del contexto en el que se encuentren, si han migrado y regresado, entre otros aspectos.

Hay que reconocer que todas las mujeres indígenas ya tienen una participación social en sus comunidades, el problema es que no es reconocido. Lo otro es entender que la participación política es un derecho y está reconocido en las leyes, sin embargo, debe de partir de una decisión personal y no como una imposición. El Estado en todo momento tiene la obligación de generar espacios y/o estrategias de sensibilización y formación para comprender las implicaciones que tiene la participación política, para que las acciones afirmativas que se realizan desde las leyes no sean perjudiciales, particularmente a las mujeres indígenas.

Como mujeres indígenas y como pueblos por el contexto actual tendrán que seguir reflexionando y exigiendo al Estado la garantía plena de sus derechos. En los últimos 20 años, esto ha sido fundamental para el impulso de políticas públicas, convenios internacionales, acciones afirmativas y medidas, que contrarrestan las violencias y exclusiones en la que han estado viviendo.

¡Nunca más un México sin las mujeres indígenas y los pueblos indígenas!

 

 

[1] Exposición realizada durante el Encuentro de Educadores y Educadoras Populares de la Red Alforja, abril 2011, Honduras.

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