Movilización legal y política de grupos antiderechos

Invocar el derecho absoluto a la vida como fundamento de una norma contraria a la autonomía reproductiva ha resultado muy estratégico en la movilización legal de los grupos religiosos y conservadores, ya que de forma impune vulneran gravemente la laicidad del Estado y sus normas punitivas tienen efectos directos e indirectos sobre los cuerpos de las mujeres pobres y más vulnerables.

Por: Lourdes Enríquez

Pasando por encima de los compromisos en materia de respeto, protección y garantía de los derechos humanos que ha suscrito nuestro país, la movilización legal y política de los grupos llamados antiderechos de las diferencias y sus aliados en todos los partidos han conseguido logros tanto en las agendas legislativas y el imaginario social, como en el diseño de política pública, utilizando discursos retrógrados y moralizantes que vulneran la laicidad del Estado Mexicano.

La acciones de estos grupos, conservadores en extremo, constituyen una reacción virulenta al reciente y significativo avance en el andamiaje jurídico a nivel constitucional, a la armonización legislativa de los estándares internacionales en materia de justicia de género, igualdad sustantiva, libertades fundamentales, autonomía personal y las conceptualizaciones de vida digna de los grupos humanos en su diversidad, pluralidad y polivalencia.

En nuestra región Latinoamericana es importante visibilizar y nombrar que la reacción de los fundamentalismos religiosos a la progresividad y ampliación de derechos humanos de las últimas décadas, en específico, los derechos y libertades de las mujeres y la diversidad sexual, está operando con gran impacto discursivo, mayor frecuencia en los medios masivos de comunicación, más ciertos apoyos gubernamentales, así como abundantes recursos financieros.

Los actores ultraconservadores (sociedad civil, instituciones intergubernamentales, estatales y religiosas) han utilizado técnicas retóricas para desarrollar todo un espectro de discursos e impulsar sus objetivos regresivos, con argumentos que tienden a manipular conceptos ligados a la religión, la cultura, la tradición y la soberanía nacional. Encubren sus dogmas mediante la apropiación de un lenguaje de derechos humanos y es así como se organizan frente a lo que perciben como una crisis de la familia natural, desencadenada por la modernidad y la globalización.

Esta táctica de politización reactiva y una incorporación sinuosa del lenguaje secular consiste en articular muchos de sus argumentos en conceptos generales compuestos por una variada gama de elementos, entre los que ocupa un lugar destacado la “protección de la familia”, que ha surgido como un tema unificador en un marco estratégico y útil para contener numerosas posiciones heteropatriarcales y antiderechos que a su vez justifica e institucionaliza. Es decir, con un discurso familista y esencialista, los grupos antiderechos colocan sus agendas de manera integral, uniendo narrativas y temas diversos, bajo un concepto abarcativo aparentemente inofensivo.

La conceptualización de la idea de “protección de la familia” encontró su inspiración y punto de apoyo institucional, con la clara intención de socavar los avances internacionales y nacionales en materia de desigualdades y exclusiones por razones de género, en específico, la autonomía sexual y reproductiva, así como lo que significa el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y por otro lado, descalificar un asunto de salud pública, que tiene que ver con el derecho a vivir libre de cualquier tipo o modalidad de la violencia, ya sea física, psicológica, sexual o institucional, en el ámbito de lo doméstico, laboral, en la comunidad, o en el espacio público.

En el mismo paquete de acciones ofensivas, recientemente han logrado agendar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el tema del impacto de la implementación por parte de los Estados, de sus obligaciones establecidas por sus disposiciones relevantes de la legislación internacional de derechos humanos con respecto a la “protección de la familia”, en su función de apoyo al respeto, protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, incluso detectada, dicha disfuncionalidad, desde antes de nacer.

Otra potente y perversa construcción argumentativa de los grupos conservadores es el desarrollo de la idea de “ideología de género”, presentándola engañosamente como una colonización ideológica o un virus intelectual, y así, desvirtuar una categoría analítica que visibiliza, nombra y politiza las relaciones desiguales de poder como fuerza de dominación. Y que también, mediante una metodología, explica una serie de dispositivos o tecnologías que distinguen asimétrica y jerárquicamente los actos de los cuerpos humanos.

A la luz de su argumentación, se puede detectar que el discurso conservador entiende la fuerza enunciativa del género como un término amplio y elástico, que está repetidamente mostrando el carácter construido y no natural de las representaciones de lo masculino y lo femenino. En ese sentido, dicho discurso busca oponerse y descalificar la tesis de que las diferencias biológicas entre hombres y mujeres han sido utilizadas para asignar poderes desiguales que explican la relación de dominio / opresión como relaciones naturales. Es por ello, que mediante la socialización del concepto “ideología de género”, los grupos antiderechos pretenden fundamentar su histórica oposición a los derechos y libertades fundamentales de las mujeres y de los grupos de la diversidad sexual, principalmente de las personas trans. Además, es frecuente escuchar que argumentar que la familia tradicional está siendo atacada y que necesita protección especial, los divulgadores de su pensamiento han llegado al extremo de afirmar que esta tendencia se extiende por el mundo y que lleva a un futuro de totalitarismo estatista.

En su ataque a los derechos reproductivos y al derecho a una maternidad libremente elegida, estos actores buscan apropiarse del derecho a la vida para ponerlo al servicio de su misión antiaborto. En nuestro país, invocar el derecho absoluto a la vida como fundamento de una norma contraria a la autonomía reproductiva ha resultado muy estratégico en la movilización legal de los grupos religiosos y conservadores, ya que de forma impune vulneran gravemente la laicidad del Estado y sus normas punitivas tienen efectos directos e indirectos sobre los cuerpos de las mujeres pobres y más vulnerables.

Los Congresos de 18 entidades federativas con la anuencia de todas las fuerzas políticas, sin discusión previa frente a la opinión pública y sin estudiar ni darse cuenta de los disparates legales que estaban provocando, y en ausencia de un análisis crítico de las serias consecuencias que sus decisiones podían provocar en la vida y en la salud de las mujeres, reformaron sus Constituciones locales en el sentido de proteger la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como una desesperada reacción a los avances legislativos de hace once años en Ciudad de México que abrieron, mediante política pública en materia de salud, la posibilidad de interrumpir legalmente un embarazo en las primeras doce semanas de gestación.

Desde muchos espacios, tanto sociales, como jurídicos y de salud sexual y reproductiva, se advirtió sobre la no certeza jurídica que las reformas constitucionales iban a ocasionar en los prestadores de servicios de salud en cuanto a métodos de planificación familiar, anticoncepción de emergencia, excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto, técnicas de reproducción asistida, avances científicos y, en especial, y no menos grave, la aberración jurídica que iba a provocar otorgar el carácter de persona a un óvulo fecundado para la situación de las mujeres que decidieran interrumpieran un embarazo, ya que se les acusaría del delito de homicidio, lo que lamentablemente ha estado sucediendo los últimos años en nuestro país, de una manera enfáticamente necropolítica[1].

Otra estrategia utilizada en la mencionada movilización legal y política para retroceder y obstaculizar los avances en derechos sexuales y reproductivos, ha sido la incorporación a la legislación en materia de salud, de la figura de objeción de conciencia, con la finalidad de que el personal médico y de enfermería pueda excusarse de participar en la prestación de servicios de salud. En el ámbito constitucional, la libertad de conciencia se encuentra prevista en el artículo 24 que habla sobre el derecho de toda persona a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Por su parte, el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que el derecho a la libertad de conciencia está sujeto a las limitaciones que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. A pesar de la supuesta ‘inocencia’ en la aprobación de esta reforma, tal como lo han enunciado diversas colectivas y organizaciones de derechos humanos, ésta podría ser otra forma de poner en riesgo la salud y vida de las mujeres mexicanas.

Son muchos más los temas que con un discurso familista y esencialista los grupos antiderechos de las diferencias van colocando en las agendas legislativas, en las resoluciones judiciales y en las políticas públicas, y que producen discriminación, exclusión y graves desigualdades con efectos dañosos en los cuerpos y en los proyectos de vida de las personas.

Lo comentado aquí son evidentes retrocesos que contradicen la reciente reforma constitucional del 2011, que obliga al Estado mexicano a promover, respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos. Estos son inalienables, indivisibles e interdependientes entre sí, ya que al concatenarse unos con otros amplían su protección, su reconocimiento formal y su garantía de cumplimiento como bienes jurídicos protegidos, ya que adquieren la forma de libertades, potestades políticas y exigencias sociales, que lamentablemente han estado ausentes de la actual contienda electoral.

 

@LNDiversidades

 

[1] Violencia institucional y de Estado. Políticas de la muerte contra cuerpos desechables para buscar castigos ejemplares. Martínez de la Escalera, Ana María. 2009. Feminicidio: Actas de denuncia y controversia. Programa Universitario de Estudios de Género. UNAM

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