Una mirada crítica a grupos antiderechos

Si el discurso del FNF y los grupos antiderechos ha ganado terreno en los últimos años, ¿no es acaso el momento de replantearnos los alcances de las reivindicaciones históricas del movimiento LGTBI a partir de un ejercicio de autocrítica?

Por: Alba Pons (@transfeminista)

Quisiera aprovechar este espacio para lanzar dos críticas, espero que constructivas, relativas a lo que se entiende por familia y lo que esto genera socialmente. El primer blanco de estas críticas es el Frente Nacional de la Familia, en concreto, o si se quiere, los grupos antiderechos en general, esos que tanta avanzada tienen hoy en día en América Latina y cuya lucha se dirige a mantener los valores tradicionales familiares intactos a pesar de que éstos sean motivo de subordinación, exclusión, discriminación y estigmatización de otro tipo de familias y los miembros que las conforman, cuyas identidades de género y preferencias sexuales no son heterosexuales ni cisgénero[1]. El segundo, es justamente el movimiento LGTBI[2] que reivindica su derecho a formar familias reconocidas legalmente a través de la figura del matrimonio y la adopción. En contra de los primeros me ubico claramente; de la mano del segundo es que a veces intento caminar, aunque siendo honesta, si tengo que posicionarme antes de plantear algo, diría que soy lesbiana feminista y aliada trans*, más que parte del movimiento LGTBI.

Aprovecho estos días por dos cuestiones. Una, la cercanía de las elecciones que definirán lo que los próximos años ocurrirá en México, y la influencia de la corriente antiderechos en la cual podemos ubicar al FNF. Dos, por la próxima celebración del día del orgullo día del orgullo LGTBI –que más que lésbico, trans* o intersex, es gay, pues normalmente tiene más peso la agenda política gay que la del resto de siglas.

El Frente Nacional por la Familia es una plataforma de organizaciones que luchan contra las iniciativas políticas que favorecen a la comunidad LGTBI por considerar que ponen en peligro los valores tradicionales familiares. Ellos lo tienen todo muy claro: esta institución solo puede estar formada por un papá (cisgénero y heterosexual), una mamá (cisgénero y heterosexual) e hijos (cisgénero y heterosexuales también). Los grupos antiderechos no lo dudan: la vida del feto es más importante que la de cualquier mujer, la homosexualidad es una aberración entre varias y lo trans es una moda, una elección, que puede “infectar” a sus hijos.

Con estas reivindicaciones los grupos antiderechos están tensando sobremanera la forma en que históricamente hemos entendido lo político, pues si bien pensábamos que salir a la calle, marchar, era una posible estrategia para conseguir derechos, estos le han dado la vuelta y se manifiestan para restar, para que “los otros” pierdan lo poco que han logrado, para que los vínculos sexo-afectivos no heterosexuales y las identidades no cisgénero pierdan el reconocimiento que han conseguido, por lo menos en la Ciudad de México. Con sus redes y posiciones sociales, con su capital e influciencas políticas estratégicas, estos grupos cada vez marcan más la agenda institucional y partidista configurando un nuevo y complejo escenario tanto para el movimiento feminista como para el LGTBI. Escenario en el cual sin una autocrítica profunda y ciertas alianzas estratégicas corremos el riesgo de perder lo poco que se nos ha reconocido en los últimos años.

Una de las estrategias antiderechos de estos grupos es criminalizar lo que nombran como Ideología del género. De forma perversa instrumentalizan discursos construidos desde el cuestionamiento a los valores familiares tradicionales con el fin de restarles potencia a nuestros saberes, nuestras prácticas e, inevitablemente a nuestras vidas. Apelando a una concepción natural de la familia y de la identidad que ya desde hace años ha sido ampliamente cuestionada por la Academia y por los movimientos sociales de izquierdas, estos grupos pretenden reificar de nuevo una idea tradicional que excluya la diversidad de formas de vivir lo familiar que hoy en día existen y se han ido visibilizando. Es la idea de la familia tradicional la que pretenden reificar, esa que ha sido sustentada históricamente por discursos morales pero también naturales y legales, aquella institución a la que solamente pueden acceder “los normales”, es decir, las personas heterosexuales y cisgénero organizadas bajo la lógica de la herencia patrimonial, el binarismo de género, la reproducción biológica y social y la jerarquización sexual.

Y aquí quisiera plantear la segunda crítica. Porque si ellos lo tienen claro, quizá nosotrxs, o más bien las personas que nos identificamos con alguna o varias de las siglas dentro del espectro de lo LGTBI, no lo tenemos tanto. ¿Porqué abrazamos el matrimonio como forma legítima de relación sexo-afectiva?¿En qué nos beneficia y a quiénes beneficia? ¿Por qué queremos procrear y construir familias “tradicionales” como las heterosexuales? ¿Por qué necesitamos adaptarnos a un sistema social, es decir, un sistema de poder y de normas sexistas, machistas, para sentir que somos legítimos y reconocidos socialmente?¿Diversos pero iguales? ¿O diferentes y radicales[3]?

Estos interrogantes no son pura retórica, son preguntas que el movimiento LGTBI tiene pendientes, son una invitación –¿feminista quizá?­­­– a repensar las formas en que podemos articularnos, relacionarnos, más allá de las maneras normativas, establecidas y legitimadas que finalmente a través de instituciones como el matrimonio y la familia garantizan el mantenimiento del status quo.

Si bien estoy de acuerdo en que todas las personas deberíamos tener acceso al matrimonio y la adopción, así como a otros derechos fundamentales, más allá de nuestro género y preferencia sexual, esta invitación puede abrir otras políticas posibles que contemplen un espectro LGTBI más amplio y flexible y, al mismo tiempo, ser un piso desde el cual construir una crítica a la normalización y a la adaptación a la normatividad heterosexual y cisgénero que el movimiento LGTBI ha vivido históricamente. Una normalización que tiene relación directa con el neoliberalismo y con el mantenimiento de ciertas estructuras que, también históricamente, nos han ubicado en la subordinación, la inferioridad, la patologización, por lo tanto en lugares desde los cuales se da una inherente precarización de nuestras vidas.

Es necesario repensar la forma en que ciertas políticas identitarias del movimiento LGTBI al mismo tiempo que nos dan derechos que se nos han negado históricamente, también nos regulan, ponen límites a las posibilidades que tenemos de construir nuestras vidas, nos sujetan a una estructura de poder determinada y excluyen a muchas de nuestras compañeras y sus necesidades.

Hace un año aproximadamente, con Jessica Marjan Durán Franco, activista trans* y feminista de la Red de Juventes Trans*, también en Animal Político, pero en la columna del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, escribimos sobre las exclusiones que produce el movimiento LGTBI, sobre la necesidad de repensarlo desde una perspectiva crítica y feminista. Hoy vuelvo a plantear aquí no solamente las exclusiones, sino aquello que tiene que ver con las formas en que construimos redes, familias “otras”, que no se ven como grupos legítimos a ojos de la hetero y cisnormatividad, a ojos de la normalidad, y, por lo tanto, a ojos de los grupos antiderechos.

Sí, apoyo las reivindicaciones que hasta ahora en la Ciudad de México se han hecho y se han conseguido, y de hecho considero que en un contexto donde los grupos antiderechos como el FNF tienen el objetivo de reducir los hitos conseguidos, es una responsabilidad defenderlos, por supuesto. Sin embargo eso no puede frenar la iniciativa de repensarnos en un mundo donde incluso dentro de este movimiento siguen produciéndose exclusiones, normas, que afectan las posibilidades que tenemos de construirnos colectivamente, de relacionarnos, de proponer otras formas de justicia, de transformarnos y así transformar nuestros mundos.

Podemos llamar familia a las redes que más allá del parentesco biológico construimos para sostenernos en este mundo hostil, podemos llamar familia a los grupos que se configuran como espacios de convivencia, de apoyo mutuo, de sostén emocional y material, de amor, de deseo. Podemos llamarlas familias más allá del género y el deseo de las personas que las conforman. Ahora bien, ¿cómo conseguir que estas redes sean reconocibles y legítimas socialmente sin cuestionar la primacía del matrimonio? ¿Cómo investir a estos grupos de ciertas garantías legales y sociales? La mayoría de personas LGTBI, que además de serlo somos muchas otras cosas, como migrantes, estudiantes, jóvenes, mayores, trabajadoras, racializadas, etc, las construimos. No obstante, en situaciones particulares, éstas no son reconocidas como tal y por tanto no gozan del estatus legal necesario para servir como redes de cuidado legítimas, como el matrimonio, figura que no podemos olvidar que se configura como unidad de consumo, unidad mínima de ordenación social, unidad básica que permite el mantenimiento de la sociedad tal como está configurada en términos de poder y jerarquías sociales.

¿Cabría preguntarnos entonces de qué forma podríamos incluir esta reflexión crítica en nuestras agendas políticas LGTBI y feministas? Incluir en la agenda política esta reflexión implica varias cuestiones fundamentales: (I) cuestionar las bases epistemológicas y ontológicas desde la cuales hemos construido históricamente las políticas identitarias, es decir, preguntarnos en torno a los costes y límites que ha tenido la asunción de cierta forma de entender el mundo, de entendernos a nosotros mismos y de entender la identidad como estrategia política; (II) cuestionar las posiciones de poder que se dan en el seno de este movimiento, que están inevitablemente relacionadas con la asunción de ciertos valores tradicionales y con la construcción de normas relacionadas con la forma de organización social por excelencia, la heterosexualidad[4] ; (III) apostarle a un proceso ya no de normalización sino de transformación. Es decir, a un proceso que no solamente le apuesta a la integración de los colectivos minorizados y subordinados históricamente en las estructuras sociales tradicionales, sino más bien que cuestione estas estructuras desde su base; un proceso que no solamente “acepte” y “tolere” otras formas de relación y de experiencia de género y sexual, a través de su adaptación a formas de vida tradicionales, sino más bien que cuestione estas formas de vida tradicionales, analice las formas de vida que ha dejado fuera y las legitime de antemano.

Si el discurso del FNF y los grupos antiderechos ha ganado terreno en los últimos años, ¿no es acaso el momento de replantearnos los alcances de las reivindicaciones históricas del movimiento LGTBI a partir de un ejercicio de autocrítica? Este replanteamiento puede configurar una posible ruta para la construcción de políticas críticas que asuman, por un lado, que el matrimonio y la adopción son derechos necesarios pero que no son básicos para muchas de las personas no gays, que también se identifican con estas siglas. Personas que no tienen acceso a la educación, al trabajo, a la vivienda, a servicios de salud, y que mueren solas, en muchas ocasiones en la calle, incluso asesinadas. Y por otro lado, que el matrimonio y la adopción son figuras a través de las cuales los valores tradicionales que históricamente nos han ubicado en la otredad y que por lo tanto han justificado la precarización sistemática de nuestras vidas, se cuelan en nuestros modos de existencia creando normatividades “diversas” que vuelven de nuevo a regular, limitar y crear exclusiones dentro de nuestras trincheras, supuestamente resistentes, diferentes y críticas.

 

* Alba Pons es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM.

 

 

@LNDiversidades

 

[1] Cisgénero es un término que define a aquellas personas que se identifican con el género que se les asigna al nacer y con el cual se les registra legalmente. El contrario de cisgénero sería transgénero, personas que no se identifican con ese género registral o adjudicado al momento del nacimiento.

[2] LGTBI son las siglas a través de las cuales se nombran a Lesbianas, Gays, Trans*, Bisexuales e Intersexuales y el movimiento LGTBI es el que surge con el fin de reivindicar derechos para estas distintas poblaciones. Cabe señalar que al igual que en todo movimiento social existen no solamente fracturas y diferentes posicionamientos políticos respecto a la agenda política –si es que se puede hablar de una sola agenda– sino también normas tácitas, jerarquizaciones, invisibilidades y exclusiones.

[3] Utilizo el término radical para hacer referencia a aquellas que cuestionan las cosas desde la raíz, es decir, desde las estructuras mismas que configuran el campo de lo social.

[4] En el texto no estoy planteando la heterosexualidad como una práctica sexual sino más bien como una forma de relación entre hombres y mujeres y, al mismo tiempo, un régimen de ordenación social que se encuentra en la base de la mayoría de discursos sociales, instituciones y prácticas. Muestra del carácter institucional y social de la heterosexualidad es su asunción y cómo esta siempre es dada por sentada de antemano.

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