Democracia, derechos e idiosincrasia popular: ¿quién decide?

Aun cuando los gobernantes sean sabios, cabe la posibilidad de que interfieran más de lo deseable en decisiones que sólo las personas debemos decidir individualmente sobre nuestro cuerpo, nuestra identidad de género, nuestras opiniones políticas o nuestras filiaciones religiosas.

Por: Itzel Mayans

 

“Sobre sí mismo, y acerca del propio cuerpo y mente, el individuo es soberano”.

John Stuart Mill

 

Después de las elecciones del 2 de julio en las que la izquierda mexicana, abanderada por Andrés Manuel López Obrador, ganó las elecciones con un gigantesco apoyo popular, hay en nuestro país un ánimo social inmejorable de esperanza y con grandes expectativas sobre el nuevo rumbo que el próximo gobierno deberá de encabezar para atender los grandes retos que el país enfrenta.

Y no es para menos, es el primer gobernante de izquierda que llega a la presidencia de la República después de varios gobiernos de derecha o centro derecha, cuyas políticas públicas de atención a la pobreza, a los derechos humanos y a la enorme desigualdad social resultaron ser insuficientes, ineficaces o abiertamente insensibles frente a los intereses de la mayoría de la población.

A este entusiasmo por el triunfo electoral se le suma el que ha provocado entre los grupos feministas las declaraciones de la exministra Olga Sánchez Cordero como próxima titular de la Secretaría de Gobernación. Sánchez Cordero ha señalado que, desde el poder ejecutivo, buscarán impulsar reformas de ley que promuevan tanto la despenalización del cultivo y distribución de la mariguana –lo cual significaría la adopción de un nuevo paradigma en la estrategia de pacificación del país– como la despenalización de la interrupción del embarazo en todo el país.

Si la despenalización de la interrupción del embarazo llega a concretarse, ello significaría que las mujeres de todos los estados de la República –con independencia del hecho contingente sobre dónde nos tocó nacer o vivir- estaríamos en condiciones de decidir libremente sobre nuestro cuerpo y maternidad sin coacción por parte del Estado o de la pareja.

Según la organización Las libres, hay alrededor de 3 mil 900 casos de mujeres criminalizadas a lo largo del país, ya sea por “tener una carpeta de investigación abierta, un proceso penal o por haber sido sentenciadas a 25 años de cárcel”. De manera que adoptar una política en materia de interrupción legal del embarazo, cuya lógica esté unificada y sea coherente en todo el territorio nacional, contribuiría a la certeza jurídica en el ejercicio de los derechos reproductivos y a asegurar que todas las mujeres del país tengamos los mismos medios para cuidar de nuestra vida, salud y autonomía reproductiva sin el riesgo de ser encarceladas. Tener la capacidad de decidir libremente sobre el número y espaciamiento de los hijos, como lo señala el Artículo 4º Constitucional, también tiene un efecto positivo sobre el estatus de igual ciudadanía de las mujeres, ya que contribuye a cuestionar el estereotipo que tradicionalmente nos ha vinculado, de forma natural y casi necesaria, con la procreación y la domesticidad.

Sin embargo, la fuerte reacción ante estas declaraciones no se hicieron esperar. La agencia católica de informaciones ACI prensa solicitó a Andrés Manuel López Obrador excluir a Sánchez Cordero de su gabinete por considerar “que no proponía las políticas adecuadas para la reconciliación del país”. En este contexto, hay voces que señalan que con la despenalización del aborto en México se pone en riesgo “nuestros valores, nuestra iglesia y la idiosincrasia nacional”.

Este argumento sobre la idiosincrasia nacional y cómo la interrupción del embarazo la pone presuntamente en riesgo, surgió también en los debates que se dieron en el 2011 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a raíz de que diputados locales de 17 estados del país reformaron sus constituciones locales para “proteger la vida desde la concepción”. Según su razonamiento, con la protección a la vida desde la concepción se preservaría la idiosincrasia del pueblo, sobre todo en aquellos lugares en donde hay una fuerte presencia del catolicismo.

El problema con este argumento, al igual que con afirmar que todas las decisiones que tome “el pueblo” son sabias, democráticas y a favor del interés público, es que el régimen de democracia constitucional en el que vivimos protege tanto una serie de derechos –garantizados a nivel constitucional– como el voto mayoritario, la opinión pública y los valores sociales.

Como bien señala Pedro Salazar, el propósito del régimen de democracia constitucional es tanto “limitar el poder político como distribuirlo entre los ciudadanos. Detrás de esta doble finalidad reposan los derechos fundamentales –de libertad, políticos y sociales– de los individuos que integran a la colectividad política”.

La democracia constitucional se nutre de dos tradiciones de pensamientoel democrático y el liberal– que si bien han logrado convivir en el diseño de las instituciones de las democracias modernas, tienen una historia diferente y una función específica que desempeñar en este tipo de sociedades.

La tradición democrática busca que sean los ciudadanos los que ejerzan el “autogobierno”, que la participación política sea amplia y que las decisiones políticas estén respaldadas por el apoyo de grandes mayorías. También busca que dichas decisiones satisfagan el bien común o el interés público.

El discurso postelectoral de las últimas semanas recupera, por tanto, la perspectiva democrática y enfatiza la importancia de que la plataforma política triunfadora haya recuperado -y vaya a canalizar- muchas de las exigencias populares, a la vez de que defienda el interés público de la manera en la que lo perciben las amplias mayorías de los ciudadanos. Ello es, sin duda, muy importante para vivir en un régimen realmente democrático, lo cual confiere legitimidad política al ejercicio del poder.

La tradición liberal –en la que se basa el constitucionalismo– en contraste, busca limitar el poder político a través de varias estrategias. Una de ellas es garantizar un conjunto de derechos a la ciudadanía cuya protección no dependa de la voluntad, inteligencia, bondad o interés del gobierno en turno. Dichos derechos son muy importantes para poder vivir en una sociedad que garantice que sus ciudadanos tengan protegidos espacios significativos de libertad: la libertad de expresión para poder emitir opiniones sin coerción de ningún tipo, la libertad de creencia para poder asumir un sistema de creencias religiosas (o abstenerse de hacerlo) que permita a los ciudadanos vivir conforme a sus convicciones éticas más profundas, la libertad de asociación, para participar junto con otros ciudadanos en organizaciones civiles, políticas o filantrópicas que tengan un impacto social, las libertades políticas para votar y ser votado sin ser coaccionado en forma alguna, las libertades reproductivas –garantizadas como derechos en el texto constitucional, en los tratados internacionales y en la ley general de salud– que nos permitan a las mujeres decidir el número y espaciamiento de nuestros hijos contando con la información necesaria y sin la interferencia de terceros para poder decidir de forma autónoma.

También están los derechos económicos, sociales y culturales, que establecen ciertos pisos mínimos de bienestar material (en alimentación, salud, vivienda y en garantías para el ejercicio de las tradiciones culturales) que permitan que las libertades civiles y políticas enumeradas anteriormente tengan un mayor valor al garantizarse que las personas contemos con las condiciones materiales necesarias para ponerlas en práctica.

Las tradiciones de democracia y liberalismo han desconfiado históricamente la una de la otra y, mientras que la primera pone el acento en que sea “el pueblo” el que decida quién nos gobierna y a través de qué procedimientos, la tradición liberal de constitucionalismo lo pone en que tengamos asegurados ciertos espacios de libertad que estén libres de la interferencia de la autoridad política, es decir, acota las capacidades de interferencia de los representantes públicos a ámbitos en donde no se ponga en riesgo la vigencia de los derechos constitucionales.

En el caso de la interrupción del embarazo, la moraleja es que “el pueblo” –aunque la colectividad política es muy diversa y fragmentada- no debería poder decidir, ni siquiera a través del voto mayoritario, sobre el destino de los derechos de las mujeres, ya que en cualquier régimen de democracia constitucional dicha decisión debería estar fuera de su alcance.

Como señala Philip Petit, aun cuando los gobernantes sean sabios, cabe la posibilidad de que interfieran más de lo deseable en decisiones que sólo las personas debemos decidir individualmente (sobre nuestro cuerpo, nuestra identidad de género, nuestras opiniones políticas, nuestras filiaciones religiosas, etc.). Debido a ello, los derechos se consagran constitucionalmente y no se someten a consulta popular.

 

@LNDiversidades

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