Discriminación: la base de la desigualdad

Históricamente, los grupos discriminados viven en condiciones mucho más difíciles que el resto de la población. Cifras del Coneval revelan que estos sectores muestran mayores niveles de pobreza y carencias.

Por: Roberto Zedillo Ortega (@soykul)

Todos los días, gran parte de la población se enfrenta con obstáculos para ejercer sus derechos. Cada vez que esos obstáculos aparecen únicamente por la edad, el género, la orientación sexual, el origen étnico, la discapacidad, o por cualquier otra característica que no justifique una distinción, nos encontramos ante un caso de discriminación.

La discriminación no se reduce a eventos aislados o aleatorios, sino que se da todos los días; en todos los espacios. Hay grupos sociales específicos (que juntos suman una mayoría del país) que la viven de forma especialmente frecuente, y por tanto se encuentran particularmente excluidos de ámbitos como la educación, la salud y el empleo. En parte, ello se debe a prejuicios y actitudes discriminatorias, pero otra raíz es también que muchas políticas no consideran la diversidad.

Hace tres semanas, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) publicó, junto con el INEGI, la CNDH, la UNAM y el Conacyt, los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2017.[1] Como se verá en este texto, la encuesta es una contribución invaluable, pues da fe de la gran difusión de prejuicios; la alta prevalencia de actitudes excluyentes, y la negación sistemática e injustificada de derechos que subsisten en nuestro país. Además, proporciona evidencia acerca de los resultados de la discriminación; es decir, acerca de las brechas de desigualdad que afectan a numerosos sectores de la sociedad.

De los cientos de datos que tenemos disponibles emerge una conclusión muy clara: México aborrece la diversidad. Para hacer frente a dicha realidad, este artículo termina con tres recomendaciones concretas. Sin duda, la información generada por la Enadis deberá guiar las políticas públicas del gobierno entrante.

Los prejuicios

En las viviendas mexicanas sobreviven numerosos estereotipos que no tienen una base objetiva. Algunos de ellos se destacan en la Gráfica 1:

El prejuicio que más destaca es uno que comparten seis de cada 10 mexicanos: “la mayoría de las y los jóvenes son irresponsables”. Esta percepción probablemente se relaciona con la idea que tenemos de “los ninis”, algo que contrasta con la realidad del país. Como muestra la propia Enadis, de toda la población entre 18 y 29 años, ocho de cada diez estudian, tienen un empleo remunerado, o las dos. De la proporción restante, una amplia mayoría se dedica a las labores del hogar, que no tendemos a pensar como trabajo pero sin duda exige esfuerzo cotidiano. Así, únicamente 3% de la juventud está enteramente desocupada. Cabría especificar que, en todo caso, muchas veces esto se debe a falta de recursos económicos, y no a una falta de interés personal.

Más allá de lo que pensamos sobre la juventud, destaco otro par de estereotipos preocupantes: uno es la creencia de que convivir con alguien que vive con VIH o Sida “siempre es un riesgo” y el otro es la idea de que las personas con discapacidad “son de poca ayuda en el trabajo”. Subrayo estos dos ejemplos porque muestran cómo, incluso cuando existe mucha evidencia científica[2] y testimonial[3] para desmentirlos, nuestra sociedad aún se guía por preconceptos que rechazan la diversidad. En definitiva, esto alimenta actitudes discriminatorias como las que se describen a continuación.

Las actitudes

Como se muestra en la Gráfica 2, la estigmatización de sectores como la juventud va acompañada de un alto rechazo. Cuatro de cada 10 personas en México se negarían de antemano a rentar un cuarto de su casa a una persona joven. Algo similar pasa con otros grupos, como las personas extranjeras, trans, gay, lesbianas, o que viven con VIH o Sida. Es más, una de cada seis personas rechazaría como arrendataria a una persona con discapacidad.

Este ánimo de marginación no se queda en lo doméstico. Incluso en el campo de los derechos políticos, mucha gente estaría inconforme si la Presidencia de la República reflejara nuestra diversidad. Como se ve en la Gráfica 3, casi la mitad del país no estaría de acuerdo con que se eligiera a un mexicano (o mexicana) nacido en el extranjero como presidente, aunque impedirlo sería inconstitucional.[4] Una proporción similar expresa su rechazo hacia un posible presidente gay o lesbiana.

La negación de derechos

La predisposición a excluir a otras personas muchas veces se traduce en barreras para acceder a los derechos humanos, sobre todo porque las leyes y políticas públicas, así como el actuar del sector privado y la sociedad, tienden a reproducir los prejuicios de su época. Así, conforme a la Gráfica 4, una proporción importante de quienes pertenecen a diversos grupos discriminados reporta que, en los últimos cinco años, se le ha negado algún derecho sin justificación.

Me gustaría sugerir que, al interpretar estos datos, consideremos dos matices:

  1. La cifra se vuelve más preocupante conforme las personas pertenecen a más de un grupo discriminado. A manera de ejemplo: mientras 25% de las mujeres reporta la negación de algún derecho, el porcentaje aumenta a 30% para las que son indígenas, y hasta 43% entre las que son indígenas y trabajadoras del hogar a la vez.
  2. Además, lo que esta cifra refleja es cuántas personas percibieron y declararon que se les limitó un derecho sin razón alguna; sin embargo, tenemos que considerar que, muchas veces, quienes son discriminados no saben que se les está violando un derecho, y que muchos actos y patrones de exclusión todavía nos parecen “normales”, así que no se reportan como discriminación.

Las brechas de desigualdad

Finalmente, cuando sumamos los prejuicios, las actitudes excluyentes y las negaciones de derechos, vemos como resultado asimetrías medibles. Quizá la mayor innovación de la Enadis 2017 (en comparación con las ediciones de 2005 y 2010) es que permite cuantificar, para numerosos grupos discriminados, la magnitud de las brechas en la educación, el empleo y el acceso a la salud. Subrayo, a manera de muestra, tres datos ilustrativos:

  1. La tasa de analfabetismo a nivel nacional es 3%; sin embargo, entre personas con discapacidad es 21%. Entre personas con discapacidad en zonas rurales, sube a 28%.
  2. Ocho de cada diez hombres forman parte de la Población Económicamente Activa; no obstante, entre las mujeres, sólo lo logra la mitad.
  3. Poco menos de la mitad de la población cuenta con prestaciones médicas de ley (43%). Entre quienes hablan alguna lengua indígena, el porcentaje desciende a apenas 15%.

Así pues, los grupos históricamente discriminados viven en condiciones mucho más difíciles que el resto de la población. Es más, como mostraron algunas cifras del Coneval el año pasado, esos sectores muestran mayores niveles de pobreza y carencias. Por citar un ejemplo, mientras que cuatro de cada diez personas no indígenas viven en situación de pobreza, la proporción se vuelve ocho de cada diez entre quienes hablan una lengua indígena.[5]

¿Cuál es el futuro de la agenda antidiscriminatoria?

El panorama es claramente desolador. Pues bien, ¿qué sigue? A mi parecer, hay tres pasos urgentes:

Primero, hay que reconocer que la discriminación es un problema público y exige una solución decidida. En palabras de Alexandra Haas, presidenta del Conapred, “la discriminación que no se atiende se convierte en erosión social; se convierte en desigualdad, se convierte también en violencia”.[6] Precisamente por ello, urge que el próximo gobierno coloque a este fenómeno como un tema central dentro del Plan Nacional de Desarrollo.

Segundo, hay que aceptar que la no-discriminación implica cambios estructurales. Debemos erradicar los prejuicios y las actitudes excluyentes, pero también asegurar que todas las leyes, políticas y prácticas institucionales (del sector público y privado) consideren la diversidad. No hay igualdad si el marco jurídico establece distinciones irrazonables, si los presupuestos excluyen a los grupos marginados, si los programas públicos son inaccesibles para quienes más los necesitan, o si cualquier organización tolera las diferencias de trato injustificadas.

Tercero, para lograr una verdadera igualdad hace falta sumar a todos los actores relevantes. Es cierto que el Estado debe liderar la política antidiscriminatoria. No obstante, para generar estrategias adecuadas, las acciones de todas las dependencias y órdenes de gobierno deben diseñarse, implementarse y evaluarse en conjunto con representantes de la academia, el sector privado y la sociedad civil.

En suma, la Enadis ha puesto un diagnóstico valioso a la vista de todas y todos. Aunque varias instituciones ya han manifestado su compromiso con esta agenda, la pregunta sigue siendo: ¿qué acciones emprenderá el Estado en el futuro cercano, y quién más se va a sumar?

 

* Roberto Zedillo Ortega es autor de investigaciones como “Reconstruir con inclusión: desastres naturales y no discriminación” y “¿Nacen o se hacen? Opinión pública y legislación pro-gay en México”.

 

@LNDiversidades

 

Referencias:

[1] Los datos y principales resultados se pueden descargar aquí.

[2] Censida (2018) “¿Qué es el VIH? Información básica”, disponible aquí.

[3] Judy Owen (2012) “The Benefits of Disability in the Workplace”, Forbes, disponible aquí.

[4] Véanse los artículos 30 y 82 de la Constitución.

[5] Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social (2018) Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, disponible aquí. p. 170.

[6] INEGI (2018) “Versión estenográfica de la conferencia de prensa ofrecida para la presentación de resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017”, disponible aquí.

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