La importancia de visibilizar la discapacidad

Para alcanzar soluciones y propuestas a favor de las personas discapacitadas habría que dejarlas de ver como “víctimas” de una naturaleza o un destino y mirarlas como personas completas, plenas, merecedoras de los mismos derechos, de todas las y los ciudadanos que habitamos este espacio.

Por: Karen Cabrera

 

Cuando se habla de diversidad funcional, si bien se han dado pasos agigantados a nivel nacional para la inclusión y la no discriminación de las personas que se identifican a sí mismas como personas con alguna discapacidad, es cierto que el camino aún es largo. Porque hablar de no discriminación implica ya el reconocimiento, como primer requisito, de aquellas personas que se ponen o no al juicio del otro. Sin embargo, dotar a alguien de identidad o reconocerse a sí mismo en el traje de “ésta” u “otra” en una sociedad democrática, tendría que venir acompañado de todo el paquete de derechos y figuras jurídicas necesarias para que su estar en comunidad sea pleno y en igualdad de condiciones y circunstancias, así como de acceso a recursos y bienes.

Hoy en día, México cuenta con un importante marco jurídico en materia de derechos para las personas con discapacidad, desde la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad[1] hasta el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018[2], lo que da cuenta que desde hace más de una década el país ha comenzado a tomar este tema como un eje fundamental en el plan social nacional, que ya venía haciendo eco a nivel internacional[3].

Otro esfuerzo importante es la iniciativa de decreto presentada ante el Congreso de la Unión en 2017, por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad que propone la reforma a 8 leyes para la incorporación de derechos en materia de acceso a la justicia, inclusión laboral, protección civil, asistencia social y accesibilidad, y que se considera una Reforma Social de los Derechos de las Personas con Discapacidad[4].

Sin embargo, con miras a buscar siempre nuevas maneras de abordar y resolver los problemas que sobreviven a estas buenas intenciones, hay que apuntar a los vacíos que aparecen en la normativa y que pueden deberse, de base, a que se legisla con conceptos que, a pesar de estar hablando de “personas” con tales o cuales características, al mismo tiempo se las despersonaliza y se les abstrae de su condición de “sujetos en el mundo”, es decir, no se interesa en su experiencia, ni en su actuar en el cotidiano. Se emiten normas que, si bien, toman en cuenta opiniones expertas y voces conocedoras, no involucran para su desarrollo y toma de decisión las vivencias –o imposibilidad de las mismas– de las personas que día a día viven este mundo desde los ojos de la diversidad funcional. Sólo baste ver la plantilla de tomadores de decisiones en esta materia, para notar que el número de personas con discapacidad que componen los grupos de trabajo dista mucho de ser equivalente a quienes no se reconocen con algún tipo de discapacidad, ya no decir representativo de lo que esto pueda significar para la generación de políticas públicas al respecto.

Por eso, me parece que además de la bien intencionada propuesta planteada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad[5], de transitar de un modelo médico-rehabilitador hacia uno social y de los derechos humanos, habría que entender que esta idea de modelo implica necesariamente mirar la experiencia de quienes habitan esas otras identidades e incorporarlas –hacia el interior del cuerpo– no sólo en la piel, sino en las entrañas de toda política, para que cuando se hable de acciones a favor del ejercicio pleno de los derechos y la vida de las personas con discapacidad, se esté también hablando de una intención real y bien fundada que tome en cuenta a aquellas y aquellos a quienes busca afectar –porque también se incide desde el afecto–.

Al mismo tiempo, y para abonar a la discusión, habría que salir de las figuras arquetípicas del gobierno “héroe”, salvador y solucionador de las faltas jurídicas y sociales que viven las personas con discapacidad que han sido y se les mira como “víctimas” de una naturaleza, un destino o una realidad determinante, para empezar a mirarles ya como personas completas, plenas y, por lo tanto, merecedoras de los mismos derechos, pero también pares iguales de las y los ciudadanos que habitamos este espacio, para que el desarrollo de soluciones y propuestas se haga en conjunto.

Si bien se ha caminado con miras a eliminar estas falsas ideas y erradicar la discriminación, aún se tiene un largo camino que recorrer, por ejemplo, la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, arroja algunos datos que demuestran que sigue sin considerarse a las personas con discapacidad como ciudadanos pares, por ejemplo, todavía el 58.3% de las encuestadas declara haber sido discriminada por esta condición, a lo que habría que poner atención para buscar por qué, a pesar de que se están haciendo esfuerzos en materia de normatividad para asegurar la protección y respeto de este grupo de la población, la mitad de ellas y ellos no lo considera así, o considera que, a pesar de que existe la normativa, ésta no está alcanzando las metas propuestas.

Datos que dan más luz sobre las condiciones desiguales actuales de este grupo en la sociedad mexicana son los que muestran que 24.5% de la población considera que las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo, lo que explica por qué es que piensen que la falta de oportunidades para encontrar empleo es una de las principales problemáticas con las que se enfrentan[6].

Ya ni siquiera entro al análisis de la interseccionalidad, en donde el cruce de unas y otras identidades encarnadas en un mismo cuerpo puede traer consigo muchas más miradas y actitudes de extrañeza, es decir, si ya puede resultar difícil asumirse como una persona con discapacidad, la asunción de otras identidades lleva a un mayor extrañamiento del otro, lo que se traduce también en mayores índices de discriminación; por ejemplo, cuando a la condición de discapacidad se suma la variable “ser indígena”, el porcentaje de discriminación sube un 8.7% con respecto a aquellas personas que se autoidentifican como indígenas pero que no reconocen alguna discapacidad.

Un ejemplo más esclarecedor es el de personas indígenas de 12 a 29 años a las que se le suma la característica de “ser mujer”, pues el porcentaje de discriminación pasa de un ya difícil 38.7% a un alarmante 51.7%[7].

Este es un tema que va más allá del análisis breve que aquí se expone, pero que merece la pena que se le considere cuando se habla de identidades y discriminación.

Volviendo a la diversidad funciona, habría que dejar de pensar y mirar a las personas con discapacidad –incluso replanteando la forma en que se les nombra– como personas carentes de, con una falta, porque los cuerpos e identidades tienen tal plasticidad y dinamismo que siempre se reformulan a sí mismos en completud, adecuando sus formas, miembros, características y capacidades a su ir viviendo, de modo que lo que una persona sin discapacidad mira como una falta, una persona con discapacidad pudiera incluso mirarlo como un exceso.

Volviendo al modelo médico-rehabilitador, visto desde otra perspectiva, no asistencialista, por ejemplo, compartiría la inquietud de pensar “…si no habría que redefinir los conceptos de «salud» y «enfermedad» para verlos no ya en los términos de una «norma» rígidamente definida, sino en términos de la capacidad del organismo para crear una nueva organización y un nuevo orden que encajen con su disposición y sus exigencias…”[8]. Esto no quiere decir que al considerarlas como personas completas, se deje de poner el ojo en las características particulares que requieren de políticas, derechos y necesidades determinadas para que las personas de la diversidad funcional vivan el mundo en igualdad de condiciones y oportunidades, como debería serlo para todas y todos.

Encontremos pues nuevas formas de configurar las miradas hacia lo otro, a partir de abrir el diálogo personal y con los demás, para abandonar estereotipos y juicios basados en opiniones falsas que, considero, puede ser el primer y más sincero paso para establecer formas equitativas de convivencia.

 

 

Referencias: 

[1] Disponible aquí.

[2] Disponible aquí.

[3] En el plano internacional se cuenta, por mencionar algunas, con la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre discapacidad y desarrollo, Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad

[4] Véase Anteproyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones en materia de derechos de las personas con discapacidad. Disponible aquí.

[5] Disponible aquí.

[6] Véase Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2017). Disponible aquí.

[7] Ibid.

[8] Sacks, O. (2006) Un antropólogo en marte, Anagrama: Madrid, p. 18

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