En defensa del derecho a la salud y la laicidad

El llamado de atención de la sociedad a la coalición Morena-PES-PT es una crítica puntual a una decisión errada, pero también una demanda en favor de la ampliación de los derechos de las mujeres y las niñas, la diversidad sexual y todas las personas que requieran servicios de salud.

Por: Lucía Melgar (@luciamelp)

Gracias a las demandas de organizaciones sociales y ciudadanía se reconsideró la distribución de comisiones de la Cámara de Diputados por la que se habían asignado al Partido Encuentro Social (PES) las de Salud y Cultura. Este logro no es menor. Por un lado demuestra que la sociedad, a través de organizaciones y personas, está atenta a las decisiones de la cúpula política; en este caso, de quienes nos representan en el Congreso. Por otro, sugiere que hay disposición en la coalición Morena-PES-PT a escuchar las críticas y a corregir los errores.

Al mismo tiempo, no puede pasarse por alto que las decisiones iniciales de la Junta de Coordinación Política, con el aval de Morena, denotan ya sea una falta de comprensión de la importancia y complejidad de asuntos como la salud y la cultura en un país diverso, plural y desigual como el nuestro, ya sea una primera cesión a un grupo político que forma parte de la coalición mayoritaria en el Congreso. Sea como fuere, es probable que ésta no sea la primera fricción entre la sociedad y las iniciativas y decisiones del Legislativo en estos temas mientras no tengan claro todos los partidos que, “por el bien de todos”  y todas, es preciso respetar y fortalecer la laicidad del Estado y el pleno ejercicio de los derechos humanos de todas las personas.

No al confesionalismo

La presencia del PES en la política no es el único indicio de la existencia de corrientes que buscan introducir, implícita o explícitamente, creencias religiosas en las políticas públicas. Ya en 2012, con la reforma al artículo 24 constitucional, el PAN y otros actores intentaron debilitar la separación de las iglesias y el Estado en nombre de la libertad de creencias religiosas. La respuesta en ese entonces, también con incidencia de la sociedad, fue la inclusión de la libertad de “convicciones éticas” en ese mismo artículo, y la reforma al artículo 40 que desde entonces define la forma de organización política, por “voluntad del pueblo mexicano”, como “república representativa, democrática, laica, federal”, lo que constituye una reafirmación y ampliación de la separación del ámbito político del religioso. Esta reforma puede leerse también como  una respuesta a las posturas confesionales de actores antiderechos que, en 2007, cuestionaron la validez de la reforma a la ley de salud que despenalizó el aborto en la Ciudad de México hasta la doceava semana de gestación. Entre las argumentaciones de los grupos que apoyaron los recursos de inconstitucionalidad contra esta reforma, en las audiencias de la SCJN en 2008, abundan referencias a la religión, la moral y argumentos carentes de rigor científico.

No obstante los avances constitucionales de 2011 y 2012, ni la jerarquía católica ni nuevos actores como el PES han cejado en sus intentos por incidir en la política pública. La aprobación de reformas a dieciocho constituciones estatales para incluir en ellas la “protección de la vida desde la concepción” demuestra además que en todos los partidos hay quienes anteponen sus creencias personales al respeto a los derechos humanos y a la laicidad que debe guiar sus decisiones.

En el caso del PES puede hablarse de una política militante, basada en un confesionalismo que pasa por alto tanto los lineamientos constitucionales como los derechos humanos. En 2015, el entonces diputado Hugo Flores Cervantes, fundador de ese partido, declaró en plena Cámara que “Sin Dios en la política somos insensibles”. También ha dicho que se necesitan “políticos con temor de Dios”, que conozcan los principios bíblicos, como si ética y creencias religiosas fueran equivalentes, o, en vez de vivir en una república laica, estuviéramos bajo el franquismo o un régimen semejante.

Los ejemplos de otros países donde las iglesias, en particular la católica, han tenido y tienen fuerte influencia en la política, la propia historia de México o los ejemplos de diversas entidades federativas donde la jerarquía religiosa se pronuncia sin reparo contra el aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo y la emancipación de las mujeres, demuestran que el confesionalismo en la política es una amenaza real a los derechos humanos. No favorece sólo la difusión de discursos de odio, sino su puesta en práctica en la estigmatización, discriminación y exclusión de quienes no aceptan ni se apegan a sus dogmas y a los roles de género y formas de vida tradicionales que a partir de ellos pretenden imponerse. Revictimizar a las mujeres violadas o minimizar la pederastia, como lo ha hecho la jerarquía católica, o afirmar que “el matrimonio gay es una moda”, como lo hiciera el mismo Hugo Flores este año, es contribuir a la normalización de la violencia y descalificar a quienes, desde una perspectiva machista y tradicional, no son sólo “diferentes” sino desiguales.

El PES contra el derecho a la salud

Si la asignación de la Comisión de Salud al PES encendió la alarma entre las organizaciones y personas que trabajamos en favor de los derechos humanos y en particular del derecho a la salud, no fue sólo por la ideología o el discurso de este partido, ni sólo por la paradoja de que se le otorgaran posiciones importantes a representantes de un partido que perdió el registro en estas elecciones y por tanto tiene cuestionable representatividad.  Fue sobre todo por su historia y sus acciones concretas previas en la legislatura anterior, en particular la promoción de la iniciativa de reforma a la Ley de salud federal que incluyó en ella la objeción de conciencia para el personal médico. Su definición inicial era tan amplia que casi cualquiera podría declararse “objetor” y negar servicios a mujeres que requieran una interrupción del embarazo o a personas trans, o que viven con VIH/SIDA, entre muchas otras.

La aprobación al vapor a fines de 2017 de esta reforma, más acotada pero aún cuestionable, no puede achacarse sólo al PES, pero lo cierto es que éste la presentó y promovió. La objeción de conciencia en sí es un derecho que ha de respetarse, pero es también una de las herramientas que las iglesias han usado para limitar los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTTIIQ.  Así como el Vaticano distorsiona la teoría de género en “ideología de género”, éste y otras iglesias se apropian el discurso de los derechos humanos para minar los derechos de otros y otras.

Ampliar el derecho a la objeción de conciencia, incluirla en una ley de salud sin regularla de modo que las instituciones garanticen los derechos de todas las personas, sea cual sea su sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil o condición de salud, atenta no sólo contra los derechos sexuales y reproductivos sino contra el derecho mismo a la salud, que el Estado debe garantizar.

Entregar al PES una comisión encargada de iniciar y revisar iniciativas de ley que afectan el acceso a los servicios de salud de la población, que puede incidir en el presupuesto que se otorga para las instituciones de salud y la disponibilidad de retrovirales o anticonceptivos,  o en el acceso a la interrupción legal del embarazo, o en la aprobación y regulación de la mariguana para fines terapéuticos, entre otros, fue no una señal equívoca sino un ejemplo de desprecio a los derechos humanos.

Desde esta perspectiva, el llamado de atención de la sociedad a la coalición Morena-PES-PT es una crítica puntual a una decisión errada, pero también una demanda en favor de la ampliación de los derechos de las mujeres y las niñas, la diversidad sexual y todas las personas que requieran servicios de salud.

Por el derecho a la salud

Si algo requiere la sociedad mexicana es acceso pleno a servicios de salud de calidad, con un trato respetuoso hacia todas las personas, sin maltrato ni discriminación, Esto no podrá garantizarse sin un claro compromiso con las necesidades de una población desigual, plural y con múltiples diversidades. Por ello, es de esperar que la Comisión de Salud, que encabezará Morena, cuente con integrantes con el perfil profesional adecuado, que sepan de salud y perspectiva de género, que sean respetuosos de la diversidad y que, más allá de sus creencias personales, basen sus iniciativas y decisiones en estudios científicos y diagnósticos confiables. Las creencias personales de cada cual son respetables, pero no deben influir en determinaciones y acciones que afectan los derechos de los demás.

Como se ha demostrado esta semana, el respeto a la laicidad y al principio de igualdad, en la diversidad, no es sólo un precepto constitucional sino una exigencia de la sociedad. Los derechos humanos, el derecho a la salud, no pueden ponerse a merced de creencias religiosas, ni de caprichos personales.

 

* Lucía Melgar es integrante del Consejo Académico del @LNDiversidades.

 

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