¿Necesitamos una Constitución moral en México?

Una constitución moral con miras a reconocer la diversidad de sus habitantes necesita de un alto grado de participación, pero también es crucial recuperar todos los argumentos que se han esgrimido en torno a problemas y dilemas éticos desde el ámbito académico, que han repercutido en el ámbito legal, político e institucional.

Por: Fabiola Villela y Adriana Segovia

El 26 de noviembre en rueda de prensa, el ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer la convocatoria para realizar la Constitución Moral de la cual había venido hablando desde febrero de 2018 y, como en ese momento, las críticas no se han hecho esperar.

La idea de una Constitución moral es poco clara. El mismo López Obrador señaló que este título se eligió para provocar y promover el debate y que, de hecho, la propuesta de nombre también se someterá a consulta “para no imponer nada”. Pero más allá de cómo se llamará al documento, nos cuestionamos algunos aspectos de la propuesta.

¿De dónde surge? ¿Cuál es el objetivo de esta “Constitución”? ¿Elaborarla por medio de una consulta es la mejor opción o la forma adecuada? ¿Cuál es el alcance (y las posibles afectaciones)? ¿Es el momento adecuado para hacerla? Examinemos cada una de estas cuestiones:

¿De dónde surge?

Pues bien, está inspirada en la Cartilla moral realizada por Alfonso Reyes en 1944 a solicitud de Jaime Torres Bodet, quien fuera el Secretario de Educación durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho (también conocido como el “presidente caballero”, quien buscaba la “unidad nacional” en uno de los momentos históricos más álgidos a nivel mundial, pues hay que recordar que en ese año la II Guerra Mundial dividió al mundo y sus naciones). Cabe apuntar que faltarían 4 años para que se constituyera y adoptara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un 10 de diciembre de 1948 en París, Francia.

La Cartilla Moral estaba dirigida a profesores y se realizó para iniciar la “campaña alfabética”. El texto es uno particularmente claro y sencillo de leer. En él se busca delinear aspectos de moral o ética (para Reyes, a diferencia de muchos autores, no hay distinción entre ambos términos) que promuevan los denominados “respetos” que, a grosso modo, se pueden enlistar en 6 puntos: el respeto a la persona, a la familia, a la sociedad, a la patria, a la especie humana y a la naturaleza. Son estos últimos los que inspiran el proyecto de constitución moral de López Obrador pero, de acuerdo con Jesús Ramírez Cuevas en la nota de Animal Político, no se reducen a ellos pues estarán representados valores democráticos, laicos y republicanos, y “servirá para plantear las bases de la convivencia nacional, fortalecer la unidad de los mexicanos y reconocer la pluralidad de identidades”.

Consideramos que partir de la Cartilla de Alfonso Reyes tiene quizá la intención de validar esta propuesta con la altura histórica y filosófica de aquella; sin embargo, los principios básicos del documento de 1944 resultan anacrónicos respecto a una visión y objetivos para el siglo XXI. Los conceptos de “familia”, “patria”, “naturaleza”, por ejemplo, son excluyentes de la diversidad, y se han cuestionado desde visiones feministas, de los avances científicos y reflexiones bioéticas y de derechos. Resulta entonces difícil hacer compatibles el documento inspirador y la propuesta para una visión actual de una sociedad diversa.

¿Cuál es el objetivo de crear una Constitución moral?

La respuesta es poco clara. De acuerdo con Verónica Velasco, en la misma conferencia de prensa, ésta no será una constitución jurídica, ni un intento por normar la vida privada, ni un pretexto para construir un modelo autoritario de gobierno, pues no habrá institución garante de la misma. Lo que sí será esta constitución es “un catálogo de principios y valores morales que nos den un marco de referencia que nos orienten e inspiren a elevar la estima social nacional que tanto han mancillado los políticos corruptos del viejo régimen por su falta de decoro y honradez”. Parece entonces que es un intento de visibilizar, si no todas, la gran mayoría de las diversidades morales; sin embargo, no queda clara la pertinencia, alcance o forma de “aplicación” de un documento de este tipo, aun cuando concedamos una noble intención en tal “visibilización” y superación del desastre ético de la política.

¿La forma es la adecuada?

Esto es, ¿generar una convocatoria donde la ciudadanía pueda participar es el mejor mecanismo? Al respecto, dos puntos: primero, consideramos que es un acierto incluir a toda la sociedad. Es necesario involucrarnos, como individuos y sociedad en los procesos políticos que van a afectar nuestra vida; no obstante, merece la pena reflexionar sobre la ejecución (que quizá no el objetivo) de los dos últimos ejercicios de consulta que ha realizado el hasta hace poco gobierno electo, tanto el del aeropuerto de la CDMX como el del Tren maya, pues el mecanismo que siguieron tiene aún muchas fallas y esto pone en duda la legitimidad de los resultados. Lo que nos lleva al segundo punto: ¿es el momento adecuado para hacerlo?

Como ya señalamos, es un acierto involucrarnos en las decisiones y que la academia y los especialistas sean quienes provean de información para la formación de una ciudadanía activa y responsable y no solo los tomadores de decisiones; sin embargo, la participación ciudadana no se genera de la noche a la mañana, en una sociedad desacostumbrada a este tipo de ejercicios. Una constitución moral con miras a reconocer la diversidad de sus habitantes necesita de un alto grado de participación, donde los ciudadanos tengan la confianza de que no será un ejercicio vacío. Para ello, consideramos que lo primero sería fomentar la participación, el acceso a la información y mejorar los mecanismos de consulta ciudadana. Pero también consideramos que es crucial recuperar todos los argumentos que se han esgrimido en torno a problemas y dilemas éticos desde el ámbito académico que han repercutido en el ámbito legal, político e institucional. La participación ciudadana no se está inventando en este país, hay experiencias varias a nivel internacional de las cuales aprender, pero lo que queda por hacer en México es la práctica de estas consultas, hay un camino por recorrer que empieza, desde luego, con el primer paso. Sean bienvenidos estos ejercicios, pero considerar a la ciudadanía implica hacerlo con mucho más respeto a ésta y cuidado al procedimiento.

¿Cuál será el alcance (y las afectaciones) de esta Constitución?

Tampoco queda claro. Como ya se mencionó, no pretende ser una constitución con carácter judicial, sino un catálogo de prácticas. La idea es que todos estemos representados, que seamos nosotros, la ciudadanía informada, quienes participemos y podamos establecer cómo será la convivencia nacional. Por ello todos estamos invitados a participar, a proponer y promover este ejercicio democrático, con el objetivo de que todas las diversidades estén representadas en dicho documento.

Así, por ejemplo, los grupos provida podrán proponer que la vida sea protegida desde el mismo momento en que es concebida, mientras que los grupos proelección podrán abogar por el derecho de las mujeres a elegir la maternidad; de la misma forma se podrá defender no interferir en el proceso de muerte y los cuidados paliativos, mientras que otros podremos insistir en el derecho a una muerte digna y a la eutanasia, y así una larga lista en la que podrán estar representados valores que, en la vida cotidiana, chocan unos con otros.

Suena interesante, incluso podría parecer que en este ejercicio es posible que todos estemos en igualdad de circunstancias de expresar nuestros ideales y de estar representados; sin embargo, hay que preguntarse si esta “Constitución” lo que busca es representar únicamente la “pluralidad” del país o si busca el desarrollo de un pluralismo social capaz de sentar las bases de nuevas formas de relacionarnos, en lugar de prácticas que buscan mantener una hegemonía ideológica. Por ejemplo, pensar que “la mayoría de la sociedad mexicana es católica” y por tanto “la mayoría de los mexicanos” nos adscribimos a los valores católicos y por ello estamos en contra de tipificar las terapias de reorientación sexual, la legalización (despenalización) del aborto, legalización de mariguana y amapola, entre otras, y que no deben ser aprobadas por el gobierno por ir contra preceptos religiosos, es errónea. Interpretar así la idea de “mayoría” borra dos ideas: la diversidad y los derechos. En este caso, no es solo un problema del mecanismo de consulta, que puede estar técnicamente muy bien hecho. El problema principal es que los derechos alcanzados no pueden someterse a consultas u opiniones de la mayoría (visión dominante, hegemónica) pues quedarían desprotegidas las minorías (las visiones diversas).

Si lo que se busca con esta Constitución moral es un diálogo laico y plural, en el que todas las diversidades estén representadas y no solo estén enlistadas, y que sirvan no solo a los políticos y las prácticas a ellos asociadas sino que permitan y generen opciones para todos, entonces valdría la pena por lo menos intentarlo. Si el resultado otorga el mismo peso a las visiones excluyentes que a las incluyentes, el panorama se vuelve poco esperanzador para una sociedad que aspira al desarrollo de valores democráticos.

 

* Fabiola Villela, ENES Mérida. Adriana Segovia, Laboratorio Nacional Diversidades (@LNDiversidades).

 

@LNDiversidades

 

 

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