La violencia obstétrica de las cesáreas innecesarias

Las cesáreas innecesarias, sin pleno consentimiento de las mujeres, es una violación a los derechos humanos y se considera una forma de maltrato.

Por: Alicia Márquez Murrieta

La estandarización, homogeneización y biomedicalización del embarazo y del parto en México desde fines del siglo XIX es un fenómeno bien documentado. Se trata de procesos que a través de las décadas han ido limitando la imaginación pública acerca de la diversidad de vivencias que enfrentan las mujeres embarazadas y parturientas. Nuevas aproximaciones, algunas de ellas con miradas críticas, desde el género y los derechos humanos, han buscado ampliar la perspectiva y mostrar la infinidad de experiencias que se viven en estos procesos, incluso la violencia y discriminación que implica suponer que todos los cuerpos pasan por lo mismo, ignorando con ello la pluralidad.

Además de la diversidad de vivencias y de subjetividades a partir de ellas, las necesidades prácticas que cada mujer embarazada tiene al acercarse al parto y en el parto mismo, son diferentes. No tomarlas en cuenta, imponiendo una forma de actuar guiada por criterios externos a los deseos, derechos y necesidades reales de las mujeres puede convertirse en una práctica violenta. Recientemente se han especificado algunas de estas posibilidades y se les ha integrado en la denominación de “violencia obstétrica” que, como señala Paola Sesia, puede ser aprehendida como una “categoría epistémica”.[1]

La violencia obstétrica puede darse de manera física cuando “se realizan prácticas invasivas, se suministran medicamentos injustificadamente, se niega la atención, se maltrata físicamente o se realizan esterilizaciones forzadas. También puede expresarse psicológicamente por medio de maltratos, burlas, humillaciones, discriminación o comentarios alusivos a la sexualidad de las mujeres”.[2] Según diversos documentos oficiales nacionales e internacionales, investigaciones de la sociedad civil, leyes, constituciones[3] y normas oficiales, se trata de una violencia de género e institucional y tiene que ver con dificultades y obstáculos para el ejercicio de los derechos reproductivos que van desde la discriminación en el acceso y la negativa de los servicios de salud materna, hasta la atención deficiente en la prestación de los servicios debido a problemas estructurales en los sistemas de salud, como infraestructura insuficiente y falta de capacidad de las clínicas y hospitales públicos, federales y locales, para atender partos y urgencias obstétricas.[4]

Las cesáreas innecesarias, sin pleno consentimiento de las mujeres, entrarían dentro de las prácticas invasivas y son, cada vez más frecuentemente, nombradas como “violencias obstétricas”. La práctica de cesáreas innecesarias es una violación a los derechos humanos y cualquier intervención innecesaria durante la atención del parto se considera una forma de maltrato a las mujeres[5], lo que redimensiona su problematicidad y le otorga, me parece, otro tipo de visibilidad.

Aquí realizo una breve reflexión sobre las cesáreas que no son necesarias, así como su visibilización, en la reciente reflexión pública,. Es un fenómeno que cuenta con cifras mundiales, regionales, nacionales y locales, es decir, se elaboran estadísticas y se llevan a cabo investigaciones capaces de arrojar evidencias cada vez más precisas para dar cuenta de la magnitud del fenómeno, pero también para especificar aquello que podría ser considerado como una intervención no necesaria e invasiva.[6] Según la OMS, la cifra límite de cesáreas que responderían a una necesidad obstétrica oscila entre un 10% y un 15 %; según datos del mismo organismo internacional, en la región de América Latina y el Caribe, Argentina, Brasil, México y República Dominicana tenían en 2015 un porcentaje de cesáreas que iba del 31.5% hasta el 56%. Las cifras para nuestro país varían según la fuente, pero se puede afirmar que el porcentaje promedio es de 45% de cesáreas que quizá no eran necesarias.[7] La investigación ya citada de Claudia Carrera afirma que en 2015 en la Ciudad de México el 48.69% del total de los nacimientos fueron atendidos vía cesárea, cifra que colocó a la Ciudad de México como el séptimo estado con mayor porcentaje de cesáreas de todo el país. Y la autora se interroga en el documento acerca de su pertinencia.

Las modificaciones legales, las recomendaciones de organismos internacionales, las investigaciones de diversos actores muestran y con ello denuncian la normalización de prácticas violatorias de derechos humanos de las mujeres, entre ellas las prácticas de cesáreas, en casos donde no deberían haberse llevado a cabo. De esta forma, se hace visible también la medicalización y homogeneización a la que me referí al inicio del texto. Considero que con ello se abre camino en el debate público, quizá de manera tímida todavía, otra manera de aprehender un parto por cesárea que no debió serlo. Es decir, quizá el hacer evidente desde hace algunos años que la práctica tan elevada de la cesárea no es recomendable y ello acompañarlo con cifras y casos, además de su incorporación en un término como el de violencia obstétrica, pueda ir mostrando a los diferentes públicos que las cosas pueden ser de otra manera, que otras maneras de parir son posibles. Más importante aun, quizá acompaña a las mujeres, dándoles herramientas para ponerle nombre a una vivencia “molesta”, “incómoda” e insertarla en una narrativa que contribuya a darle sentido a su experiencia.

 

* Alicia Márquez Murrieta es Profesora-Investigadora del Instituto Mora y miembro del Consejo Académico del @LNDiversidades.

 

 

 

[1] Disponible aquí, acceso el 17 de enero de 2019.

[2] Carrera, Claudia, “La elección de una atención humanizada en tiempos de violencia durante el parto en la Ciudad de México” en el proyecto de Graciela Freyermuth Enciso (coord.), La Partería en México desde el Punto de Vista de las Usuarias, Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, A. C., Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología social, 2015. Disponible aquí, acceso el 17 de enero de 2019.

[3] En la Constitución de la Ciudad de México, en 2016 se incorporó la violencia obstétrica. “Las autoridades adoptarán medidas para prevenir, investigar, sancionar y reparar la esterilización involuntaria o cualquier otro tipo de método anticonceptivo forzado, así como la violencia obstétrica”.

[4] Notas del Informe de GIRE, 2015, retomadas en Márquez, Alicia. “El maltrato de las mujeres embarazadas en los servicios de salud: un fenómeno en proceso de categorización y estabilización”, A. Murguía y T. Ordorika, La medicina en expansión. Acercamientos a la medicalización en México, 2016, UNAM, pp. 117-141.

[5] Claudia Carrera, Op. cit.

[6] Por ejemplo, la OMS publicó en 2018 una guía con recomendaciones para reducir las cesáreas innecesarias, disponible aquí. Acceso el 17 de enero de 2019.

[7] “En los hospitales privados prácticamente ocho de cada diez bebés nacen por cesárea y solo dos por parto (79,1 fueron cesáreas en 2015). En las públicas, el índice de cesáreas es de 36,7 por ciento, según las cifras proporcionadas por la Secretaría de Salud a The New York Times en Español”, “Una epidemia de cesáreas innecesarias en México”, Jennifer Juárez, 28 de agosto, 2017. Disponible aquí, acceso el 17 de enero de 2019.

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