La transmigración que nos obliga a imaginarnos como país de acogida

Con las caravanas migrantes estamos presenciando una novedosa forma de estrategia migratoria que llegó para quedarse, entre las diversas estrategias para preservar la vida que los pueblos de la región ponen en marcha.

La transmigración que nos obliga a imaginarnos como país de acogida
Madre e hija en la unidad deportiva Benito Juárez en Tijuana, México (25 de noviembre de 2018). ©Bruno Gallardo

Por: Amarela Varela Huerta

En octubre de 2018 unas 200 personas se dieron cita en el parque central de San Pedro Sula, una de las muchas ciudades de Mesoamérica que se pelean el apellido de “la ciudad más violenta del mundo”. La convocatoria era concreta: iniciarían, sin polleros, sin dirigencias, ni ONGs de por medio, la que llamaron una “Caravana por la Vida”. Tenían mochilas, carriolas, botellas de agua, una que otra pista sobre los peligros que les esperaban, mapas con diferentes rutas pero que apuntaban todas a Estados Unidos.

En noviembre de ese mismo año, los 200 caravaneros pioneros se habían multiplicado por miles. Nunca sabremos cuántos, pues muchas familias completas se quedaron en el camino, por voluntad propia o porque fueron deportados a Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, por hostiles fuerzas policiales y agentes migratorios. A pesar de todas las violencias que se encarnaron en ese cuerpo colectivo que hoy llamamos Caravana migrante, las y los desplazados del terror y la miseria, consiguieron llegar caminando y luego en autobuses a la otra “ciudad más peligrosa de México”: Tijuana.

Desde principios de ese mes de noviembre y hasta hoy, [email protected] más de 7 mil [email protected] que sí consiguieron llegar han intentado por todos los medios finalizar su éxodo. Algunos apegándose a las alternativas (muy confusas, por cierto) del gobierno mexicano, como son programas de trabajo temporales, visas y figuras migratorias diversas, la “deportación voluntaria” a los lugares desde donde habían caminado, o dispersándose por la ciudad para emplearse en lo que se pueda, alquilar entre varias unidades familiares espacios habitables que los salven de los “albergues temporales”, buscándose pues la vida como todos los tijuanenses.[1]

Otros caravaneros de ese éxodo pionero de octubre de 2018 han conseguido “entregarse” a la policía fronteriza estadounidense, para ser encarcelados, niñ@s [email protected], en las temidas “hieleras”, cárceles para migrantes conocidas con ese sobrenombre por las bajas temperaturas en las que sucede la reclusión y que muchas organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado por tratos inhumanos, degradantes y letales, tal y como lo demuestran las más de 40 muertes que desde la administración de Barack Obama y la actual del presidente Donald Trump se han conseguido documentar, según el monitoreo de organizaciones como Human Rights Watch[2], siendo la de dos niños guatemaltecos, Jakelin Caal Maquín de 7 años y Felipe Gómez Alonso de 8 años, sucedidas en diciembre de 2018, las últimas de las que se tiene registro y difusión mediática. [3]

Edwin, migrante hondureño, con sus hijas de 2 y 7 años en la frontera que separa a México de los Estados Unidos, ubicados en el sector de playas de Tijuana. Foto: ©Bruno Gallardo

Desde ese octubre, las mujeres, los niños y las niñas, los bebés, los adolescentes, los hombres y hasta abuelos y abuelas, que se sumaron a las diferentes caravanas que desde aquella primera de San Pedro Sula fue convocada, han padecido hambre, frío, terror, violaciones a sus derechos humanos más fundamentales por parte de autoridades de todos los países que cruzaron, en los que se atoraron o donde permanecen encarcelados ahora mismo. Pero, sobre todo, los caravaneros y sus acciones han dejado al descubierto el racismo institucional y el racismo social que contra los migrantes pobres se cierne en todos los países de la región.

Racismo en forma de bromas en redes sociales, racismo en clave de apedreamientos a familias con niñ@s, racismo en clave de coberturas periodísticas de los migrantes como virtuales agentes patógenos que infectarán las sociedades con las que toman contacto. Racismo en clave de acuerdos diplomáticos poco claros, como el del actual canciller mexicano Marcelo Ebrard que todavía ahora, en los finales del mes de enero, no ha hecho públicos documentos concretos para que podamos entender en qué concretamente consiste el acuerdo diplomático que alcanzó con el gobierno norteamericano en el sentido de que México será quien albergue a los solicitantes de asilo y refugio en EEUU ,que hayan ingresado por las fronteras entre ambos países.

Racismo académico que insiste en buscar “líderes”, “motivos verdaderos” “intereses ocultos” en quienes “manipulan” a las familias migrantes para engancharlas en “aventuras” como la caravana.

O bien un racismo peligroso y novedoso, racismo en clave de silencio, de total indiferencia social al asesinato de menores migrantes, como el ocurrido fuera de uno de los albergues “temporales” instalados en Tijuana[4] o del poco mediatizado asesinato de migrantes en Veracruz en diciembre de 2018, donde una mujer fue baleada y tres personas más heridas de bala, entre quienes estaba un niño de 3 años[5], por actores no se sabe si del crimen organizado o de la policía estatal según reportes de prensa.

Pero, a pesar de todos estos racismos, o en contra de ellos, los migrantes o desplazados, los caravaneros o miembros de los diversos éxodos, han continuado atravesando el territorio mexicano, han continuado intentado entregarse a la “border patrol” o atravesar el muy mediatizado muro fronterizo por alcantarillas o túneles. Y lo que es más importante, a pesar de toda la violencia y el racismo con que las caravanas han sido “recibidas” por instituciones y poblaciones implicadas, los centroamericanos, familias completas, siguen organizando caravanas, trayectos, intentos de fuga.

Ese es el caso de las últimas tres caravanas de enero de este 2019, dos hondureñas y una salvadoreña, que han llegado a un México diferente. Confuso, pero esperanzador, pues en el territorio fronterizo que en octubre fungió como escenario de una crisis humanitaria mayúscula, el puente de Ciudad Hidalgo que divide a México de Guatemala, cuando vimos a cuerpos policíacos mexicanos gasear, encapsular y luego encarcelar en campos de detención improvisados por semanas a miles de familias migrantes, hoy, el gobierno mexicano los recibió con una infraestructura más en clave de protección civil y, lo más importante, otorgando de entrada visas (con nombres y temporalidades confusas para los propios agentes migratorios, las ONGs y por supuesto para los migrantes), pero reconocimiento al fin de su existencia jurídica como personas.

Desde la llegada de la primera de las caravanas de enero y a la fecha, la SEGOB ha reportado el otorgamiento de por lo menos 8 mil visas humanitarias, un millar de las cuales se les concedieron a menores de entre 0 y 17 años.[6]

Kathy Garcia, de 19 años, junto con su esposo Bairon Salinas, de 25, le dan comida a su hijo Keneth de 1 año, en el campamento Benito Juárez en Tijuana, México. Emigraron de Ceiba Atlántida, Honduras, y se trasladaron 4478 km a Tijuana para encontrar mejores condiciones en los Estados Unidos, porque no tenían trabajo en Honduras. Foto: ©Bruno Gallardo.

La cuestión entonces es cómo dar abasto a las necesidades que estos y muchos otros cientos de miles de desplazados le plantean como desafío al gobierno y al pueblo mexicano. Y es que si bien dichas visas despresurizan las posibilidades de violencias varias, y que como expertos de la migración celebramos sin duda pues percibimos como escuchadas las certezas de que la ilegalización de la migración genera más cruentas violencias contra los desplazados, hay una realidad que no cambió con el traspaso de poderes a la IV Transformación, sino que incluso se ha venido recrudeciendo: la política de tolerancia cero por parte de Estados Unidos.

No obstante, simultáneamente al endurecimiento, incluso la parálisis de las funciones de gobierno en EEUU, siendo la migración la principal moneda de cambio sobre la mesa, asistimos a la consolidación de las caravanas, éxodos de miles de personas que caminan juntas, a plena luz de día, sin la dirigencia coordinada de organismos civiles, partidos políticos o redes de traficantes, se consolida como lo que definitivamente estamos presenciando: una novedosa forma de estrategia migratoria que llegó para quedarse entre las diversas estrategias para preservar la vida que los pueblos de la región ponen en marcha.

Es decir, mientras Trump consigue o no la aprobación de los fondos y los criterios para reforzar su política de tolerancia cero, miles de centroamericanos y mexicanos seguirán intentando la fuga de la miseria y la violencia. Con visas humanitarias de meses o un año. Con solicitudes de condición de refugiados que pueden tardar meses o años en ser resueltas por el gobierno mexicano o estadounidense, atrapados en un limbo no solo jurídico sino vital que, como están demostrando las familias “atoradas” en el confín tijuanense, comenzarán a resolver con estrategias diversas de asentamiento.

Y ahí es donde hace sentido apelar a la imaginación política del gobierno y la sociedad mexicanas, hay que aceptar que las coordenadas cambiaron y México, además de país de tránsito, se consolida ya como en un territorio de instalación. Intuimos por lo tanto que urgen acciones, ideas, manifestaciones concretas de hospitalidad radical a la manera de la red de religiosos y laicos que llevan años acogiendo, pero también insertando socioculturalmente a los desplazados centroamericanos. Lo que urge desde nuestra perspectiva es imaginar, discutir, poner en práctica políticas de acogida, políticas de antirracismo, políticas de hospitalidad radical, políticas de interculturalidad, políticas de un país destino de migrantes.

 

* Amarela Varela Huerta es profesora/investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Correo electrónico: [email protected]

 

@LNDiversidades

 

 

[1] Véase aquí.

[2] Véase aquí.

[3] Véase aquí.

[4] Véase aquí.

[5] Véase aquí.

[6] Veáse aquí.

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